Erradicación e insurgencia

En un análisis reciente sobre la ‘narcobeligerancia’ de Vanda Felbab-Brown publicado por el Real Instituto Elcano, la investigadora llega a la conclusión de que independientemente de la intensidad de su convencimiento ideológico, grupos como las FARC y los talibanes sacan no sólo un provecho financiero del narcotráfico sino también un provecho político. Además, en contextos en donde hay presencia de grupos ideológicos armados, como en Colombia y Afganistán, la erradicación forzada de cultivos de coca y adormidera para opio contribuye a aumentar el capital político de dichos grupos. En consecuencia, la política de atacar los cultivos para quitarle su fuente de financiación a la insurgencia es solamente contraproducente.

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No más erradicación a la fuerza

Campo de opio en la provincia de Helmand, Afganistán

Campo de opio en la provincia de Helmand, Afganistán

La erradicación a la fuerza no funciona. Es lo que en pocas palabras se desprende de los dos últimos informes recién publicados por el TNI y WOLA, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos.

En el primer informe, Drogas, seguridad y cooperación, Ricardo Vargas señala cómo en Colombia, la presencia amenazante de los grupos móviles de erradicación manual genera la desconfianza entre las comunidades. En la mayoría de los casos, éstas se ven forzadas a aceptar la acción erradicadora porque saben que esto les representa en su momento algunos subsidios. Pero como por lo general esta ayuda no es sostenible, porque, con muy raras excepciones, el Estado no construye alternativas viables que tengan en cuenta las particularidades de cada región, al cabo de un cierto tiempo el cultivador se ve obligado a recurrir de nuevo al cultivo ilegal.

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Las FARC atacan a diestra y siniestra

Que Pedro Arenas, el alcalde de San José del Guaviare, haya sido atacado por las FARC por “no hablar contra las fumigaciones” es una paradoja que desacredita aún más la poca coherencia que algunos todavía pensaban que le quedaba a ese grupo guerrillero. Si alguien se ha pronunciado contra las fumigaciones y en general contra las erradicaciones forzadas en Colombia es justamente Pedro Arenas, quien como alcalde de San José del Guaviare ha vivido de cerca todos los problemas asociados a los cultivos de coca y por eso no le faltan argumentos para hablar tanto de la actividad cocalera como de las políticas que se aplican para contenerlo.

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Cuál es la eficacia de la erradicación de los cultivos de coca

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Como siempre que se habla de cifras relacionadas con la coca, la noticia ha salido en los grandes medios de prensa: en 2008 se ha alcanzado un nuevo récord en erradicación de cultivos ilícitos en el marco de la guerra a las drogas. Según la policía antinarcóticos colombiana, este año se erradicaron en el país 224.478 hectáreas. De éstas, 95.323 hectáreas fueron destruidas manualmente, y el resto (129.155) fue fumigado con Roundup, el tóxico que contiene el herbicida glifosato y que se viene asperjando desde hace años sobre estos cultivos.

Dado que las autoridades antinarcóticos se habían fijado al principio de este año el objetivo de erradicar 230.000 hectáreas, esta masiva erradicación ha sido considerada como un éxito. (Bueno, faltan unas cinco mil y pico de hectáreas para que cuadren las cifras, pero me imagino que no será difícil acabar con éstas en los pocos días que quedan del año). Ante el objetivo cumplido, ¿quién podría cuestionar el éxito de la policía?

Ya nos hemos referido antes en esta página a la naturaleza de estos ‘éxitos’ antinarcóticos, que tienen algo de victoria pírrica en las que se gana perdiendo. Pierde la naturaleza de uno de los países más megadiversos del planeta, pierden los campesinos, cultivadores de coca o no, pierde el Estado colombiano la posibilidad de ganarse a los campesinos, y más paradójico aún, el país pierde en el avance de sus objetivos antinarcóticos.

Esto último no es una especulación, es una afirmación extraída de la observación de los resultados de la estrategia de la erradicación forzada en los últimos años. Una buena indicación de que hay algo insano en todo esto la ofrecen las mismas estadísticas. Cómo se explica que aunque a finales de 2007 hubiera oficialmente en Colombia 99.000 hectáreas sembradas, sin embargo durante 2008 la policía hubiera tenido que fumigar más del doble de esa cantidad. Se explica por la resiembra, claro. Una resiembra que se produce aceleradamente y que genera enormes consecuencias ambientales debido a que habrá comportado expansión y desplazamiento de los cultivos.

Como lo muestra esta tabla, la erradicación por aspersión aérea se ha venido incrementando desde 1999, con excepción de 2007, año en que se fumigó un poco menos que en 2006.

Año

Errad. aérea

Errad. manual

1999

43.112

2000

58.073

2001

94.152

2002

130.364

2003

132.814

2004

136.552

2005

138.772

2006

172.026

43.051

2007

153.135

66.805

2008

224.478

95.323

Una de las razones para que se fumigara menos en 2007 tuvo que ver con una decisión de disminuir la erradicación aérea para aumentar la erradicación manual. (Véase los últimos tres años en la tabla) Recién terminaba la primera fase del Plan Colombia y se redujeron los fondos destinados a fumigaciones. En el siguiente gráfico del último informe de la ONUDD sobre cultivos de coca en los Andes, no aparece 2008, pero sabemos que las curvas de las dos erradicaciones, manual y aérea, son ascendentes.

Fuente ONUDD - Comparación errad. aérea y manual

Fuente ONUDD - Comparación errad. aérea y manual

No resulta muy sensato que el gobierno continúe fumigando y practicando la erradicación manual forzada sabiendo que paralelamente se produce una resiembra.Lo sabe no solamente por la experiencia de los últimos años, lo sabe también porque sus programas de sustitución de cultivos (con poquísimas excepciones) no tienen ni el carácter ni el alcance suficiente para representar una verdadera sustitución, porque con mucha frecuencia el llamado ‘desarrollo alternativo’ no está concebido para prestar un servicio de ayuda en primera instancia a las comunidades necesitadas. Porque sabe que las regiones siguen abandonadas a su suerte, presa fácil de grupos armados y narcotraficantes. En este contexto –y mientras haya demanda para la cocaína- se seguirá repitiendo un esquema de erradicación y resiembra

Los programas de erradicación forzada son así el perfecto ejemplo para entender una acción que es eficiente en sí misma pero no es eficaz para los objetivos finales que se propone. En breve, ésta es la clase de ‘éxitos’ que más valdría no obtener.

Amira Armenta

Erradicación y conflicto en Colombia

Foto EFEMientras el campesino cocalero sea tratado como un delincuente seguirá bloqueado el camino hacia la paz en el campo colombiano

 

Aunque cada vez se erradica más coca la producción se mantiene. Según el último informe anual de la Junta Internacional para la Fiscalización de Estupefacientes JIFE, cada vez se erradica más coca en Suramérica, no obstante lo cual la superficie total sembrada de arbustos de coca se mantiene estable en la región, así como también se mantiene estable la producción total de cocaína en toneladas métricas. En el caso específico de Colombia, en 2006 se erradicó un 23% más que en 2005. En 2007 se erradicó más que en 2006[1]. En 2008 se planea erradicar más que en 2007. De no producirse algún tipo de cambio en esta política, probablemente en 2009 se erradicará más que en 2008. Y así sucesivamente.

Se ha dicho ya innumerables veces: mientras los programas de erradicación de cultivos ilícitos no se realicen de manera gradual y en un marco de concertación con las comunidades campesinas involucradas, estarán condenados al fracaso, como lo demuestran las varias décadas de erradicación forzada practicada en Colombia y los países andinos.  Sigue leyendo

La política de Seguridad Democrática, cultivos ilícitos y los derechos básicos de las comunidades productoras en Colombia

En el marco de un Seminario internacional sobre la economía de las drogas ilícitas organizado por el TNI, el Colectivo Maloka y el Centro de Investigación de Relaciones Internacionales y Desarrollo (CIDOB), el pasado mes de noviembre en Barcelona, Ricardo Vargas presentó una ponencia sobre la política de Seguridad Democrática del actual gobierno colombiano y su relación con los programas de erradicación forzada de cultivos ilícitos.

A pesar de que la disponibilidad de las drogas en el mercado estadounidense se mantiene, las autoridades antinarcóticos no han modificado la política antidrogas, la cual después del 11 de septiembre terminaría consolidándose como un combate doble contra las drogas y el terrorismo, partiendo de que, “el terrorismo y el narcotráfico constituyen una misma empresa criminal”. En el caso de Colombia, país con un conflicto interno que amenaza convertirse en una confrontación de alcance regional (Andes y Amazonas), las recomendaciones de EEUU en asuntos de seguridad son decisivas para la evolución de la coyuntura colombiana. Sigue leyendo