Coca, fumigaciones y daño ambiental

Foto de Jeremy Bigwood

Foto de Jeremy Bigwood

Desde hace algún tiempo se viene hablando en Colombia de la posibilidad de crear el delito de daño ambiental por cultivos ilícitos. Hacer del daño ambiental un delito es sin duda una idea saludable, pero no debería reducirse exclusivamente a los ‘cultivos ilícitos’ sino aplicarse a toda actividad agrícola masiva, así como a cualquier actividad económica que tenga una clara y directa repercusión negativa sobre la naturaleza.

Como lo explica un informe del TNI de 2008, “Cultivos de uso ilícito y ecocidio”, los cultivos de coca, aunque contribuyen a la deforestación y contaminación, no son ni de lejos los principales responsables de éstas. Si se quisiera criminalizar el daño a la naturaleza habría que comenzar por la ganadería extensiva y por cultivos como los de palma africana, dos de las más nocivas actividades económicas que se practican en el país. Habría también que aplicar la ley a los excesos de la actual ‘bonanza minera’ y al acceso incontrolado a las grandes empresas mineras internacionales por la devastación ambiental que generan.(1) Y de igual modo habría que incluir la política antidrogas de las fumigaciones que a lo largo de los tantos años que se ha venido aplicando en Colombia ha vertido en campos y ríos enormes cantidades de herbicidas químicos cuyo impacto, que muchos prefieran ignorar, es evidente.

después de fumigar

después de fumigar

A pesar de su carácter controvertido, a pesar de su inutilidad para frenar efectivamente los cultivos, el Gobierno colombiano persiste en la fumigación. Como lo denunciaron recientemente diversas fuentes confiables, – el Consejo Regional de Indígenas del Cauca CRIC, y la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento CODHES, entre otras – a mediados de marzo fueron fumigados territorios indígenas de la Costa Pacífica. Se trató de una fumigación indiscriminada, que afectó cultivos de papa, plátano y caña de azúcar, zonas de caza y pesca y agua, es decir, las fuentes de alimentación de la comunidad. Además, las aspersiones se produjeron en zona del río Naya, una importante cuenca hidrográfica del Pacífico colombiano.

Según CODHES, “Hasta hace pocos años, en la parte baja del río Naya, habitada por comunidades afrocolombianas (cerca de 23.000 habitantes) y por indígenas eperara siapidaara (cerca de 300 personas), las áreas sembradas de coca eran mínimas, por no decir inexistentes, como lo evidenció el Estudio Socioeconómico de la cuenca del río Naya, ordenado por el INCODER y realizado con el apoyo de la Unión Territorial Interétnica del Naya, UTINAYA, en noviembre y diciembre de 2005. Pero en menos de tres años, como consecuencia de la interdicción violenta de los cultivos de coca en Nariño, estos cultivos se regaron por todo el litoral del Pacífico, llegando también a la parte baja del Naya y a los ríos vecinos, siguiendo el esquema del efecto globo (“se aprieta allá y se infla acá”)”.

Este es quizá uno de los efectos más perjudiciales de las fumigaciones, algo que se viene  denunciando desde hace años: que inducen el desplazamiento de los cultivos hacia nuevas zonas con las consecuencias de deforestación que esta actividad implica. El  traslado de los cultivos a regiones tradicionalmente habitadas por comunidades indígenas y afro-colombianas –como en la zona del río Naya- ha destruido antiguas tradiciones y costumbres de estas comunidades al imponerles otros modelos económicos y otras racionalidades. Los cultivos no llegan solos sino que arrastran con ellos la guerra de los diferentes grupos armados por el control del territorio y del negocio. No son las comunidades campesinas las que traspasan los límites hacia la ilegalidad. Es la ilegalidad la que las traspasa a ellas.

Si se creara el delito por el daño ambiental causado por la producción de coca y se aplicara la ley en consecuencia, lo único que obtendríamos sería un aumento de la población carcelaria en zonas rurales con las consecuencias relacionadas con el aumento de la miseria y el abandono si las cabezas de familia son detenidas y acusadas. Y no por ello se reducirían los cultivos. Así como la criminalización del consumo no se traduce en su reducción.

No es creando nuevos delitos como se resolverán los daños ambientales asociados a los cultivos que sirven como materia prima para la fabricación de estupefacientes. Más útil sería revisar las actuales políticas para dichos cultivos, puesto que no han funcionado durante décadas, suspender las fumigaciones de herbicidas, puesto que impactan negativamente el ambiente y la sociedad, y comenzar a crear las condiciones que propician un desarrollo sano para los seres humanos y su entorno.
Amira Armenta

(1) A este respecto recomiendo la lectura de una publicación reciente de la organización ambientalista colombiana “Censat Agua Viva” titulada: “Conflictos socio-ambientales por la extracción minera en Colombia: casos de la inversión británica”.

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Una respuesta

  1. muy buen documento..
    sera q habra un video en internet q me sirva..
    q hable sobre todo este documento?..

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