Incidentes peligrosos

Frontera Colombia-Venezuela

Desde hace unos meses se vienen presentando entre Colombia y Venezuela incidentes  que nunca logran ser aclarados verdaderamente por ninguno de los dos países. El caso más reciente es el de un helicóptero venezolano que habría sobrevolado en zona del Arauca en Colombia. Venezuela lo desmiente y lo atribuye a la mala propaganda que el Gobierno colombiano impulsa contra Chávez.

Erradicación y conflicto en Tarazá

Foto Ecoportal

“¿Sabe cuál es el único apoyo que tienen los campesinos? El del comprador de la base de coca. Ese es el único que viene por acá y trae plata”. Palabras de un representante comunitario del Norte de Antioquia.

Esta simple aseveración aclara más que un análisis completo sobre por qué ciertas comunidades rurales persisten en el cultivo de coca. Porque literalmente es lo único que les garantiza un ingreso seguro, rápido y en efectivo. Ninguno de los productos lícitos que se pudieran promocionar en esas regiones para sustituir los cultivos de coca le ofrece al campesino un ingreso similar.

La sustitución de cultivos es una estrategia que requiere de tiempo, años si es preciso, antes de comenzar a ver sus resultados, pues va asociada al desarrollo de una economía lícita que tiene que ver con una infraestructura adecuada para la salida de los productos y con la existencia de un mercado para los mismos. Y esto no es algo que se genera de un mes a otro. Mientras no se le creen esas condiciones al campesino, mientras no se le pague por su producto una vez cosechado, así como ahora le pagan por la coca, el cultivador va a seguir necesitando de la coca.

Lo que está pasando en Tarazá y en otros municipios del norte de Antioquia, es un buen ejemplo del fracaso de cualquier arreglo entre el gobierno y las comunidades que parta de la idea de que el campesino puede erradicar todos sus cultivos de una vez. Un buen ejemplo de que al no cumplirse la erradicación ‘voluntaria’ entonces el gobierno le aplica la erradicación forzosa con glifosato que acaba con lo lícito y lo ilícito y sume la región en la miseria y el conflicto. Cuando esto pasa, como está pasando en el norte de Antioquia y en otras partes de país, las posibilidades de diálogo retroceden porque el campesino se siente traicionado por el gobierno que había prometido no fumigar, y el gobierno acusa al campesino de incumplimiento lo que le da argumentos para tomar medidas de fuerza. Y todos pierden.

Amira Armenta

Qué tienen que ver los éxitos militares con la paz

Uno de los argumentos más fuertes que se esgrimieron contra el Plan Colombia en sus inicios en 2000 fue el del extremo desbalance entre los fondos destinados a la ayuda militar y los destinados al desarrollo social y económico. A lo largo de todos estos años de Plan Colombia, se han evidenciado las consecuencias de este desbalance. Mientras la guerra se intensificó y se extendió a otras regiones, no se podría decir lo mismo de las condiciones de vida de la población de esas mismas regiones, las cuales, por el contrario, se fueron degradando.

El Plan Colombia no ha dado tampoco los frutos esperados en materia de narco cultivos y en general de la narco actividad, que era el principal objetivo, no hay que olvidarlo, de esa enorme estrategia. Sin embargo, dado que en el último año en particular, el gobierno colombiano ha logrado redondear importantes éxitos sobre la guerrilla de las FARC, el tema de los narcóticos ha quedado neutralizado en el éxito militar, con el presupuesto de que si se golpea a la guerrilla se golpea también el narcotráfico. Un argumento poco sólido cuando todo el mundo sabe que si la guerrilla desaparece de alguna región cocalera al día siguiente hay otro grupo usufructuando el negocio en su lugar. El fin de la guerrilla no es el fin de los narcóticos.

Pero el arrinconamiento en el que las fuerzas militares colombianas han puesto a las FARC dejan la impresión –entre la opinión pública internacional y la opinión pública urbana de Colombia- de que el campo colombiano se encuentra a punto de lograr una paz esquiva desde hace más de cuatro décadas. Y no hay nada más lejos de la verdad. Para que haya paz en el agro colombiano se va a necesitar mucho más que una victoria militar sobre la guerrilla o que un (bienvenido) acuerdo de paz con la dirigencia de las FARC. Lo hemos dicho en éste y en otros foros reiteradas veces: mientras no se ponga en marcha un proceso de reforma que garantice la justicia social y económica de las comunidades campesinas, una justa redistribución de la tierra, la implementación de programas de desarrollo alternativo sostenibles en condiciones de garantizar un paulatino abandono de los cultivos ilícitos, las regiones seguirán sumidas en el conflicto.

Mientras todo el mundo conoce las noticias de alto perfil relacionadas con el conflicto colombiano -como el ‘rescate’ o ‘liberación’ de los secuestrados más famosos, hecho que se interpreta como un éxito de la política de seguridad democrática del presidente Uribe, es decir, un éxito del Plan Colombia- casi nadie se entera de hechos graves, pero de bajo perfil, que suceden a diario en los campos colombianos y que también podrían interpretarse como un desmentido a los éxitos de esas políticas.

Son numerosas las comunidades rurales que sufren la violencia que genera el contexto de injusticia social y económica en el que viven. Entre éstas, las comunidades más golpeadas tradicionalmente son las de los pueblos indígenas que habitan el territorio colombiano. Bajo el gobierno de Uribe, la situación de muchas de estas comunidades, que con las garantías que les daba la Constitución colombiana de 1991 habían obtenido importantes logros, se ha deteriorado visiblemente. El abuso cotidiano a los derechos humanos y civiles de estas comunidades resalta especialmente en estos días de euforia en que Colombia celebra el final feliz de una misión. Pero para los indígenas Nasa del Norte del Cauca, por ejemplo, las historias suelen terminar menos alegremente. La Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca – ACIN viene pidiendo desde hace tiempo, de manera pacífica, que se respeten sus derechos a la vida y al territorio. A estos pedidos el gobierno ha respondido con golpes, amenazas, señalamientos, e incluso asesinatos.

La masiva ayuda militar que da el gobierno estadounidense a Colombia no ha servido para construir la paz. [Aprovecho para recomendar el excelente sitio web Just the Facts mantenido por las organizaciones estadounidenses WOLA, CIP y LAWG, que ofrece todos los detalles de la asistencia en seguridad y defensa que ofrece EEUU a los países latinoamericanos. Como se puede apreciar, Colombia ocupa un lugar preponderante). Ocho años después del inicio del Plan Colombia, el éxito de la misión del pasado 2 de julio puede tomarse como una señal del avance militar del gobierno colombiano. Pero no necesariamente como un avance de la paz.

Amira Armenta

Los ‘éxitos’ de la guerra

En el tema de la solución al conflicto colombiano se expresan básicamente tres tendencias. La que piensa que lo que se necesita es más guerra; la que por el contrario piensa que el problema es la guerra y lo que urge es más desarrollo, y la que propone una combinación de ambas cosas. En este artículo intento hacer una reflexión sobre la primera.

A pesar de las numerosas críticas que se hacen desde la comunidad internacional al gobierno del presidente Uribe debido a los frecuentes escándalos que han acompañado su administración, hay un punto que no pocos (pues no solamente el gobierno estadounidense) insisten en reconocerle a favor: el éxito del enfoque militarista de la ‘seguridad democrática’.