Fumigación e insurgencia

fumigación

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Antes que una estrategia antinarcóticos, las fumigaciones fungen en Colombia como una estrategia contrainsurgente. No se fumiga tanto la coca por el hecho de ser la materia prima de la cocaína sino por el hecho de que las guerillas están detrás de los cultivos.

El Gobierno colombiano utiliza las fumigaciones como un arma para acabar con las FARC sin tener en cuenta que el uso de esta arma genera una catástrofe ambiental, además de crisis sociales, económicas y humanitarias en las regiones en donde se aplica. ¿Está permitido aplicar la fumigación como arma de guerra? ¿No violan las fumigaciones para la guerra los principios básicos del Derecho Internacional Humanitario por su impacto sobre el ambiente y sobre los humanos?

Además, en Colombia existen sobradas evidencias de que mientras las fumigaciones no están acabando con las FARC, están acabando en cambio con las comunidades rurales y los ecosistemas en donde éstas habitan.

Nos hemos acostumbrado de tal modo a las fumigaciones en Colombia que ya casi pasan desapercibidas. Es decir, desapercibidas para los que no las padecemos en carne propia. Los medios de comunicación, las instituciones académicas  y muchas otras instancias que durante años se han opuesto sonoramente a las fumigaciones, con el tiempo se han ido acallando. Cualquiera diría que ya no se fumiga glifosato en Colombia. O que ya casi no se fumiga. Cuando la realidad es que no se ha dejado de fumigar en casi treinta años.

Reproduzco aquí un párrafo sobre la acción de las fumigaciones extraído de la “Declaración de Buenaventura” publicada por el Colectivo de Trabajo Jenzera el pasado mes de abril:

“Las fumigaciones que afectan por igual cultivos de coca y cultivos de ‘pancoger’ no logran controlar la producción de pasta de coca, pero sí contaminan suelos y aguas, y liquidan la base genética de los cultivos y la biodiversidad. Peor aún, violan los derechos al alimento, a la salud y al medio ambiente sano. Conocemos los males que traen estos cultivos de coca. No solo perjudican al ambiente, sino que se implantan con violencia, para inducir a la población nativa a sembrar coca. Los asesinatos y los desplazamientos que se producen por la producción, síntesis y tráfico de ilícitos son un desastre para nuestras comunidades y nuestros procesos organizativos. […] Pero el control de los cultivos de uso ilícito por medio de las fumigaciones, las sindicaciones de los pobladores de ser auxiliadores de tal o cual grupo armado que se beneficia del cultivo de coca, las amenazas, las intimidaciones a la comunidad, […] causan igualmente daños graves a nuestras comunidades. En la mayoría de los casos resulta siendo más caro el remedio que la enfermedad”.

Este documento es una denuncia de los pueblos indígenas y afrocolombianos del Pacífico que se declaran en emergencia por el ecocido que se viene cometiendo en sus territorios por la manera irresponsable como se practican las diversas actividades económicas, dentro de las cuales la producción de coca y su posterior fumigación son sólo una más.

El Pacífico caucano ha sido una de las zonas más golpeadas del país por las fumigaciones en los últimos años. Como se sabe, las aspersiones suelen ser indiscriminadas, afectan los cultivos de alimentación e inducen al desplazamiento de población. La Consejería para los Derechos Humanos y el Desplazamiento CODHES ha reportado con frecuencia, entre muchos otros, el caso del municipio de Guapi (en el departamento del Cauca) en donde las fumigaciones han generado un problema de desabastecimiento y hambre que ha conllevado a desplazamientos masivos porque el municipio no está en capacidad de atender las necesidades de la gente.

Con la larga experiencia que tienen las autoridades colombianas con las secuelas de las fumigaciones, como el desplazamiento, es incomprensible que las fumigaciones no vayan acompañadas al menos de programas de ayuda de parte de las autoridades departamentales y nacionales para aliviar los impactos. La población queda completamente abandonada a su suerte. Año tras año las comunidades negras del Pacífico caucano vienen protestando y denunciando los daños que les causan las fumigaciones sin ningún resultado. Véase como ejemplo estos comunicados de denuncia: en 2010; en 2009; en 2008; y esta crónica de la ambientalista Tatiana Roa durante un viaje por la región en 2007. ¿Cuánto más podrá soportar la gente y podrá soportar la naturaleza una agresión de estas proporciones?

El Gobierno tiene todo su derecho a combatir a las FARC, pero no con cualquier arma. Las fumigaciones son un crimen que se viene cometiendo impunemente en el país desde hace décadas.
Amira Armenta

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Coca, fumigaciones y daño ambiental

Foto de Jeremy Bigwood

Foto de Jeremy Bigwood

Desde hace algún tiempo se viene hablando en Colombia de la posibilidad de crear el delito de daño ambiental por cultivos ilícitos. Hacer del daño ambiental un delito es sin duda una idea saludable, pero no debería reducirse exclusivamente a los ‘cultivos ilícitos’ sino aplicarse a toda actividad agrícola masiva, así como a cualquier actividad económica que tenga una clara y directa repercusión negativa sobre la naturaleza.

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La ruta de la cocaína

Foto The Guardian

Foto The Guardian

El periodista Matthew Bristow se pasó dos años en Colombia observando el proceso del narcotráfico desde la producción de la droga hasta su salida. El resultado se puede apreciar en un video de 30 minutos en el periódico británico The Guardian.

La primera parte lleva el título de “The Farmers” (Los campesinos). Aunque escenas como las que se ven al comienzo de esta parte no resultan muy novedosas –no es la primera vez que alguien filma detalles de la primera fase de la elaboración de la pasta base de coca- siempre resulta impresionante ver la manera despreocupada como los campesinos manipulan los precursores químicos, como si se tratara de sustancias inofensivas. Sigue leyendo

Video documental sobre las fumigaciones

Fumigaciones en Colombia

Fumigaciones en Colombia

La organización de derechos humanos estadounidense Witness for Peace ha realizado recientemente el documental “Shoveling Water – War on Drugs, War on People” (que yo me atrevería a traducir como “Arando en el mar – guerra a las drogas, guerra a la gente”).

Con este video la organización se propone llamar una vez más la atención sobre las consecuencias negativas de la guerra a las drogas en Colombia, y concretamente la aplicación de las fumigaciones con glifosato en la cuenca amazónica colombiana.

Como lo explica Sanho Tree, el director del programa de políticas de drogas del Institute for Policy Studies IPS en Washington, DC, y como lo podemos apreciar en las imágenes, si bien es cierto que la producción de coca en sí misma, en las condiciones de ilegalidad en que se realiza causa un enorme impacto en el ambiente, las fumigaciones sólo han servido para exacerbar dicho impacto agravando el problema.

Ver el video completo.

La cooperación europea en Colombia

La Unión Europea ha publicado recientemente el informe para el año 2008 sobre la cooperación con Colombia. En esta entrada queremos resaltar la sección que dedica este documento al ‘desarrollo alternativo’, que resume la nueva visión de la UE sobre este concepto, en particular en su relación con las estrategias de erradicación.

En la página 16, el documento dice que la UE no respalda la “erradicación forzada porque puede generar violencia, puede desplazar los cultivos a espacios con menor acceso, así los efectos directos en la población disminuyen pero se genera un alto impacto ambiental. Una condicionalidad explícita para la erradicación también puede tener efectos perversos sobre los resultados esperados”. A propósito del impacto ambiental, recomendamos la lectura de un trabajo reciente del TNI que señala la erradicación forzada como una de las principales causas de desplazamiento de los cultivos con las repercusiones que esto tiene para los ecosistemas.

Recordamos que en julio de 2008 se reunió en la ciudad de Viena un grupo de trabajo intergubernamental de expertos sobre cooperación internacional en materia de erradicación de cultivos ilícitos y desarrollo alternativo. Los expertos de la UE que acudieron a esa reunión elaboraron un borrador con los puntos clave que resumen la actual postura de la UE sobre desarrollo alternativo.

Destacamos también la relevancia de este grupo de trabajo, pues era uno de los cinco grupos que se organizaron en el marco del proceso de revisión de la UNGASS, la sesión especial sobre drogas de la ONU. El objetivo de estos grupos era el de preparar el segmento de alto nivel del 52º período de sesiones de la Comisión de Estupefacientes que tendrá lugar el 11 y 12 de marzo próximos en Viena, en el cual se definirá la política internacional de drogas para la próxima década.

Siendo consecuentes con este marco teórico, la UE y los países miembros –especialmente los principales donantes, Alemania, Suecia, Países Bajos y España- podrían presionar al Gobierno colombiano para que reconsidere la estrategia de la erradicación forzada (particularmente las fumigaciones con glifosato) y condicionar sus programas de cooperación a la efectiva puesta en práctica de lo que la UE llama un desarrollo alternativo integral que “le apuesta al Desarrollo Local Integral, con el fin de abordar problemas estructurales subyacentes de marginalización y pobreza”.

Al mismo tiempo, y siempre dentro de esta óptica, la UE debería emprender un profundo examen crítico de los programas de cooperación en curso en Colombia, como los Laboratorios de Paz, entre otros, para determinar si éstos están efectivamente ofreciendo soluciones estructurales a la población para la que se realizan, y contribuyendo a la superación de la pobreza. Con mucha frecuencia estos programas han quedado inscritos dentro de los intereses económicos de las empresas europeas a quienes les interesa mucho más una producción destinada al mercado global y hacen caso omiso de las necesidades e intereses locales.

Amira Armenta

Cuál es la eficacia de la erradicación de los cultivos de coca

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Como siempre que se habla de cifras relacionadas con la coca, la noticia ha salido en los grandes medios de prensa: en 2008 se ha alcanzado un nuevo récord en erradicación de cultivos ilícitos en el marco de la guerra a las drogas. Según la policía antinarcóticos colombiana, este año se erradicaron en el país 224.478 hectáreas. De éstas, 95.323 hectáreas fueron destruidas manualmente, y el resto (129.155) fue fumigado con Roundup, el tóxico que contiene el herbicida glifosato y que se viene asperjando desde hace años sobre estos cultivos.

Dado que las autoridades antinarcóticos se habían fijado al principio de este año el objetivo de erradicar 230.000 hectáreas, esta masiva erradicación ha sido considerada como un éxito. (Bueno, faltan unas cinco mil y pico de hectáreas para que cuadren las cifras, pero me imagino que no será difícil acabar con éstas en los pocos días que quedan del año). Ante el objetivo cumplido, ¿quién podría cuestionar el éxito de la policía?

Ya nos hemos referido antes en esta página a la naturaleza de estos ‘éxitos’ antinarcóticos, que tienen algo de victoria pírrica en las que se gana perdiendo. Pierde la naturaleza de uno de los países más megadiversos del planeta, pierden los campesinos, cultivadores de coca o no, pierde el Estado colombiano la posibilidad de ganarse a los campesinos, y más paradójico aún, el país pierde en el avance de sus objetivos antinarcóticos.

Esto último no es una especulación, es una afirmación extraída de la observación de los resultados de la estrategia de la erradicación forzada en los últimos años. Una buena indicación de que hay algo insano en todo esto la ofrecen las mismas estadísticas. Cómo se explica que aunque a finales de 2007 hubiera oficialmente en Colombia 99.000 hectáreas sembradas, sin embargo durante 2008 la policía hubiera tenido que fumigar más del doble de esa cantidad. Se explica por la resiembra, claro. Una resiembra que se produce aceleradamente y que genera enormes consecuencias ambientales debido a que habrá comportado expansión y desplazamiento de los cultivos.

Como lo muestra esta tabla, la erradicación por aspersión aérea se ha venido incrementando desde 1999, con excepción de 2007, año en que se fumigó un poco menos que en 2006.

Año

Errad. aérea

Errad. manual

1999

43.112

2000

58.073

2001

94.152

2002

130.364

2003

132.814

2004

136.552

2005

138.772

2006

172.026

43.051

2007

153.135

66.805

2008

224.478

95.323

Una de las razones para que se fumigara menos en 2007 tuvo que ver con una decisión de disminuir la erradicación aérea para aumentar la erradicación manual. (Véase los últimos tres años en la tabla) Recién terminaba la primera fase del Plan Colombia y se redujeron los fondos destinados a fumigaciones. En el siguiente gráfico del último informe de la ONUDD sobre cultivos de coca en los Andes, no aparece 2008, pero sabemos que las curvas de las dos erradicaciones, manual y aérea, son ascendentes.

Fuente ONUDD - Comparación errad. aérea y manual

Fuente ONUDD - Comparación errad. aérea y manual

No resulta muy sensato que el gobierno continúe fumigando y practicando la erradicación manual forzada sabiendo que paralelamente se produce una resiembra.Lo sabe no solamente por la experiencia de los últimos años, lo sabe también porque sus programas de sustitución de cultivos (con poquísimas excepciones) no tienen ni el carácter ni el alcance suficiente para representar una verdadera sustitución, porque con mucha frecuencia el llamado ‘desarrollo alternativo’ no está concebido para prestar un servicio de ayuda en primera instancia a las comunidades necesitadas. Porque sabe que las regiones siguen abandonadas a su suerte, presa fácil de grupos armados y narcotraficantes. En este contexto –y mientras haya demanda para la cocaína- se seguirá repitiendo un esquema de erradicación y resiembra

Los programas de erradicación forzada son así el perfecto ejemplo para entender una acción que es eficiente en sí misma pero no es eficaz para los objetivos finales que se propone. En breve, ésta es la clase de ‘éxitos’ que más valdría no obtener.

Amira Armenta

No basta con ‘compartir la responsabilidad’ por las drogas cuando lo que se necesita es un cambio en la política de drogas

Presentación del vicepresidente Santos en La Haya

Presentación del vicepresidente Santos en La Haya

Ayer, 8 de diciembre, fue la clausura en el ayuntamiento de la ciudad de La Haya (Holanda) de la exposición “Shared Responsibility”. Como lo hemos venido informando en este blog, esta exposición hace parte de una campaña de la vicepresidencia de Colombia para informar a los países consumidores de cocaína sobre los daños ambientales que causan la producción de coca y cocaína en uno de los países más megadiversos del mundo, Colombia.

La clausura contó con la presencia del vicepresidente Francisco Santos quien presentó un Power Point con las imágenes y cifras de los daños ecológicos y el mensaje final a la opinión pública europea: cada vez que ustedes consumen una raya de coca se esfuman varias hectáreas de bosques en Colombia.

Lamentablemente, aparte de un par de periodistas pertenecientes a medios holandeses, el público invitado a este evento, ni era representativo de la población consumidora, o potencialmente consumidora, ni parecía estar muy informado sobre el problema. Lo primero era evidente por el aspecto de la gente, lo segundo por las preguntas que se le hicieron al vicepresidente Santos después de su presentación. Preguntas de cajón. Y aunque está claro que en ese tipo de eventos no se trata de generar un debate, a algunos de los asistentes nos quedó la duda sobre si este tipo de campañas sirven para algo más que para convocar eventos sociales como el cóctel de ayer.

Como lo hemos documentado en un informe reciente reseñado en una entrada anterior, si bien la producción de coca y de cocaína, en las condiciones de ilegalidad en las que se realizan actualmente, contribuye a la destrucción de la naturaleza y a la contaminación ambiental, no se puede esperar que la solución a este problema provenga de los consumidores de los países occidentales por mucho que se les informe sobre la catástrofe ambiental asociada al producto que consumen. La solución, en cambio, y a esto no se refirió en absoluto el vicepresidente, corresponde al propio gobierno colombiano. Un poco de voluntad política para cambiar la orientación de políticas como la de las fumigaciones con herbicidas, harían más por la naturaleza y contra la polución de las fuentes de agua que todas las campañas publicitarias que cuestionan el consumo.

No se trata de condenar la campaña en sí misma. La publicidad para desestimular el consumo de sustancias es muy justa. Pero mientras se mantenga el actual régimen para las drogas, la efectividad de estas campañas es, como reza un proverbio holandés, como trapear el suelo con el grifo del agua abierto. Mientras el gobierno no esté dispuesto a replantearse la actual estrategia para las drogas, mientras no esté dispuesto a asumir un debate amplio, sin condicionamientos y presiones ideológicas o económicas impuestas desde el exterior, un debate tendiente a revisar objetivamente todo lo que ha fallado hasta el momento, se seguirán repitiendo los errores con todas sus consecuencias sociales y ecológicas.

Amira Armenta