Armas y narcos

Foto Associated Press - Birmania

Foto Associated Press - Birmania

Cuando el problema de las drogas se desarrolla en un contexto de conflicto armado, las regiones o países del mundo, por muy distantes y distintos que parezcan, tienden a presentar características comunes. Esta es la conclusión que se saca al observar comparativamente a Colombia y Afganistán, por ejemplo, dos países con enormes diferencias históricas y culturales que se debaten en medio de un conflicto armado entretejido con la presencia de cultivos considerados ilícitos, la producción ilegal de estupefacientes, y la acción devastadora del narcotráfico.

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SEMINARIO PLAN COLOMBIA II; CONFLICTO Y DERECHOS HUMANOS

Organizado por el Colectivo Maloka, la Fundación CIDOB y la Oficina de Promoció de la Pau i dels Drets Humans

Lugar: Fundación CIDOB, Barcelona

16, 17 y 18 octubre 2008

 

El Plan Colombia I fue un éxito para el gobierno de Álvaro Uribe, los intereses de Estados Unidos y de sus multinacionales. Al primero le sirvió para instaurar un nuevo régimen político, reforzar su militarización y garantizar su reelección. Al segundo para  afianzar su hegemonía en el país y su presencia en la región andina. Y a las multinacionales para aumentar sus rentas, su seguridad y sus mercados.

Pero al mismo tiempo, fue un fracaso para Colombia y las soluciones del narcotráfico y el conflicto armado. Porque el Plan se propuso reducir la producción de la hoja de coca en un 50% y las áreas sembradas no disminuyeron sino que crecieron, como en 2007 cuando los cultivos de coca aumentaron un 27% respecto al año anterior, según la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (ONUDD). Porque las exportaciones de cocaína continúan estables y perpetúan indefinidamente el conflicto. Y porque a su sombra, durante el período de su vigencia, en Colombia se consolidaron poderes regionales mafiosos, se establecieron órdenes sociales y políticos del paramilitarismo; la política tradicional se entremezcló con el crimen organizado y las mafias obtuvieron un lugar dentro del Estado.

El PlanColombia II se propone “un viraje en la guerra” a través de la doctrina de la Acción Integral. Su esencia es “la combinación entre el componente militar y la acción integral por la recuperación social y militar del territorio”, ha dicho el Ministerio de Defensa. Puede sonar  novedoso, pero aquí lo social se mantiene subordinado a lo militar y sólo sirve para justificar la guerra y atraer para ella recursos de la cooperación internacional y la ayuda humanitaria. Y la realidad es que las regiones en donde se produce la coca y donde pervive la insurgencia siempre han sido excluidas y allí nunca se han atendido sus  reivindicaciones más elementales, ni mucho menos se les ha reconocido su  derecho a la tierra y a la vida. Tampoco se ha construido Estado, ni instituciones, ni ciudadanía, ni la escasa ley que rige en el resto del país. Esto no se puede realizar recurriendo en primer lugar a la fuerza.

Cuarenta años de guerra contrainsurgente y treinta de guerra contra las drogas ya han demostrado que eso no es posible. Por ello la tendencia de esta segunda fase del Plan Colombia es la prolongación de la guerra con todos sus nefastos efectos, la crisis humanitaria que vive Colombia y las violaciones a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

Evaluar el Plan Colombia I y reflexionar y debatir los posibles efectos del Plan Colombia II es indispensable para analizar el futuro de la democracia, la paz y los derechos humanos en este país. Por ello el COLECTIVO MALOKA, LA FUNDACIÓ CIDOB, LA ASSOCIACIÓ CATALANA PER LA PAU Y LA OFICINA DE PROMOCIÓ DE LA PAU I DELS DDHH, convocan a este seminario e invitan a su participación.

Para inscribirse en el seminario, hacer clic aquí

La otra mitad de la verdad

Iván Cepeda - Portavoz de las vãtimasEl Latin America Working Group Education Fund ha publicado recientemente un informe titulado “The Other Half of the Truth” (todavía no ha sido traducido al español) dedicado a la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas de la violencia paramilitar. El informe examina el marco de la desmovilización paramilitar y las limitadas oportunidades de verdad, justicia y reparación que éste ha ofrecido hasta la fecha. Además, resalta el trabajo de activistas de derechos humanos, periodistas, miembros del estamento judicial y víctimas, que han presionado a lo largo de todos estos años a favor de que al menos se conozca la verdad.

La liberación de los secuestrados abre una nueva esperanza para la paz

La noticia de la liberación de Ingrid Betancourt, de los tres contratistas estadounidenses y de un grupo de miembros del ejército y la policía colombianos ha sido registrada con júbilo en todos los medios de prensa del mundo. El equipo del programa Drogas y Democracia del TNI se une al regocijo que ha suscitado en todas partes la liberación del grupo. La forma impecable como se produjeron los hechos ha sido clave en el reconocimiento del operativo de rescate. Porque como dijera la misma Ingrid Betancourt en una de sus primeras declaraciones públicas, aquélla no fue una misión de guerra sino una misión de paz.

En un país como Colombia enredado en un violento conflicto desde hace tantas décadas, una de las lecciones que se podría extraer del éxito de este operativo es la de que una labor paciente de inteligencia puede ser más efectiva (y menos costosa en destrucción material y humana) que un bombardeo indiscriminado. La violencia siempre produce rechazo. No por nada las autoridades militares que participaron en el rescate hicieron notar repetidamente y con mucho orgullo que todo se había producido sin derramar una sola gota de sangre. Pues ese fue quizás el mayor éxito de esa extraordinaria acción en un país que se desangra a diario en su conflicto.

El rescate limpio de los 15 secuestrados puede verse como ejemplo de cómo la logística militar puede ponerse al servicio de acciones que no necesariamente deban desencadenar en la violencia. En este sentido hay que reconocer el papel esencial que ha venido jugando desde hace tiempo la comunidad internacional en su presión al gobierno del presidente Uribe para que le dé prioridad a las salidas negociadas por encima de las militares. Ante el clamor de las familias de los secuestrados, de las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, de los gobiernos de numerosos países de Europa y Latinoamérica, el gobierno colombiano sabía que no podía lanzarse a un acto similar al bombardeo del 1 de marzo en la frontera ecuatoriana. Y lo consiguió.

Esta debe ser la línea a seguir. La vida de las personas, no sólo la de los rehenes (como en este caso) sino la de los residentes en las zonas de conflicto, e incluso los combatientes a uno y otro lado de la batalla debe quedar garantizada al máximo. Hay que seguir presionando al gobierno colombiano para que se persista en la búsqueda del diálogo. En estos momentos, con una clara ventaja sobre la guerrilla, el gobierno está mejor posicionado que nunca para dar los pasos necesarios para propiciar el diálogo. La guerrilla, por su parte, debe reaccionar cuanto antes a los numerosos llamados que se le vienen haciendo desde diversas instancias colombianas y de la comunidad internacional y reconocer lo absurdo de una lucha armada que no ha logrado en todos estos años sino sumir a las regiones en el caos.

A pesar del enorme sufrimiento de todos estos años, Ingrid Betancourt ha vuelto con un discurso de reconciliación y de paz. Ojalá las FARC la escuchen, así como también deben escuchar al presidente Chávez y a todos los que son susceptibles de tener alguna influencia sobre las opiniones de la guerrilla y que últimamente los han llamado a que abandonen las armas.

En estos momentos, ésta es una posibilidad bastante realista. Dar el primer paso está en manos de la dirigencia fragmentada y debilitada de una vieja guerrilla en descrédito. Pero el gobierno debe tener claro que la paz no se hará solamente con la desmovilización de la guerrilla. La situación de descomposición del agro colombiano a la que ha llevado tantos años de abandono estatal, de acción del narcotráfico y de los grupos armados no se resolverá automáticamente sólo porque dejen de existir las FARC. Sin una verdadera revisión de las políticas agrarias que garanticen una mayor justicia social y económica en el campo, y sin un cambio esencial en las políticas frente a los cultivos de uso ilícito, el riesgo de que aparezcan nuevas bandas al estilo de las ‘águilas negras’ (ahora de ‘izquierda’) en pelea por el control de zonas y rutas para el narcotráfico seguirá siendo grande.

Amira Armenta

Un Plan Fronteras para erradicar cultivos ilícitos y a las FARC

Frontera Colombia-EcuadorNo es una novedad que el gobierno de Ecuador haya presentado una demanda a Colombia ante la Corte Internacional de Justicia por las fumigaciones en la frontera. Este es un tema viejo entre los dos países que viene siendo causa de fricción desde que se realizaron las primeras fumigaciones en la zona. Lo destacable es que lo haya hecho precisamente ahora en medio de la actual crisis diplomática a raíz del bombardeo en la frontera, cuando las relaciones entre los dos países no pasan por su mejor momento.

Por un lado, el gobierno ecuatoriano tiene todo el derecho de proseguir con un proceso que viene anunciando desde hace casi tres años, motivado por la fuerte oleada de protestas contra las fumigaciones de parte de diferentes organizaciones de la sociedad civil ecuatoriana y los pobladores de las zonas afectadas. Sigue leyendo