Fumigación e insurgencia

fumigación

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Antes que una estrategia antinarcóticos, las fumigaciones fungen en Colombia como una estrategia contrainsurgente. No se fumiga tanto la coca por el hecho de ser la materia prima de la cocaína sino por el hecho de que las guerillas están detrás de los cultivos.

El Gobierno colombiano utiliza las fumigaciones como un arma para acabar con las FARC sin tener en cuenta que el uso de esta arma genera una catástrofe ambiental, además de crisis sociales, económicas y humanitarias en las regiones en donde se aplica. ¿Está permitido aplicar la fumigación como arma de guerra? ¿No violan las fumigaciones para la guerra los principios básicos del Derecho Internacional Humanitario por su impacto sobre el ambiente y sobre los humanos?

Además, en Colombia existen sobradas evidencias de que mientras las fumigaciones no están acabando con las FARC, están acabando en cambio con las comunidades rurales y los ecosistemas en donde éstas habitan.

Nos hemos acostumbrado de tal modo a las fumigaciones en Colombia que ya casi pasan desapercibidas. Es decir, desapercibidas para los que no las padecemos en carne propia. Los medios de comunicación, las instituciones académicas  y muchas otras instancias que durante años se han opuesto sonoramente a las fumigaciones, con el tiempo se han ido acallando. Cualquiera diría que ya no se fumiga glifosato en Colombia. O que ya casi no se fumiga. Cuando la realidad es que no se ha dejado de fumigar en casi treinta años.

Reproduzco aquí un párrafo sobre la acción de las fumigaciones extraído de la “Declaración de Buenaventura” publicada por el Colectivo de Trabajo Jenzera el pasado mes de abril:

“Las fumigaciones que afectan por igual cultivos de coca y cultivos de ‘pancoger’ no logran controlar la producción de pasta de coca, pero sí contaminan suelos y aguas, y liquidan la base genética de los cultivos y la biodiversidad. Peor aún, violan los derechos al alimento, a la salud y al medio ambiente sano. Conocemos los males que traen estos cultivos de coca. No solo perjudican al ambiente, sino que se implantan con violencia, para inducir a la población nativa a sembrar coca. Los asesinatos y los desplazamientos que se producen por la producción, síntesis y tráfico de ilícitos son un desastre para nuestras comunidades y nuestros procesos organizativos. […] Pero el control de los cultivos de uso ilícito por medio de las fumigaciones, las sindicaciones de los pobladores de ser auxiliadores de tal o cual grupo armado que se beneficia del cultivo de coca, las amenazas, las intimidaciones a la comunidad, […] causan igualmente daños graves a nuestras comunidades. En la mayoría de los casos resulta siendo más caro el remedio que la enfermedad”.

Este documento es una denuncia de los pueblos indígenas y afrocolombianos del Pacífico que se declaran en emergencia por el ecocido que se viene cometiendo en sus territorios por la manera irresponsable como se practican las diversas actividades económicas, dentro de las cuales la producción de coca y su posterior fumigación son sólo una más.

El Pacífico caucano ha sido una de las zonas más golpeadas del país por las fumigaciones en los últimos años. Como se sabe, las aspersiones suelen ser indiscriminadas, afectan los cultivos de alimentación e inducen al desplazamiento de población. La Consejería para los Derechos Humanos y el Desplazamiento CODHES ha reportado con frecuencia, entre muchos otros, el caso del municipio de Guapi (en el departamento del Cauca) en donde las fumigaciones han generado un problema de desabastecimiento y hambre que ha conllevado a desplazamientos masivos porque el municipio no está en capacidad de atender las necesidades de la gente.

Con la larga experiencia que tienen las autoridades colombianas con las secuelas de las fumigaciones, como el desplazamiento, es incomprensible que las fumigaciones no vayan acompañadas al menos de programas de ayuda de parte de las autoridades departamentales y nacionales para aliviar los impactos. La población queda completamente abandonada a su suerte. Año tras año las comunidades negras del Pacífico caucano vienen protestando y denunciando los daños que les causan las fumigaciones sin ningún resultado. Véase como ejemplo estos comunicados de denuncia: en 2010; en 2009; en 2008; y esta crónica de la ambientalista Tatiana Roa durante un viaje por la región en 2007. ¿Cuánto más podrá soportar la gente y podrá soportar la naturaleza una agresión de estas proporciones?

El Gobierno tiene todo su derecho a combatir a las FARC, pero no con cualquier arma. Las fumigaciones son un crimen que se viene cometiendo impunemente en el país desde hace décadas.
Amira Armenta

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Coca, fumigaciones y daño ambiental

Foto de Jeremy Bigwood

Foto de Jeremy Bigwood

Desde hace algún tiempo se viene hablando en Colombia de la posibilidad de crear el delito de daño ambiental por cultivos ilícitos. Hacer del daño ambiental un delito es sin duda una idea saludable, pero no debería reducirse exclusivamente a los ‘cultivos ilícitos’ sino aplicarse a toda actividad agrícola masiva, así como a cualquier actividad económica que tenga una clara y directa repercusión negativa sobre la naturaleza.

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Erradicación e insurgencia

En un análisis reciente sobre la ‘narcobeligerancia’ de Vanda Felbab-Brown publicado por el Real Instituto Elcano, la investigadora llega a la conclusión de que independientemente de la intensidad de su convencimiento ideológico, grupos como las FARC y los talibanes sacan no sólo un provecho financiero del narcotráfico sino también un provecho político. Además, en contextos en donde hay presencia de grupos ideológicos armados, como en Colombia y Afganistán, la erradicación forzada de cultivos de coca y adormidera para opio contribuye a aumentar el capital político de dichos grupos. En consecuencia, la política de atacar los cultivos para quitarle su fuente de financiación a la insurgencia es solamente contraproducente.

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El bazar de las cifras

En su informe más reciente titulado “El bazar de las cifras“, Ricardo Vargas muestra cómo “en la guerra contra las drogas en Colombia, las cifras son otro frente de combate”.

Vargas observa que el escenario de las drogas en Colombia se caracteriza por el dominio de una confusión de cifras insuficientemente fundamentadas, y de diagnósticos especulativos que luego generan políticas que reflejan ese desorden.

La manipulación de datos y diagnósticos que se ha hecho en Colombia para consolidar el ‘éxito de la estrategia’ está haciendo carrera en países como México que miran hacia Colombia como el país del cual hay que aprender.

El bazar de las cifras” da un vistazo a lo que sucede con las cifras para la coca y la cocaína en Colombia con la idea de levantar algunos interrogantes acerca de lo que las autoridades presentan como el éxito del control de drogas en Colombia.

¿Razones sanitarias?

Foto revista Cambio

Foto revista Cambio

Durante años los colombianos compraron las cajitas de té Coca Nasa en tiendas y supermercados de las grandes ciudades del país. Recuerdo además que el té de coca estaba en la sección de los productos naturistas, o sea, los más sanos y buenos para la la salud. Ni las tiendas que vendían los productos de coca ni la gente que los compraba tenían la impresión de estar cometiendo un delito. Además, que se sepa, nunca nadie se enfermó por consumirlos.

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La ruta de la cocaína

Foto The Guardian

Foto The Guardian

El periodista Matthew Bristow se pasó dos años en Colombia observando el proceso del narcotráfico desde la producción de la droga hasta su salida. El resultado se puede apreciar en un video de 30 minutos en el periódico británico The Guardian.

La primera parte lleva el título de “The Farmers” (Los campesinos). Aunque escenas como las que se ven al comienzo de esta parte no resultan muy novedosas –no es la primera vez que alguien filma detalles de la primera fase de la elaboración de la pasta base de coca- siempre resulta impresionante ver la manera despreocupada como los campesinos manipulan los precursores químicos, como si se tratara de sustancias inofensivas. Sigue leyendo

No más erradicación a la fuerza

Campo de opio en la provincia de Helmand, Afganistán

Campo de opio en la provincia de Helmand, Afganistán

La erradicación a la fuerza no funciona. Es lo que en pocas palabras se desprende de los dos últimos informes recién publicados por el TNI y WOLA, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos.

En el primer informe, Drogas, seguridad y cooperación, Ricardo Vargas señala cómo en Colombia, la presencia amenazante de los grupos móviles de erradicación manual genera la desconfianza entre las comunidades. En la mayoría de los casos, éstas se ven forzadas a aceptar la acción erradicadora porque saben que esto les representa en su momento algunos subsidios. Pero como por lo general esta ayuda no es sostenible, porque, con muy raras excepciones, el Estado no construye alternativas viables que tengan en cuenta las particularidades de cada región, al cabo de un cierto tiempo el cultivador se ve obligado a recurrir de nuevo al cultivo ilegal.

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