No más erradicación a la fuerza

Campo de opio en la provincia de Helmand, Afganistán

Campo de opio en la provincia de Helmand, Afganistán

La erradicación a la fuerza no funciona. Es lo que en pocas palabras se desprende de los dos últimos informes recién publicados por el TNI y WOLA, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos.

En el primer informe, Drogas, seguridad y cooperación, Ricardo Vargas señala cómo en Colombia, la presencia amenazante de los grupos móviles de erradicación manual genera la desconfianza entre las comunidades. En la mayoría de los casos, éstas se ven forzadas a aceptar la acción erradicadora porque saben que esto les representa en su momento algunos subsidios. Pero como por lo general esta ayuda no es sostenible, porque, con muy raras excepciones, el Estado no construye alternativas viables que tengan en cuenta las particularidades de cada región, al cabo de un cierto tiempo el cultivador se ve obligado a recurrir de nuevo al cultivo ilegal.

La utilidad que saca el Gobierno de estos precarios acuerdos es que le permite mostrar en determinado momento que hubo una reducción del área sembrada de coca, y de este modo cumplir con sus compromisos internacionales de reducción de la producción. La obsesión por la cifras oculta el problema de que un área que en un año anterior fue despejada, en el próximo año puede aparecer nuevamente sembrada de coca. La erradicación en Colombia se ha vuelto una especie de pantomima que representan Gobierno y cultivadores todos los años mientras la producción permanece relativamente estable y los problemas se reproducen en las regiones.

Otro aspecto que destaca Vargas en el informe es que una política antinarcóticos que se vale del uso de la fuerza en áreas marginales con graves problemas de exclusión social y económica, no funciona. Si bien es verdad que el cultivo de coca es un recurso financiero para la guerrilla, también es verdad que en las zonas de cultivo -en muchos casos zonas de colonización- existen problemas sociales extremos que el Gobierno no debería desconocer abandonando de hecho a la población civil en brazos del grupo guerrillero en control. Qué confianza se puede esperar generar entre las comunidades de esas zonas cuando se sabe que los operativos de erradicación son auténticas acciones militares destinadas a matar dos pájaros de un tiro, el cultivo y el guerrillero. La desaparición temporal de la coca y de la guerrilla no trae consigo una solución para los problemas de alimentación, salud, educación de las comunidades.

Erradicación manual forzada y fumigación junto con una ofensiva militar han sido las características de la estrategia antinarcóticos en zonas de fronteras, como Putumayo y el Arauca, y en áreas de los departamentos de Caquetá, Guaviare y Tolima, todas éstas, áreas en donde hay focos de grupos armados insurgentes, pero también gente común y corriente sobreviviendo en condiciones marginales.

El informe de Wola titulado Development First (Primero el desarrollo), resalta que la erradicación de coca u opio puede ser contraproducente si se practica en circunstancias en las que los programas alternativos todavía no se han consolidado. No se trata de ninguna primicia. Es algo que vienen repitiendo desde hace años los diversos organismos internacionales dedicados al tema de la sustitución de cultivos, incuidas las respectivas instancias en Naciones Unidas. Todos están de acuerdo en que los programas de desarrollo implementados para reemplazar la economía agraria de la coca y la adormidera para opio no deben estar condicionados a la erradicación.

Este documento destaca ‘diez lecciones’ que han dejado las varias décadas de experiencia en materia de desarrollo alternativo en países como Tailandia, Birmania, Afganistán y los países andinos. Ahora que Estados Unidos comienza a revisar su política de drogas para el hemisferio occidental, el tratamiento que se le dé al problema de los cultivos es esencial para los resulatdos que se espera obtener en las siguientes fases de la cadena de las drogas.

Finalmente, recomiendo también la lectura de otro documento publicado recientemente y relacionado con este tema, titulado, After Plan Colombia, del Center for International Policy. Este documento examina dos programas de la agencia nacional colombiana CCAI (Centro de Coordinación de Acción Integral), identificada como la sucesora del Plan Colombia.

A través del estudio de los casos de la Macarena y los Montes de María que fueron seguidos de cerca durante varios meses por los autores del documento, el informe explica estos programas de Acción Integral que se caracterizan por su combinación de estrategias antinarcóticos, contrainsurgentes y de desarrollo.

Aunque, de acuerdo con los autores, Acción Integral representa una mejora con relación a lo que era el viejo Plan Colombia – principalmente pro razones del desbalance entre lo militar y lo civil que caraterizaba al Plan Colombia con su 80 por ciento del presupuesto dedicado a la guerra –, el informe previene no obstante sobre los riesgos que se ciernen sobre esta estrategia. Entre muchos otros, estos riesgos están relacionados con el problema de la tenencia de la tierra. El actual contexto de contrarreforma agraria que vive el país, que ha limitado al máximo el acceso de los pequeños campesinos a la tierra y a los subsidos va en contravía con cualquier iniciativa de desarrollo de las regiones agrícolas que se pretenden recuperar.

Un aumento de lo civil y lo social en las estrategias no es de por sí una garantía de éxito. Es lo que este informe sugiere, ahora que Estados Unidos se apresta a aplicar en Afganistán el modelo de la Acción Integral, cuyos buenos resultados todavía están por verse en Colombia.

Amira Armenta

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