Fumigación e insurgencia

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Antes que una estrategia antinarcóticos, las fumigaciones fungen en Colombia como una estrategia contrainsurgente. No se fumiga tanto la coca por el hecho de ser la materia prima de la cocaína sino por el hecho de que las guerillas están detrás de los cultivos.

El Gobierno colombiano utiliza las fumigaciones como un arma para acabar con las FARC sin tener en cuenta que el uso de esta arma genera una catástrofe ambiental, además de crisis sociales, económicas y humanitarias en las regiones en donde se aplica. ¿Está permitido aplicar la fumigación como arma de guerra? ¿No violan las fumigaciones para la guerra los principios básicos del Derecho Internacional Humanitario por su impacto sobre el ambiente y sobre los humanos?

Además, en Colombia existen sobradas evidencias de que mientras las fumigaciones no están acabando con las FARC, están acabando en cambio con las comunidades rurales y los ecosistemas en donde éstas habitan.

Nos hemos acostumbrado de tal modo a las fumigaciones en Colombia que ya casi pasan desapercibidas. Es decir, desapercibidas para los que no las padecemos en carne propia. Los medios de comunicación, las instituciones académicas  y muchas otras instancias que durante años se han opuesto sonoramente a las fumigaciones, con el tiempo se han ido acallando. Cualquiera diría que ya no se fumiga glifosato en Colombia. O que ya casi no se fumiga. Cuando la realidad es que no se ha dejado de fumigar en casi treinta años.

Reproduzco aquí un párrafo sobre la acción de las fumigaciones extraído de la “Declaración de Buenaventura” publicada por el Colectivo de Trabajo Jenzera el pasado mes de abril:

“Las fumigaciones que afectan por igual cultivos de coca y cultivos de ‘pancoger’ no logran controlar la producción de pasta de coca, pero sí contaminan suelos y aguas, y liquidan la base genética de los cultivos y la biodiversidad. Peor aún, violan los derechos al alimento, a la salud y al medio ambiente sano. Conocemos los males que traen estos cultivos de coca. No solo perjudican al ambiente, sino que se implantan con violencia, para inducir a la población nativa a sembrar coca. Los asesinatos y los desplazamientos que se producen por la producción, síntesis y tráfico de ilícitos son un desastre para nuestras comunidades y nuestros procesos organizativos. […] Pero el control de los cultivos de uso ilícito por medio de las fumigaciones, las sindicaciones de los pobladores de ser auxiliadores de tal o cual grupo armado que se beneficia del cultivo de coca, las amenazas, las intimidaciones a la comunidad, […] causan igualmente daños graves a nuestras comunidades. En la mayoría de los casos resulta siendo más caro el remedio que la enfermedad”.

Este documento es una denuncia de los pueblos indígenas y afrocolombianos del Pacífico que se declaran en emergencia por el ecocido que se viene cometiendo en sus territorios por la manera irresponsable como se practican las diversas actividades económicas, dentro de las cuales la producción de coca y su posterior fumigación son sólo una más.

El Pacífico caucano ha sido una de las zonas más golpeadas del país por las fumigaciones en los últimos años. Como se sabe, las aspersiones suelen ser indiscriminadas, afectan los cultivos de alimentación e inducen al desplazamiento de población. La Consejería para los Derechos Humanos y el Desplazamiento CODHES ha reportado con frecuencia, entre muchos otros, el caso del municipio de Guapi (en el departamento del Cauca) en donde las fumigaciones han generado un problema de desabastecimiento y hambre que ha conllevado a desplazamientos masivos porque el municipio no está en capacidad de atender las necesidades de la gente.

Con la larga experiencia que tienen las autoridades colombianas con las secuelas de las fumigaciones, como el desplazamiento, es incomprensible que las fumigaciones no vayan acompañadas al menos de programas de ayuda de parte de las autoridades departamentales y nacionales para aliviar los impactos. La población queda completamente abandonada a su suerte. Año tras año las comunidades negras del Pacífico caucano vienen protestando y denunciando los daños que les causan las fumigaciones sin ningún resultado. Véase como ejemplo estos comunicados de denuncia: en 2010; en 2009; en 2008; y esta crónica de la ambientalista Tatiana Roa durante un viaje por la región en 2007. ¿Cuánto más podrá soportar la gente y podrá soportar la naturaleza una agresión de estas proporciones?

El Gobierno tiene todo su derecho a combatir a las FARC, pero no con cualquier arma. Las fumigaciones son un crimen que se viene cometiendo impunemente en el país desde hace décadas.
Amira Armenta

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¿Disminuye la coca?

Ejército Nacional - Erradicación manual forzada

Ejército Nacional - Erradicación manual forzada

El gobierno estadounidense publicó el viernes pasado sus estadísticas sobre cultivos ilícitos en Colombia para el año 2008. Según el monitoreo, la coca disminuyó en el país, pasando de 167 mil hectáreas en 2007 a 119 mil en 2008. Una vez más se observa que estos resultados no coinciden con los que presenta la ONU, entidad que reportó para 2008 una superficie de 81 mil hectáreas.

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Ecuador y Colombia – La disputa por las fumigaciones podría ofrecer una oportunidad para buscar el restablecimiento de las relaciones entre los dos países

Frontera colombo-ecuatorianaA finales del pasado mes de abril Ecuador presentó una Memoria ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya dentro de la demanda a Colombia por las fumigaciones con glifosato en la frontera. Los Estados recurren a la CIJ cuando quieren resolver de manera pacífica alguna controversia contemplada dentro del Derecho Internacional. Ecuador piensa que las fumigaciones afectan los intereses de su población fronteriza y lo único que exige es que Colombia se abstenga de seguir realizándolas en la zona.

¿Por qué un asunto que parecería tan fácil de resolver ha terminado enredándose hasta el extremo de tener que recurrir a una corte internacional? Sigue leyendo

Cuál es la eficacia de la erradicación de los cultivos de coca

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Como siempre que se habla de cifras relacionadas con la coca, la noticia ha salido en los grandes medios de prensa: en 2008 se ha alcanzado un nuevo récord en erradicación de cultivos ilícitos en el marco de la guerra a las drogas. Según la policía antinarcóticos colombiana, este año se erradicaron en el país 224.478 hectáreas. De éstas, 95.323 hectáreas fueron destruidas manualmente, y el resto (129.155) fue fumigado con Roundup, el tóxico que contiene el herbicida glifosato y que se viene asperjando desde hace años sobre estos cultivos.

Dado que las autoridades antinarcóticos se habían fijado al principio de este año el objetivo de erradicar 230.000 hectáreas, esta masiva erradicación ha sido considerada como un éxito. (Bueno, faltan unas cinco mil y pico de hectáreas para que cuadren las cifras, pero me imagino que no será difícil acabar con éstas en los pocos días que quedan del año). Ante el objetivo cumplido, ¿quién podría cuestionar el éxito de la policía?

Ya nos hemos referido antes en esta página a la naturaleza de estos ‘éxitos’ antinarcóticos, que tienen algo de victoria pírrica en las que se gana perdiendo. Pierde la naturaleza de uno de los países más megadiversos del planeta, pierden los campesinos, cultivadores de coca o no, pierde el Estado colombiano la posibilidad de ganarse a los campesinos, y más paradójico aún, el país pierde en el avance de sus objetivos antinarcóticos.

Esto último no es una especulación, es una afirmación extraída de la observación de los resultados de la estrategia de la erradicación forzada en los últimos años. Una buena indicación de que hay algo insano en todo esto la ofrecen las mismas estadísticas. Cómo se explica que aunque a finales de 2007 hubiera oficialmente en Colombia 99.000 hectáreas sembradas, sin embargo durante 2008 la policía hubiera tenido que fumigar más del doble de esa cantidad. Se explica por la resiembra, claro. Una resiembra que se produce aceleradamente y que genera enormes consecuencias ambientales debido a que habrá comportado expansión y desplazamiento de los cultivos.

Como lo muestra esta tabla, la erradicación por aspersión aérea se ha venido incrementando desde 1999, con excepción de 2007, año en que se fumigó un poco menos que en 2006.

Año

Errad. aérea

Errad. manual

1999

43.112

2000

58.073

2001

94.152

2002

130.364

2003

132.814

2004

136.552

2005

138.772

2006

172.026

43.051

2007

153.135

66.805

2008

224.478

95.323

Una de las razones para que se fumigara menos en 2007 tuvo que ver con una decisión de disminuir la erradicación aérea para aumentar la erradicación manual. (Véase los últimos tres años en la tabla) Recién terminaba la primera fase del Plan Colombia y se redujeron los fondos destinados a fumigaciones. En el siguiente gráfico del último informe de la ONUDD sobre cultivos de coca en los Andes, no aparece 2008, pero sabemos que las curvas de las dos erradicaciones, manual y aérea, son ascendentes.

Fuente ONUDD - Comparación errad. aérea y manual

Fuente ONUDD - Comparación errad. aérea y manual

No resulta muy sensato que el gobierno continúe fumigando y practicando la erradicación manual forzada sabiendo que paralelamente se produce una resiembra.Lo sabe no solamente por la experiencia de los últimos años, lo sabe también porque sus programas de sustitución de cultivos (con poquísimas excepciones) no tienen ni el carácter ni el alcance suficiente para representar una verdadera sustitución, porque con mucha frecuencia el llamado ‘desarrollo alternativo’ no está concebido para prestar un servicio de ayuda en primera instancia a las comunidades necesitadas. Porque sabe que las regiones siguen abandonadas a su suerte, presa fácil de grupos armados y narcotraficantes. En este contexto –y mientras haya demanda para la cocaína- se seguirá repitiendo un esquema de erradicación y resiembra

Los programas de erradicación forzada son así el perfecto ejemplo para entender una acción que es eficiente en sí misma pero no es eficaz para los objetivos finales que se propone. En breve, ésta es la clase de ‘éxitos’ que más valdría no obtener.

Amira Armenta

¿La responsabilidad de quién?

Photograph PR The Guardian

Comentario a propósito de la exposición fotográfica “Shared Responsibility” que está promocionando la Vicepresidencia de Colombia en Europa para llamar la atención en ese continente sobre el perjuicio que causa la producción de drogas en el medio ambiente.

 La Vicepresidencia de la República está promocionando una campaña antidrogas en Europa titulada “Shared Responsibility” (Responsabilidad compartida). La idea es que, por medio de fotografías que muestran el desastroso impacto de la producción de coca sobre el medio ambiente, los europeos se sientan también un poquito responsables y lo piensen dos veces la próxima vez que se les ocurra comprar unas rayas de cocaína. Entre otras cosas, porque esa raya de cocaína de apariencia tan inocente, habría sido producida a costa de la pérdida de un par de hectáreas de bosques colombianos.

Aunque nadie pondría en duda las buenas intenciones de la Vicepresidencia de la República, el mensaje final de esta campaña de ‘concientización’ de los europeos –la muestra viajará por diferentes ciudades de Europa a lo largo del año- es bastante más problemático de lo que a primera vista parece. La campaña termina en realidad culpabilizando de la tragedia ambiental, -lo que llama un ‘ecocidio’- al eslabón más débil de la cadena de las drogas, el campesino productor, mientras ignora completamente la complejidad del tema y las consecuencias nefastas (entre las cuales este ‘ecocidio’) que han derivado directa o indirectamente de las absurdas políticas de drogas que se aplican en Colombia. Sigue leyendo