Informes inconvenientes

Foto El Espectador

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Cada vez que una entidad no gubernamental – ya sea nacional o internacional – produce un  informe sobre Colombia que destaca aspectos relacionados con el conflicto y la violencia en el país, las autoridades colombianas reaccionan escandalizadas y con una actitud de rechazo.

Cada vez que, por ejemplo, Aministía Internacional o Human Rights Watch publican su informe sobre los derechos humanos en Colombia, o que CODHES saca a la luz las nuevas  cifras del desplazamiento, o que la Fundación Nuevo Arco Iris presenta un nuevo estudio sobre los paramilitares, etc, el Gobierno reacciona ofendido, negando de plano los datos ofrecidos por dichas entidades. En 2008, el Gobierno negó incluso las cifras de cultivos de coca reportadas para el año anterior en el informe de Naciones Unidas. Como en 2009 las cifras de la ONU fueron más favorables, entonces no las negaron.

Es decir, cuando los informes no resultan convenientes, ¿quiere decir que se equivocan? Es lo que ha vuelto a suceder esta semana luego de la publicación del último informe para Colombia del Comité Internacional de la Cruz Roja CICR. El tema central del documento  es que las víctimas en Colombia son ‘invisibles’. Hay 3,3 millones de desplazados y otro gran número de víctimas de la violencia del conflicto de los que nadie habla. No aparecen en las cifras de los ‘buenos resultados’ de la política estatal de seguridad. Una población que sufre toda forma de atropellos, que huye del fuego cruzado entre los diferentes grupos armados pero que no ocupa más de dos o tres líneas de vez en cuando en las noticias de la gran prensa urbana.

El informe del CICR destaca además un punto particularmente sensible para la administración del Presidente Uribe: después de los fuertes golpes sufridos en 2008, las FARC se han ido recuperando. ¿Qué sentido tiene negar esta verdad ‘inconveniente’ de que las FARC, guste o no, siguen siendo un actor importante en el panorama del conflicto colombiano?

Otro tema que no se le puede tocar al Gobierno es el de la famosa desmovilización de los paramilitares. También a esto se refiere el informe del CICR. La desmovilización ha dado paso a una removilización, y hoy son numerosas las regiones en donde prosperan los nuevos paramilitares, más conocidos como Bandas Criminales (Bacrim). El problema no se solucionó con la entrega de Mancuso, Jorge 40 y otros jefes y sus hombres. La acción de estos nuevos paramilitares contribuye innegablemente en el estado de violencia y conflicto en el que están sumidas las regiones en donde operan. Dado el tipo de labor que practica el CICR, la entidad está sin duda en condiciones de atestiguar sobre esto.

El Gobierno de Uribe siempre se ha sentido atacado por el contenido de estos informes a pesar de que sabe que éstos no suelen basarse precisamente en especulaciones y conjeturas sino en los meros hechos. En vez de rechazarlos, lo sensato sería acogerlos y aprender de ellos.

Ahora que Colombia se dispone a elegir un nuevo jefe de Gobierno, esperemos que la próxima administración sea capaz de valorar estos estudios y análisis que se basan en la observación de la realidad colombiana y tenerlos en cuenta en la elaboración de sus políticas de seguridad, económicas y de bienestar de la población.

Amira Armenta

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