Cada vez que una entidad no gubernamental – ya sea nacional o internacional – produce un informe sobre Colombia que destaca aspectos relacionados con el conflicto y la violencia en el país, las autoridades colombianas reaccionan escandalizadas y con una actitud de rechazo.
Cada vez que, por ejemplo, Aministía Internacional o Human Rights Watch publican su informe sobre los derechos humanos en Colombia, o que CODHES saca a la luz las nuevas cifras del desplazamiento, o que la Fundación Nuevo Arco Iris presenta un nuevo estudio sobre los paramilitares, etc, el Gobierno reacciona ofendido, negando de plano los datos ofrecidos por dichas entidades. En 2008, el Gobierno negó incluso las cifras de cultivos de coca reportadas para el año anterior en el informe de Naciones Unidas. Como en 2009 las cifras de la ONU fueron más favorables, entonces no las negaron.
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