SEMINARIO PLAN COLOMBIA II; CONFLICTO Y DERECHOS HUMANOS

Organizado por el Colectivo Maloka, la Fundación CIDOB y la Oficina de Promoció de la Pau i dels Drets Humans

Lugar: Fundación CIDOB, Barcelona

16, 17 y 18 octubre 2008

 

El Plan Colombia I fue un éxito para el gobierno de Álvaro Uribe, los intereses de Estados Unidos y de sus multinacionales. Al primero le sirvió para instaurar un nuevo régimen político, reforzar su militarización y garantizar su reelección. Al segundo para  afianzar su hegemonía en el país y su presencia en la región andina. Y a las multinacionales para aumentar sus rentas, su seguridad y sus mercados.

Pero al mismo tiempo, fue un fracaso para Colombia y las soluciones del narcotráfico y el conflicto armado. Porque el Plan se propuso reducir la producción de la hoja de coca en un 50% y las áreas sembradas no disminuyeron sino que crecieron, como en 2007 cuando los cultivos de coca aumentaron un 27% respecto al año anterior, según la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (ONUDD). Porque las exportaciones de cocaína continúan estables y perpetúan indefinidamente el conflicto. Y porque a su sombra, durante el período de su vigencia, en Colombia se consolidaron poderes regionales mafiosos, se establecieron órdenes sociales y políticos del paramilitarismo; la política tradicional se entremezcló con el crimen organizado y las mafias obtuvieron un lugar dentro del Estado.

El PlanColombia II se propone “un viraje en la guerra” a través de la doctrina de la Acción Integral. Su esencia es “la combinación entre el componente militar y la acción integral por la recuperación social y militar del territorio”, ha dicho el Ministerio de Defensa. Puede sonar  novedoso, pero aquí lo social se mantiene subordinado a lo militar y sólo sirve para justificar la guerra y atraer para ella recursos de la cooperación internacional y la ayuda humanitaria. Y la realidad es que las regiones en donde se produce la coca y donde pervive la insurgencia siempre han sido excluidas y allí nunca se han atendido sus  reivindicaciones más elementales, ni mucho menos se les ha reconocido su  derecho a la tierra y a la vida. Tampoco se ha construido Estado, ni instituciones, ni ciudadanía, ni la escasa ley que rige en el resto del país. Esto no se puede realizar recurriendo en primer lugar a la fuerza.

Cuarenta años de guerra contrainsurgente y treinta de guerra contra las drogas ya han demostrado que eso no es posible. Por ello la tendencia de esta segunda fase del Plan Colombia es la prolongación de la guerra con todos sus nefastos efectos, la crisis humanitaria que vive Colombia y las violaciones a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

Evaluar el Plan Colombia I y reflexionar y debatir los posibles efectos del Plan Colombia II es indispensable para analizar el futuro de la democracia, la paz y los derechos humanos en este país. Por ello el COLECTIVO MALOKA, LA FUNDACIÓ CIDOB, LA ASSOCIACIÓ CATALANA PER LA PAU Y LA OFICINA DE PROMOCIÓ DE LA PAU I DELS DDHH, convocan a este seminario e invitan a su participación.

Para inscribirse en el seminario, hacer clic aquí

Paramilitarismo y ‘desarrollo alternativo’ en el Urabá

La última publicación del TNI relacionada con temas de Colombia se titula, “El Urabá: donde el Desarrollo Alternativo se confunde con intereses económicos y la reinserción del paramilitarismo, por Moritz Tenthoff.

Este documento analiza cómo los programas Familias Guardabosques y Proyectos Productivos que el Programa Presidencial Contra Cultivos Ilícitos realiza en la región del Urabá han sido instrumentalizados para la legalización de estructuras paramilitares y la implementación de megaproyectos agroindustriales. Sigue leyendo

Más cifras inconvenientes para la coca

De manera muy discreta, como se suele hacer cuando se quiere que algo pase desapercibido, la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas (ONDCP) del Gobierno estadounidense hizo públicas el pasado 10 de septiembre las cifras de cultivos de coca y producción de cocaína en Colombia en 2007.

Como ya se esperaba, estos resultados no fueron muy alentadores. No obstante el incremento en las erradicaciones (manual y aérea), el año 2007 habría terminado con 167.000 hectáreas de coca, casi diez mil hectáreas más que en 2006. Si las cifras de Naciones Unidas (99.000 hs) le parecían ya excesivas a la administración de Uribe, ¿qué habrán dicho ahora ante los datos del Departamento de Estado?

En Colombia parece que la noticia ha sido evadida de manera muy eficaz. O bien, ya no es ninguna novedad oír que aumentan los cultivos ilícitos, o ya nadie le cree a los números y por eso los ignoran. Colombia estaría ahora en plan de adquirir su propio satélite para realizar sus propias mediciones y no tener que depender de instancias extranjeras. Mientras tanto las cifras de la coca siguen siendo embarazosas dadas las proporciones de la inversión hecha para su reducción. A propósito de estos nuevos resultados, recomiendo el artículo massaging the drug-war numbers, sobre cómo se las ingenian las autoridades antinarcóticos estadounidenses para disimular el fracaso de las políticas para la coca.

¿Vínculos con las FARC?

Después de años de escándalo por los numerosos casos de contactos entre importantes políticos de las regiones con el paramilitarismo, nada podía caer mejor en la Colombia de Álvaro Uribe que la aparición de ciertos nombres -colombianos y extranjeros conocidos por sus afinidades de izquierda- en los computadores del guerrillero Raúl Reyes. Estos nombres serían la prueba de que también la FARC habrían intentado ganar espacios en la vida política y social del país, e internacionalmente.

Aunque no hay punto de comparación entre la magnitud de la llamada parapolítica con la de la llamada farcpolítica –no sólo en términos del número de involucrados sino de los niveles a los que llegó la colaboración de los políticos con los paramilitares- algunos sectores del Gobierno y de la prensa colombianos están explotando al máximo el tema intentando crear una apariencia de empate entre la ‘parapolítica’ y la ‘farcpolítica’.

Pero no hay nada más alejado de la realidad. A mediados de 2008 había 51 miembros del Congreso colombiano sindicados de involucramiento con los paramilitares. De esos, había 30 en la cárcel. Además, 7 gobernadores departamentales, 23 alcaldes, y un número grande de diputados regionales, funcionarios públicos, el jefe del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Casi semanalmente se revelan nuevos casos de nexos comprobados entre altos representantes del Gobierno con el narcoparamilitarismo. Una cosa que llama la atención especialmente de estos casos, es el alto perfil de los funcionarios implicados. Ejemplos recientes son los casos del Fiscal del departamento de Antioquia y hermano -¡nada menos!- del ministro de Interior y de Justicia, y el del embajador en la República Dominicana. Ésa es la parapolítica y sus dimensiones.

Al lado de estos números y nombres, la farcpolítica, si es que tal fenómeno existe, se basa solamente en indicios contra tres congresistas, dos periodistas, un par de asesores de paz y cuatro o cinco extranjeros. Además, mientras los parapolíticos han reconocido sus nexos con el mundo criminal de los narcoparamilitares para beneficio propio, las personas acusada de nexos con las FARC reconocen en efecto esos nexos pero no para beneficio propio sino como mediadores en el conflicto. Esta es una diferencia esencial que no se debería dejar de lado cuando se intenta comparar el comportamiento de unos y otros.

Ahora bien, el hecho de que algunas de estas personas, en su labor de mediación, llegaran a asumir un tono que a algunos les resulta demasiado familiar o amigable en sus diálogos con las FARC,  no es cuestión que deba sorprender a nadie. Durante los diálogos del Caguán, el grado de familiaridad que se percibe en las fotos y conversaciones entre miembros de las FARC con representantes del Gobierno, con reconocidos periodistas colombianos y extranjeros, y con toda clase de personalidades internacionales, es un buen ejemplo de que en un diálogo prolongado (así sea entre enemigos) las relaciones entre las dos partes tienden a relajarse y asumir una forma que se puede confundir con la complicidad. Una apariencia que en muchos casos es necesaria para ganarse la confianza del otro. ¿Qué diferencia habría entre la familiaridad de las imágenes del Caguán y la de ahora, revelada, según se afirma, en el intercambio de emails entre algunos mediadores y jefes de las FARC? Ninguna, si se sabe que también en aquella época las Farc tenían personas secuestradas, estaban involucrados en niveles específicos del narcotráfico, e incluso habían cometido crímenes de resonancia internacional, como el asesinato (en 1999) de los tres indigenistas estadounidenses que visitaban la zona. Ese crimen no fue un obstáculo para que sólo unos meses más tarde, Richard Grasso, en aquel entonces presidente del New York Stock Exchange (Bolsa de Nueva York) se reuniera con las FARC para tratar temas de interés común.

Por eso, pretender hacer una comparación, como si se tratara de cosas similares, entre los nexos de importantes políticos colombianos con el paramilitarismo y los nexos de miembros de algunas ONG con las FARC es algo descabellado, explicable solamente por los intereses políticos que se mueven detrás de la escena. En estos momentos, en Colombia, la ‘farcpolítica’ es una buena manera de opacar las graves acusaciones de la parapolítica, y los líos del presidente con las cortes.

En el nivel internacional, las informaciones sacadas de los computadores de Reyes han producido recientemente un nuevo capítulo. En Chile, un sector de la derecha en la oposición denunció que los indígenas mapuches habrían estado en contacto con las FARC. La intención, según lo denunciaron algunos sectores en Chile, fue desprestigiar a la comunidad Mapuche y de paso obtener alguna ganancia política el partido que hizo la denuncia.

La utilización que le han dado las autoridades colombianas a los datos del computador de Reyes ha sido cuestionada hasta por el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza. Por medio de filtraciones a la prensa y toda clase de especulaciones el gobierno colombiano ha animado una caza de brujas que ha trascendido las fronteras de Colombia, en la que todos los que puedan, van a aprovechar para sacar partido, como ha sido el caso reciente de la derecha chilena.

Que las FARC hayan estado o busquen estar vinculadas con sectores de la izquierda en Colombia, América Latina y el mundo no es ninguna rareza. Después de todos, ellos se siguen reivindicando como una organización política con programas y aspiraciones que en muchos casos coinciden con los que proponen la mayor parte de las organizaciones sociales de izquierda en el mundo. Si con base en un ideario común, las FARC buscaron una aproximación con sectores sociales y políticos de la izquierda nacional e internacional, esto no convierte automáticamente a dichos sectores en cómplices de las FARC y de sus crímenes de guerra. Esto solamente revelaría que hay algunas identificaciones. Y en cualquier caso, antes de difamar a organizaciones, a comunidades como los mapuche, y a individuos que han dedicado años de su vida a mediar a favor de ponerle fin al conflicto, más inteligente sería aprovechar esas afinidades para intentar llegar a una recalcitrante guerrilla. Aún somos muchos los que seguimos creyendo que -a pesar de los recientes éxitos militares- es solamente con la aproximación y el diálogo que se abren las posibilidades de que alguna vez termine por resolverse este conflicto.

Amira Armenta

A propósito de las cifras de la coca

 El pasado mes de junio, cuando el Simci publicó los datos de la superficie sembrada de coca en todo el territorio colombiano, el gobierno de Uribe expresó su malestar ante los resultados. Según esos datos, a finales de 2007 había un total de 99.000 hectáreas de coca, lo que representaba un 27 por ciento de incremento con respecto a 2006. Aunque hasta el momento el gobierno venía aceptando estos censos sin mayores dificultades, este año el gobierno decidió que las crifras no eran confiables. Partiendo de que 2007 es el año en que más coca se ha erradicado, resultaba desconcertante que se registrara un aumento. ¡Debía haber un error!

Y lo cierto es que el gobierno no era el único que pensaba que esas cifras no cuadraban. No sólo los datos del Departamento de Estado (la otra entidad que monitorea los cultivos a nivel nacional) desde hace años son muy diferentes a los del Simci, sino que por lo general lo que dicen las entidades oficiales en esta materia no coincide con datos de las autoridades locales de las diferentes regiones en donde se cultiva coca, ni con la percpeción de la población en esas regiones. También muchos investigadores y expertos en el tema vienen destacando desde hace años las inexactitudes de las mediciones y las consecuencias que esto tiene para la decisión de las políticas que se aplican. Porque no es lo mismo que a finales de 2007 hubiera habido casi cien mil hectáreas a que hubiera habido el doble. De estas cifras se deduce si sirvió para algo la política aplicada en 2007 o si sólo logró empeorar las cosas.

En este dilema, un número reciente de la revista Semana.com publica un aporte muy interesante. Se trata del análisis hecho por el narco-paramilitar Salvatore Mancuso sobre la producción de coca y cocaína en el país con base, al parecer, en un estudio hecho por ellos mismos. El estudio se habría hecho en Córdoba, el Catatumbo y una parte del Sur del Bolívar. Con base en éste, afirma que le parecen irreales las cifras que ofrece el Simci por ejemplo para el departamento de Córdoba –alguien como Mancuso tiene bastantes argumentos para decirlo- y en su lugar propone una cifra casi diez veces mayor. Y en general en todo el país, según el narcoparamilitar, habría más del doble de lo que sice el Simci.

Qué habrán dicho los funcionarios del gobierno (si es que se enteraron de esta nota en Semana) a quienes ya les parecían demasiadas las 99 mil hectáreas detectadas por el Simci. Y qué dirán los de la oficina de la ONUDD (en Bogotá) que presentan cada año unas cifras que suponen deben ser aceptadas por el mundo como si fuera la palabra de Dios.

Quizás no sería mala idea que los narco-paramilitares hicieran público el estudio que menciona Mancuso, con todos los detalles de su elaboración. Podría ser muy útil para los futuros sistemas de mediciones que adopten las autoridades antinarcóticos (Mancuso también se refiere a las desventajas del monitoreo satelital en un país de geografía complicada como Colombia). Al menos mientras insistan en seguir aplicando la política de atacar la oferta con el convencimiento de que si se reduce la oferta se reduce el consumo. Y mientras insistan en contar el número de hectáreas para determinar el éxito o el fracaso de la guerra a las drogas. Podría ser muy útil especialmente ahora que la administración de Uribe está en busca de una nueva instancia y metodología para observar los cultivos.

Las cifras sobre producción de cocaína e ingresos de dineros del narcotráfico en el país son también motivo de discrepancias. Vale la pena leer el análisis con los puntos de vista de varios expertos colombianos que hace tiempo vienen expresando su escepticismo hacia los datos oficiales para el negocio de la droga.

Amira Armenta

Las políticas para el opio en el sudeste asiático

cultivos en hectáreas

cultivos en hectáreas

Además de Afganistán y de los Andes, la otra región del mundo relacionada con las drogas ilícitas sometida a una constante observación internacional es el sudeste asiático. Lo que sucede en materia de cultivos de uso ilícito, producción, tráfico y consumo en el llamado Triángulo de Oro (tradicionalmente, Birmania, Laos, Tailandia y Vietnam) es un referente internacional para medir los progresos o fracasos del actual régimen de fiscalización de drogas que se impone en esos países y en el mundo. En la última década los países de esa región han soportado estrategias antinarcóticos particularmente crueles destinadas a eliminar lo más rápidamente posible la producción, tráfico y consumo.

En 1998 los países de la región firmaron una declaración comprometiéndose a estar libres de drogas en 2020. Sigue leyendo

Sobre cultivos de uso ilícito e insurgencias

En países en donde se combinan los fenómenos de producción de cultivos de uso ilícito y de conflicto armado, como Afganistán y Colombia, se tiende a explicar la existencia de las zonas cultivadas con adormidera para opio y coca respectivamente, debido a la presencia de los grupos insurgentes en esas zonas. Y aunque sin duda los grupos insurgentes se benefician del negocio de las drogas, dicho negocio tiene una dinámica propia que está por encima de la existencia de grupos rebeldes. Con o sin ellos, el negocio sigue su curso. Concentrar la acción antinarcóticos sobre los rebeldes puede llevar a que se les golpee reduciendo su capacidad de participación en las actividades narcóticas pero esto no conduce a la reducción de las actividades narcóticas mismas.

Cuando la Oficina de las Naciones Unidas para las Drogas y el Delito (ONUDD) publicó el pasado mes de junio su World Drug Report 2008 con los censos de cultivos ilícitos correspondientes al año 2007, se vio que en Afganistán el opio había aumentado en un 17% alcanzando un nuevo récord, y en Colombia la coca había aumentado en un 27% (véanse los gráficos).

Dentro del habitual discurso de drogas-terrorismo, se atribuyó el aumento en ambos países a la acción de sus respectivas insurgencias. La acción de los talibanes estaría detrás del nuevo récord afgano, y en Colombia, las FARC son las que promueven la coca entre el campesinado.

Pero la asociación drogas-insurgencia no siempre es tan evidente como se pretende. Colombia es un buen  ejemplo de esto: En un discurso reciente, con motivo precisamente de la publicación del mencionado informe mundial sobre drogas, el director de la ONUDD, Antonio Maria Costa, dijo que “En los últimos años el gobierno colombiano destruyó cultivos de coca de amplia escala por medio de la masiva erradicación aérea. Fue una campaña incuestionablemente exitosa contra grupos armados y narcotraficantes…”. Es curioso que el director Costa haya mencionado esto en el marco de un informe que da cuenta de un aumento en la producción de coca. La campaña del gobierno contra las FARC ha sido contundente, sin embargo no ha logrado mejorar de manera acorde los registros de las áreas cultivadas en Colombia. Una de las razones para ello podría ser el hecho de que en el país las FARC no son los únicos, y ni siquiera el grupo más importante asociado a los cultivos de coca.

Más consecuente pareció la actitud del gobierno de Uribe cuando se conocieron las cifras de los cultivos en Colombia. El inesperado aumento de coca produjo una reacción de desagrado, al punto de que la administración llegó a anunciar que no continuaría con el sistema de mediciones de la ONUDD.

Si una reducción de las FARC como consecuencia de los certeros golpes que viene propinándole el ejército desde mediados de 2007, no se tradujo en una reducción de los cultivos ilícitos, ¿será, entonces, que hay otras razones, no necesariamente ligadas a la acción de las FARC, que podrían explicar mejor el aumento en la producción de coca en 2007?

La administración de Uribe prefiere no plantearse este interrogante, en cambio opta por dudar de la metodología usada para las mediciones. (A propósito se podría añadir que, efectivamente, estos censos no son muy confliables, pero el gobierno colombiano los acepta de buena gana cuando las cifras son favorables y los rechaza cuando éstas no se ajustan a sus expectativas).

Sin duda es más fácil culpar a alguien (la insurgencia) de un delito que entrar a examinar las causas que inducen a los campesinos a caer en el delito de cultivar un producto establecido como ilegal. Una posición que les permite, además, a las autoridades no poner en discusión el tema de las estrategias antidrogas que aplican en esas regiones, manteniéndose en el convencimiento de que las políticas son buenas, lo malo es que haya tanto guerrillero y tanto fundamentalista talibán regados por esos países.

La semana pasada la ONUDD publicó su informe 2008 sobre la situación de los cultivos de adormidera para opio y la producción de opio en Afganistán. Los datos corresponden a la primera mitad de este año y arrojan la significativa reducción de un 19% de los cultivos de opio en comparación con 2007. El informe confirma también que ahora hay en el país menos provincias cultivando opio de las que había el año pasado. La provincia de Nangarhar, por ejemplo, que el año pasado ocupaba el segundo lugar en producción, hoy es una provincia opium free, dice el informe.

¿Quiere decir esto que Nangarhar es también una provincia taliban free? Por los frecuentes informes de prensa sobre la actualidad afgana esto no parece ser el caso.

Las razones para la reducción, según el informe, (resaltado en un fact sheet del 27 de agosto del Departamento de Estado de EEUU) tendrían que ver con las buenas campañas publicitarias para desestimular la producción, el fuerte liderazgo de los gobernadores locales y, probablemente la más determinante, con la tremenda sequía que azotó las regiones en las que se registró una reducción o desaparición de los cultivos. Las malas condiciones del tiempo afectaron no sólo la adormidera para opio sino que dañó los cultivos de trigo, disparándose los precios del producto, haciendo ahora del trigo una alternativa lícita más rentable que el opio.

Como la coca colombiana tiene menos riesgos de verse afectada por el mal tiempo, toca esperar que sea gracias a la acción de una presencia integral del Estado en las regiones lo que induzca a un desestímulo en la producción. O a que los laboratorios ilegales en cualquier parte del mundo comiencen a producir una cocaína sintética que haga innecesaria la materia prima de este estupefaciente. Mientras tanto, con o sin guerrilla, se seguirá plantando coca en el país.

Amira Armenta