Erradicación e insurgencia

En un análisis reciente sobre la ‘narcobeligerancia’ de Vanda Felbab-Brown publicado por el Real Instituto Elcano, la investigadora llega a la conclusión de que independientemente de la intensidad de su convencimiento ideológico, grupos como las FARC y los talibanes sacan no sólo un provecho financiero del narcotráfico sino también un provecho político. Además, en contextos en donde hay presencia de grupos ideológicos armados, como en Colombia y Afganistán, la erradicación forzada de cultivos de coca y adormidera para opio contribuye a aumentar el capital político de dichos grupos. En consecuencia, la política de atacar los cultivos para quitarle su fuente de financiación a la insurgencia es solamente contraproducente.

Esto es lo que parecen haber aprendido (finalmente) las fuerzas militares estadounidenses en Afganistán. En su más reciente ofensiva antitalibán en Marja, una localidad situada en una de las más importantes zonas de opio del país, la orden que han recibido los militares es la de no meterse con los campos de adormidera.

Como lo han informado algunos medios de prensa entre los cuales el New York Times, Estados Unidos y la OTAN, que lograron expulsar de la zona a los talibanes el mes pasado, se han hecho los de la vista gorda ante los campos de adormidera para opio en Marja. El mismo general McChrystal lo reconoce: el opio representa el principal medio de subsistencia de hasta un 70 por ciento de la población de campesinos de Marja. Su destrucción significaría la destrucción de la economía local y con esto el rechazo de la población a la fuerza extranjera. Los únicos que se beneficiarían –políticamente- con la destrucción del opio serían los talibanes, y todo ello sin mover ni un solo dedo.

La situación ha sido, por supuesto, motivo de escándalo entre muchos sectores pro-erradicación en Estados Unidos, como el Departamento de Estado y la DEA. No es fácil ver a los soldados de la OTAN caminando indiferentes en medio de campos de opio que se sabe que dentro de poco serán cosechados y su producto canalizado hacia el narcotráfico. Se sabe también que una parte de la ganancia ilegal irá a parar a manos de los talibanes.

Afortunadamente, al menos hasta el momento, ha primado el sentido común antes que la rigidez de la política oficial. El sentido común que se resume en la frase de un habitante de la región citada en el mismo artículo del New York Times: “Es mejor que no destruyan los cultivos este año. El año entrante, si nos ofrecen una mejor seguridad, programas de reconstrucción y trabajo, entonces nosotros garantizamos que no cultivaremos adormidera para opio”.

También la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ONUDD en Afganistán está de acuerdo. No se pueden destruir los cultivos mientras las familias no cuenten con un  ingreso legal mínimo de subsistencia. La única forma de sacar a la población de la economía ilegal es garantizando la calidad de vida del campesino y su familia. Esto requiere una inversión que debe ponerse en marcha antes de que se elimine la economía ilícita.

El caso de Marja ofrece una buena oportunidad para comprobar la efectividad de la propuesta de no erradicar de manera forzada mientras no existan las condiciones adecuadas para la población. Su éxito dependerá de que las fuerzas militares actualmente en control en la zona mantengan el compromiso de no destruir los cultivos, mientras a la vez, el Estado sea capaz de procurar que la región reciba el apoyo necesario y duradero para que no haya resiembra.

Estados Unidos promueve desde hace tiempo la idea de aplicar en otros países las experiencias antinarcóticos que se tienen en Colombia. El modelo del combate al ‘narcoterrorismo’ en Colombia se ha vendido para la guerra contra el narco-talibán afgano. Pero en Marja está claro que los generales de la OTAN han preferido salirse del libreto oficial y seguir los consejos de los think tanks que llaman la atención sobre las consecuencias colaterales de la erradicación forzada. En Marja, una acertada percepción de la realidad local les ha permitido ver que evitar la erradicación es la actitud más razonable.

Colombia podría ahora aprender de este modelo afgano. El nuevo Gobierno que resulte próximamente en Colombia, cualquiera sea su color político, bien podría llevar a la práctica este ejemplo. Entender que es mejor dejarles por un tiempo a las FARC la ganancia económica en vez de la ganancia política que obtienen cada vez que el Gobierno se echa a la población como enemiga por imponer una erradicación que deja a las familias en la ruina. Una respuesta adecuada a las necesidades de la población es la única garantía del éxito del Estado y de la derrota de los grupos armados en las regiones hoy marcadas por la coca y el conflicto. Mientras esto no suceda, las FARC, independientemente de las motivaciones que las inspiren, el negocio de la droga o la ideología, seguirán sacando provecho político.
Amira Armenta

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