Informes inconvenientes

Foto El Espectador

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Cada vez que una entidad no gubernamental – ya sea nacional o internacional – produce un  informe sobre Colombia que destaca aspectos relacionados con el conflicto y la violencia en el país, las autoridades colombianas reaccionan escandalizadas y con una actitud de rechazo.

Cada vez que, por ejemplo, Aministía Internacional o Human Rights Watch publican su informe sobre los derechos humanos en Colombia, o que CODHES saca a la luz las nuevas  cifras del desplazamiento, o que la Fundación Nuevo Arco Iris presenta un nuevo estudio sobre los paramilitares, etc, el Gobierno reacciona ofendido, negando de plano los datos ofrecidos por dichas entidades. En 2008, el Gobierno negó incluso las cifras de cultivos de coca reportadas para el año anterior en el informe de Naciones Unidas. Como en 2009 las cifras de la ONU fueron más favorables, entonces no las negaron.

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Qué tienen que ver los éxitos militares con la paz

Photo CIP

Uno de los argumentos más fuertes que se esgrimieron contra el Plan Colombia en sus inicios en 2000 fue el del extremo desbalance entre los fondos destinados a la ayuda militar y los destinados al desarrollo social y económico. A lo largo de todos estos años de Plan Colombia, se han evidenciado las consecuencias de este desbalance. Mientras la guerra se intensificó y se extendió a otras regiones, no se podría decir lo mismo de las condiciones de vida de la población de esas mismas regiones, las cuales, por el contrario, se fueron degradando.

El Plan Colombia no ha dado tampoco los frutos esperados en materia de narco cultivos y en general de la narco actividad, que era el principal objetivo, no hay que olvidarlo, de esa enorme estrategia. Sin embargo, dado que en el último año en particular, el gobierno colombiano ha logrado redondear importantes éxitos sobre la guerrilla de las FARC, el tema de los narcóticos ha quedado neutralizado en el éxito militar, con el presupuesto de que si se golpea a la guerrilla se golpea también el narcotráfico. Un argumento poco sólido cuando todo el mundo sabe que si la guerrilla desaparece de alguna región cocalera al día siguiente hay otro grupo usufructuando el negocio en su lugar. El fin de la guerrilla no es el fin de los narcóticos.

Pero el arrinconamiento en el que las fuerzas militares colombianas han puesto a las FARC dejan la impresión –entre la opinión pública internacional y la opinión pública urbana de Colombia- de que el campo colombiano se encuentra a punto de lograr una paz esquiva desde hace más de cuatro décadas. Y no hay nada más lejos de la verdad. Para que haya paz en el agro colombiano se va a necesitar mucho más que una victoria militar sobre la guerrilla o que un (bienvenido) acuerdo de paz con la dirigencia de las FARC. Lo hemos dicho en éste y en otros foros reiteradas veces: mientras no se ponga en marcha un proceso de reforma que garantice la justicia social y económica de las comunidades campesinas, una justa redistribución de la tierra, la implementación de programas de desarrollo alternativo sostenibles en condiciones de garantizar un paulatino abandono de los cultivos ilícitos, las regiones seguirán sumidas en el conflicto.

Mientras todo el mundo conoce las noticias de alto perfil relacionadas con el conflicto colombiano -como el ‘rescate’ o ‘liberación’ de los secuestrados más famosos, hecho que se interpreta como un éxito de la política de seguridad democrática del presidente Uribe, es decir, un éxito del Plan Colombia- casi nadie se entera de hechos graves, pero de bajo perfil, que suceden a diario en los campos colombianos y que también podrían interpretarse como un desmentido a los éxitos de esas políticas.

Son numerosas las comunidades rurales que sufren la violencia que genera el contexto de injusticia social y económica en el que viven. Entre éstas, las comunidades más golpeadas tradicionalmente son las de los pueblos indígenas que habitan el territorio colombiano. Bajo el gobierno de Uribe, la situación de muchas de estas comunidades, que con las garantías que les daba la Constitución colombiana de 1991 habían obtenido importantes logros, se ha deteriorado visiblemente. El abuso cotidiano a los derechos humanos y civiles de estas comunidades resalta especialmente en estos días de euforia en que Colombia celebra el final feliz de una misión. Pero para los indígenas Nasa del Norte del Cauca, por ejemplo, las historias suelen terminar menos alegremente. La Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca – ACIN viene pidiendo desde hace tiempo, de manera pacífica, que se respeten sus derechos a la vida y al territorio. A estos pedidos el gobierno ha respondido con golpes, amenazas, señalamientos, e incluso asesinatos.

La masiva ayuda militar que da el gobierno estadounidense a Colombia no ha servido para construir la paz. [Aprovecho para recomendar el excelente sitio web Just the Facts mantenido por las organizaciones estadounidenses WOLA, CIP y LAWG, que ofrece todos los detalles de la asistencia en seguridad y defensa que ofrece EEUU a los países latinoamericanos. Como se puede apreciar, Colombia ocupa un lugar preponderante). Ocho años después del inicio del Plan Colombia, el éxito de la misión del pasado 2 de julio puede tomarse como una señal del avance militar del gobierno colombiano. Pero no necesariamente como un avance de la paz.

Amira Armenta

Los ‘éxitos’ de la guerra

Foto El EspectadorEn el tema de la solución al conflicto colombiano se expresan básicamente tres tendencias. La que piensa que lo que se necesita es más guerra; la que por el contrario piensa que el problema es la guerra y lo que urge es más desarrollo, y la que propone una combinación de ambas cosas. En este artículo intento hacer una reflexión sobre la primera.

A pesar de las numerosas críticas que se hacen desde la comunidad internacional al gobierno del presidente Uribe debido a los frecuentes escándalos que han acompañado su administración, hay un punto que no pocos (pues no solamente el gobierno estadounidense) insisten en reconocerle a favor: el éxito del enfoque militarista de la ‘seguridad democrática’. Sigue leyendo

La política de Seguridad Democrática, cultivos ilícitos y los derechos básicos de las comunidades productoras en Colombia

En el marco de un Seminario internacional sobre la economía de las drogas ilícitas organizado por el TNI, el Colectivo Maloka y el Centro de Investigación de Relaciones Internacionales y Desarrollo (CIDOB), el pasado mes de noviembre en Barcelona, Ricardo Vargas presentó una ponencia sobre la política de Seguridad Democrática del actual gobierno colombiano y su relación con los programas de erradicación forzada de cultivos ilícitos.

A pesar de que la disponibilidad de las drogas en el mercado estadounidense se mantiene, las autoridades antinarcóticos no han modificado la política antidrogas, la cual después del 11 de septiembre terminaría consolidándose como un combate doble contra las drogas y el terrorismo, partiendo de que, “el terrorismo y el narcotráfico constituyen una misma empresa criminal”. En el caso de Colombia, país con un conflicto interno que amenaza convertirse en una confrontación de alcance regional (Andes y Amazonas), las recomendaciones de EEUU en asuntos de seguridad son decisivas para la evolución de la coyuntura colombiana. Sigue leyendo