Erradicación y conflicto en Tarazá

Foto Ecoportal

“¿Sabe cuál es el único apoyo que tienen los campesinos? El del comprador de la base de coca. Ese es el único que viene por acá y trae plata”. Palabras de un representante comunitario del Norte de Antioquia.

Esta simple aseveración aclara más que un análisis completo sobre por qué ciertas comunidades rurales persisten en el cultivo de coca. Porque literalmente es lo único que les garantiza un ingreso seguro, rápido y en efectivo. Ninguno de los productos lícitos que se pudieran promocionar en esas regiones para sustituir los cultivos de coca le ofrece al campesino un ingreso similar.

La sustitución de cultivos es una estrategia que requiere de tiempo, años si es preciso, antes de comenzar a ver sus resultados, pues va asociada al desarrollo de una economía lícita que tiene que ver con una infraestructura adecuada para la salida de los productos y con la existencia de un mercado para los mismos. Y esto no es algo que se genera de un mes a otro. Mientras no se le creen esas condiciones al campesino, mientras no se le pague por su producto una vez cosechado, así como ahora le pagan por la coca, el cultivador va a seguir necesitando de la coca.

Lo que está pasando en Tarazá y en otros municipios del norte de Antioquia, es un buen ejemplo del fracaso de cualquier arreglo entre el gobierno y las comunidades que parta de la idea de que el campesino puede erradicar todos sus cultivos de una vez. Un buen ejemplo de que al no cumplirse la erradicación ‘voluntaria’ entonces el gobierno le aplica la erradicación forzosa con glifosato que acaba con lo lícito y lo ilícito y sume la región en la miseria y el conflicto. Cuando esto pasa, como está pasando en el norte de Antioquia y en otras partes de país, las posibilidades de diálogo retroceden porque el campesino se siente traicionado por el gobierno que había prometido no fumigar, y el gobierno acusa al campesino de incumplimiento lo que le da argumentos para tomar medidas de fuerza. Y todos pierden.

Amira Armenta

Qué tienen que ver los éxitos militares con la paz

Uno de los argumentos más fuertes que se esgrimieron contra el Plan Colombia en sus inicios en 2000 fue el del extremo desbalance entre los fondos destinados a la ayuda militar y los destinados al desarrollo social y económico. A lo largo de todos estos años de Plan Colombia, se han evidenciado las consecuencias de este desbalance. Mientras la guerra se intensificó y se extendió a otras regiones, no se podría decir lo mismo de las condiciones de vida de la población de esas mismas regiones, las cuales, por el contrario, se fueron degradando.

El Plan Colombia no ha dado tampoco los frutos esperados en materia de narco cultivos y en general de la narco actividad, que era el principal objetivo, no hay que olvidarlo, de esa enorme estrategia. Sin embargo, dado que en el último año en particular, el gobierno colombiano ha logrado redondear importantes éxitos sobre la guerrilla de las FARC, el tema de los narcóticos ha quedado neutralizado en el éxito militar, con el presupuesto de que si se golpea a la guerrilla se golpea también el narcotráfico. Un argumento poco sólido cuando todo el mundo sabe que si la guerrilla desaparece de alguna región cocalera al día siguiente hay otro grupo usufructuando el negocio en su lugar. El fin de la guerrilla no es el fin de los narcóticos.

Pero el arrinconamiento en el que las fuerzas militares colombianas han puesto a las FARC dejan la impresión –entre la opinión pública internacional y la opinión pública urbana de Colombia- de que el campo colombiano se encuentra a punto de lograr una paz esquiva desde hace más de cuatro décadas. Y no hay nada más lejos de la verdad. Para que haya paz en el agro colombiano se va a necesitar mucho más que una victoria militar sobre la guerrilla o que un (bienvenido) acuerdo de paz con la dirigencia de las FARC. Lo hemos dicho en éste y en otros foros reiteradas veces: mientras no se ponga en marcha un proceso de reforma que garantice la justicia social y económica de las comunidades campesinas, una justa redistribución de la tierra, la implementación de programas de desarrollo alternativo sostenibles en condiciones de garantizar un paulatino abandono de los cultivos ilícitos, las regiones seguirán sumidas en el conflicto.

Mientras todo el mundo conoce las noticias de alto perfil relacionadas con el conflicto colombiano -como el ‘rescate’ o ‘liberación’ de los secuestrados más famosos, hecho que se interpreta como un éxito de la política de seguridad democrática del presidente Uribe, es decir, un éxito del Plan Colombia- casi nadie se entera de hechos graves, pero de bajo perfil, que suceden a diario en los campos colombianos y que también podrían interpretarse como un desmentido a los éxitos de esas políticas.

Son numerosas las comunidades rurales que sufren la violencia que genera el contexto de injusticia social y económica en el que viven. Entre éstas, las comunidades más golpeadas tradicionalmente son las de los pueblos indígenas que habitan el territorio colombiano. Bajo el gobierno de Uribe, la situación de muchas de estas comunidades, que con las garantías que les daba la Constitución colombiana de 1991 habían obtenido importantes logros, se ha deteriorado visiblemente. El abuso cotidiano a los derechos humanos y civiles de estas comunidades resalta especialmente en estos días de euforia en que Colombia celebra el final feliz de una misión. Pero para los indígenas Nasa del Norte del Cauca, por ejemplo, las historias suelen terminar menos alegremente. La Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca – ACIN viene pidiendo desde hace tiempo, de manera pacífica, que se respeten sus derechos a la vida y al territorio. A estos pedidos el gobierno ha respondido con golpes, amenazas, señalamientos, e incluso asesinatos.

La masiva ayuda militar que da el gobierno estadounidense a Colombia no ha servido para construir la paz. [Aprovecho para recomendar el excelente sitio web Just the Facts mantenido por las organizaciones estadounidenses WOLA, CIP y LAWG, que ofrece todos los detalles de la asistencia en seguridad y defensa que ofrece EEUU a los países latinoamericanos. Como se puede apreciar, Colombia ocupa un lugar preponderante). Ocho años después del inicio del Plan Colombia, el éxito de la misión del pasado 2 de julio puede tomarse como una señal del avance militar del gobierno colombiano. Pero no necesariamente como un avance de la paz.

Amira Armenta

La otra mitad de la verdad

El Latin America Working Group Education Fund ha publicado recientemente un informe titulado «The Other Half of the Truth» (todavía no ha sido traducido al español) dedicado a la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas de la violencia paramilitar. El informe examina el marco de la desmovilización paramilitar y las limitadas oportunidades de verdad, justicia y reparación que éste ha ofrecido hasta la fecha. Además, resalta el trabajo de activistas de derechos humanos, periodistas, miembros del estamento judicial y víctimas, que han presionado a lo largo de todos estos años a favor de que al menos se conozca la verdad.

La liberación de los secuestrados abre una nueva esperanza para la paz

La noticia de la liberación de Ingrid Betancourt, de los tres contratistas estadounidenses y de un grupo de miembros del ejército y la policía colombianos ha sido registrada con júbilo en todos los medios de prensa del mundo. El equipo del programa Drogas y Democracia del TNI se une al regocijo que ha suscitado en todas partes la liberación del grupo. La forma impecable como se produjeron los hechos ha sido clave en el reconocimiento del operativo de rescate. Porque como dijera la misma Ingrid Betancourt en una de sus primeras declaraciones públicas, aquélla no fue una misión de guerra sino una misión de paz.

En un país como Colombia enredado en un violento conflicto desde hace tantas décadas, una de las lecciones que se podría extraer del éxito de este operativo es la de que una labor paciente de inteligencia puede ser más efectiva (y menos costosa en destrucción material y humana) que un bombardeo indiscriminado. La violencia siempre produce rechazo. No por nada las autoridades militares que participaron en el rescate hicieron notar repetidamente y con mucho orgullo que todo se había producido sin derramar una sola gota de sangre. Pues ese fue quizás el mayor éxito de esa extraordinaria acción en un país que se desangra a diario en su conflicto.

El rescate limpio de los 15 secuestrados puede verse como ejemplo de cómo la logística militar puede ponerse al servicio de acciones que no necesariamente deban desencadenar en la violencia. En este sentido hay que reconocer el papel esencial que ha venido jugando desde hace tiempo la comunidad internacional en su presión al gobierno del presidente Uribe para que le dé prioridad a las salidas negociadas por encima de las militares. Ante el clamor de las familias de los secuestrados, de las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, de los gobiernos de numerosos países de Europa y Latinoamérica, el gobierno colombiano sabía que no podía lanzarse a un acto similar al bombardeo del 1 de marzo en la frontera ecuatoriana. Y lo consiguió.

Esta debe ser la línea a seguir. La vida de las personas, no sólo la de los rehenes (como en este caso) sino la de los residentes en las zonas de conflicto, e incluso los combatientes a uno y otro lado de la batalla debe quedar garantizada al máximo. Hay que seguir presionando al gobierno colombiano para que se persista en la búsqueda del diálogo. En estos momentos, con una clara ventaja sobre la guerrilla, el gobierno está mejor posicionado que nunca para dar los pasos necesarios para propiciar el diálogo. La guerrilla, por su parte, debe reaccionar cuanto antes a los numerosos llamados que se le vienen haciendo desde diversas instancias colombianas y de la comunidad internacional y reconocer lo absurdo de una lucha armada que no ha logrado en todos estos años sino sumir a las regiones en el caos.

A pesar del enorme sufrimiento de todos estos años, Ingrid Betancourt ha vuelto con un discurso de reconciliación y de paz. Ojalá las FARC la escuchen, así como también deben escuchar al presidente Chávez y a todos los que son susceptibles de tener alguna influencia sobre las opiniones de la guerrilla y que últimamente los han llamado a que abandonen las armas.

En estos momentos, ésta es una posibilidad bastante realista. Dar el primer paso está en manos de la dirigencia fragmentada y debilitada de una vieja guerrilla en descrédito. Pero el gobierno debe tener claro que la paz no se hará solamente con la desmovilización de la guerrilla. La situación de descomposición del agro colombiano a la que ha llevado tantos años de abandono estatal, de acción del narcotráfico y de los grupos armados no se resolverá automáticamente sólo porque dejen de existir las FARC. Sin una verdadera revisión de las políticas agrarias que garanticen una mayor justicia social y económica en el campo, y sin un cambio esencial en las políticas frente a los cultivos de uso ilícito, el riesgo de que aparezcan nuevas bandas al estilo de las ‘águilas negras’ (ahora de ‘izquierda’) en pelea por el control de zonas y rutas para el narcotráfico seguirá siendo grande.

Amira Armenta