Fumigación e insurgencia

fumigación

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Antes que una estrategia antinarcóticos, las fumigaciones fungen en Colombia como una estrategia contrainsurgente. No se fumiga tanto la coca por el hecho de ser la materia prima de la cocaína sino por el hecho de que las guerillas están detrás de los cultivos.

El Gobierno colombiano utiliza las fumigaciones como un arma para acabar con las FARC sin tener en cuenta que el uso de esta arma genera una catástrofe ambiental, además de crisis sociales, económicas y humanitarias en las regiones en donde se aplica. ¿Está permitido aplicar la fumigación como arma de guerra? ¿No violan las fumigaciones para la guerra los principios básicos del Derecho Internacional Humanitario por su impacto sobre el ambiente y sobre los humanos?

Además, en Colombia existen sobradas evidencias de que mientras las fumigaciones no están acabando con las FARC, están acabando en cambio con las comunidades rurales y los ecosistemas en donde éstas habitan.

Nos hemos acostumbrado de tal modo a las fumigaciones en Colombia que ya casi pasan desapercibidas. Es decir, desapercibidas para los que no las padecemos en carne propia. Los medios de comunicación, las instituciones académicas  y muchas otras instancias que durante años se han opuesto sonoramente a las fumigaciones, con el tiempo se han ido acallando. Cualquiera diría que ya no se fumiga glifosato en Colombia. O que ya casi no se fumiga. Cuando la realidad es que no se ha dejado de fumigar en casi treinta años.

Reproduzco aquí un párrafo sobre la acción de las fumigaciones extraído de la “Declaración de Buenaventura” publicada por el Colectivo de Trabajo Jenzera el pasado mes de abril:

“Las fumigaciones que afectan por igual cultivos de coca y cultivos de ‘pancoger’ no logran controlar la producción de pasta de coca, pero sí contaminan suelos y aguas, y liquidan la base genética de los cultivos y la biodiversidad. Peor aún, violan los derechos al alimento, a la salud y al medio ambiente sano. Conocemos los males que traen estos cultivos de coca. No solo perjudican al ambiente, sino que se implantan con violencia, para inducir a la población nativa a sembrar coca. Los asesinatos y los desplazamientos que se producen por la producción, síntesis y tráfico de ilícitos son un desastre para nuestras comunidades y nuestros procesos organizativos. […] Pero el control de los cultivos de uso ilícito por medio de las fumigaciones, las sindicaciones de los pobladores de ser auxiliadores de tal o cual grupo armado que se beneficia del cultivo de coca, las amenazas, las intimidaciones a la comunidad, […] causan igualmente daños graves a nuestras comunidades. En la mayoría de los casos resulta siendo más caro el remedio que la enfermedad”.

Este documento es una denuncia de los pueblos indígenas y afrocolombianos del Pacífico que se declaran en emergencia por el ecocido que se viene cometiendo en sus territorios por la manera irresponsable como se practican las diversas actividades económicas, dentro de las cuales la producción de coca y su posterior fumigación son sólo una más.

El Pacífico caucano ha sido una de las zonas más golpeadas del país por las fumigaciones en los últimos años. Como se sabe, las aspersiones suelen ser indiscriminadas, afectan los cultivos de alimentación e inducen al desplazamiento de población. La Consejería para los Derechos Humanos y el Desplazamiento CODHES ha reportado con frecuencia, entre muchos otros, el caso del municipio de Guapi (en el departamento del Cauca) en donde las fumigaciones han generado un problema de desabastecimiento y hambre que ha conllevado a desplazamientos masivos porque el municipio no está en capacidad de atender las necesidades de la gente.

Con la larga experiencia que tienen las autoridades colombianas con las secuelas de las fumigaciones, como el desplazamiento, es incomprensible que las fumigaciones no vayan acompañadas al menos de programas de ayuda de parte de las autoridades departamentales y nacionales para aliviar los impactos. La población queda completamente abandonada a su suerte. Año tras año las comunidades negras del Pacífico caucano vienen protestando y denunciando los daños que les causan las fumigaciones sin ningún resultado. Véase como ejemplo estos comunicados de denuncia: en 2010; en 2009; en 2008; y esta crónica de la ambientalista Tatiana Roa durante un viaje por la región en 2007. ¿Cuánto más podrá soportar la gente y podrá soportar la naturaleza una agresión de estas proporciones?

El Gobierno tiene todo su derecho a combatir a las FARC, pero no con cualquier arma. Las fumigaciones son un crimen que se viene cometiendo impunemente en el país desde hace décadas.
Amira Armenta

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Informes inconvenientes

Foto El Espectador

Foto El Espectador

Cada vez que una entidad no gubernamental – ya sea nacional o internacional – produce un  informe sobre Colombia que destaca aspectos relacionados con el conflicto y la violencia en el país, las autoridades colombianas reaccionan escandalizadas y con una actitud de rechazo.

Cada vez que, por ejemplo, Aministía Internacional o Human Rights Watch publican su informe sobre los derechos humanos en Colombia, o que CODHES saca a la luz las nuevas  cifras del desplazamiento, o que la Fundación Nuevo Arco Iris presenta un nuevo estudio sobre los paramilitares, etc, el Gobierno reacciona ofendido, negando de plano los datos ofrecidos por dichas entidades. En 2008, el Gobierno negó incluso las cifras de cultivos de coca reportadas para el año anterior en el informe de Naciones Unidas. Como en 2009 las cifras de la ONU fueron más favorables, entonces no las negaron.

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La contrarreforma agraria del uribismo

“… en estos dos gobiernos de Álvaro Uribe se ha consolidado la más vasta contrarreforma agraria de la historia del país: se completaron 4 millones de desplazados, con más de medio millón de hectáreas arrebatadas o abandonadas, elevando la indigencia de cientos de miles de familias que incluso habían alcanzado a ser clase media rural. Las políticas públicas y los subsidios no se dirigen a compensar el daño infligido a las víctimas, sino a financiar familias que tradicionalmente han ostentado la propiedad de latifundios que se mantienen ricas con la ayuda del Estado…”. Salomón Kalmanovitz en el artículo Agro Subsidio Seguro.

Betto - Moir

Betto - Moir

Mientras tanto el Ministerio de Agricultura no tiene reparos en decir que, “Los subsidios a los ricos sí ayudan a reducir  la desigualdad”.

Los datos de la ONUDD para la coca en 2008

(Traducción de la entrada, The UNODC’s 2008 coca data, del blog de Adam Isacson, Plan Colombia and Beyond

El viernes pasado la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito publicó sus últimas estimaciones de los cultivos de coca y producción de cocaína en Colombia, Perú y Bolivia, los tres países que producen la casi totalidad de la cocaína del mundo. Los resultados de la agencia de la ONU se resumieron en una sola línea: los cultivos de coca disminuyeron notoriamente en Colombia en 2008, mientras que aumentaron en Bolivia y Perú.

La agencia de la ONU encontró una reducción del 18 por ciento de los cultivos de coca en Colombia entre 2007 y 2008, lo que se atribuyó a la “erradicación manual de 96.115 hectáreas de arbustos de coca (un incremento del 44 por ciento comparado con el área erradicada manualmente en 2007) y a la aspersión de 133.496 hectáreas de coca en 2008”.*

Mientras que la reducción de 2008 en Colombia es alentadora, no es, sin embargo, tan extraordinaria como parece. Esta representa un regreso a los mismos niveles de cultivos de coca que la agencia de la ONU detectara en 2003-2006, los años después de que el Plan Colombia produjo un incremento en la erradicación, especialmente en el departamento del Putumayo, y en los que las FARC perdieron el libre control del que gozaban sobre cinco municipios del occidente del Meta y del norte del Caquetá durante el fallido proceso de paz de 1998-2002.

(hacer clic en las imágenes para ampliarlas)

Cultivo de coca en los Andes - Estimaciones de la ONU

Cultivo de coca en los Andes - Estimaciones de la ONU

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Todos los ojos puestos en La Macarena

La Macarena

La Macarena

La semana pasada diversos medios informativos coincidieron al referirse, desde diferentes perspectivas analíticas, a los desarrollos de la llamada Doctrina de Acción Integral (DAI) del Gobierno de Uribe, y a su aplicación en particular en la zona de La Macarena.

No es una casualidad. Muchos observadores de la realidad colombiana tienen sus ojos puestos en este ‘experimento’ cuyo objetivo es la ‘recuperación social de territorios’ que habían estado bajo poder de la insurgencia y/o sembrados con cultivos de coca. La Macarena era el sitio perfecto para probar los resultados de lo que la actual administración considera como la etapa de ‘consolidación’ de los avances del Estado, pues La Macarena no sólo ha sido tradicionalmente base de las FARC sino también zona de producción cocalera. Sigue leyendo

Que la JIFE se ponga a tono con los años que corren

Foto Reuters - Protesta cocalera en Bolivia por la posición de la JIFE ante el masticado

Foto Reuters - Protesta cocalera en Bolivia por la posición de la JIFE ante el masticado

El debate sobre las drogas ha tomado recientemente un giro muy interesante. La Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia –de la cual hacen parte expresidentes latinoamericanos y expertos internacionales- ha abogado recientemente por un cambio de paradigma. La repercusión mediática internacional de este pronunciamiento ha sido impresionante. Véase al final de esta entrada una lista de artículos de importantes medios de prensa que destacan esta noticia. Este hecho es particularmente relevante porque se produce a pocas semanas de la próxima sesión de la Comisión de Estupefacientes de la ONU en Viena, en donde se definirán las políticas de drogas para la próxima década.

El pronunciamiento de esta Comisión latinoamericana se produce también en un marco de ‘esperanza de cambio’ por parte del país que más influencia tiene en el mundo en materia de políticas de drogas, entre otras cosas. Aunque en este momento hay todavía más dudas que certitudes respecto a lo que significaría en la práctica la posesión en la oficina del zar antidrogas estadounidense de una figura como Gil Kerlikowske, conocido por su enfoque sanitario antes que represivo para el tema de las drogas, la sola mención de su nombre abre desde ya una ventana de posibilidades en el mismo sentido de las propuestas de la Comisión latinoamericana. El señor Kerlikowske no ha sido aún ratificado por el Congreso estadounidense.

En este ambiente renovador, preocupa que la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes JIFE,* organismo de la ONU que vigila el cumplimiento de los tratados internacionales de droga, siga imponiendo puntos de vista anacrónicos y que claramente se han revelado como ineficaces a lo largo de las últimas décadas. Y esto es particularmente preocupante a medida en que se acercan las fechas en que la comunidad internacional sellará las políticas de los próximos años. La JIFE ha criticado las conclusiones de la Comisión latinoamericana respecto al fracaso de la guerra a las drogas, y en su celo por seguir al pie de la letra las Convenciones de drogas, no ha dudado en inmiscuirse en asuntos internos de países como Bolivia, que se debaten por encontrar salidas al problema del narcotráfico.

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La palabra a los cultivadores de coca, amapola y cannabis

Primer Foro mundial de productores de cultivos declarados ilícitos

La idea de reunir a campesinos cultivadores de coca, amapola y cannabis surgió hace algunos años entre un grupo de analistas y observadores de la problemática de las drogas particularmente en lo concerniente a la oferta. Alain Labrousse, antiguo director del Observatorio Geopolítico de las Drogas, lo explica brevemente en las siguientes imágenes:

Reunir a campesinos provenientes de las más diversas y distantes regiones del planeta – del sudeste asiático, del África, el Caribe, México, Brasil y los Andes- no era tarea fácil. Los cultivos considerados ilícitos no solamente suelen estar ubicados en zonas remotas, sino que además, con frecuencia las comunidades, dado el carácter ilegal de su actividad económica, prefieren mantener un perfil bajo que dificulta la comunicación con el exterior. Sigue leyendo