El acuerdo entre Estados Unidos y Colombia: una oportunidad para el diseño de una política regional de lucha contra el narcotráfico

Por: Adriana Rodríguez Salazar, investigadora social.

La firma del acuerdo de cooperación entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos, establece un nuevo hito para la seguridad regional. La presencia de “uniformados norteamericanos” en siete bases militares colombianas, bajo el argumento de fortalecer la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo,  constituye un riesgo para el equilibrio de la seguridad de la región. Utilizar la lucha contra las drogas es una apuesta arriesgada de Washington, pues su política está cuestionada por los escasos resultados, en el crecimiento del narcotráfico, la delincuencia organizada, las bandas criminales y del poder de los grupos armados.

La preocupación de los gobiernos de la región se evidenció en la Cumbre extraordinaria de la Unión de Naciones Suramericanas, Unasur (28 de agosto del 2009) Aunque no se condenó el acuerdo, se confirmó la necesidad de contar con una política de lucha contra el narcotráfico, no alineada a Washington, sino basada en los principios de la integración suramericana. Esta coyuntura es una oportunidad para avanzar en las reformas a las políticas fracasadas.

Firma de un acuerdo internacional sin consulta ni debate

Desde que se supo que el gobierno del presidente Correa no daría continuidad al acuerdo de la Base de Manta, se prepara una alternativa que permita la operación de militares norteamericanos en Sudamérica. En el 2008 se mencionaba a la Base de Palanqueros como un punto estratégico que, junto a las bases de Tres Esquinas (en el Caquetá) y Tolemaida (en Cundinamarca) permitirían la presencia militar de uniformados estadounidenses [1] (Lindsay-Poland, 2009). El acuerdo que ha despertado las alarmas de los países de la región, aunque aún no se conoce, ha sido firmado entre los Estados Unidos y Colombia.

Lo que hasta ahora se sabe es que el acuerdo permitirá el tránsito de militares estadounidenses en siete bases colombianas ubicadas estratégicamente en el país. El mayor acceso y uso se permitirá en las base de Malambo y Cartagena, en el Caribe; Apiay, Tolemaida y Palanquero, en el centro del país; Larandia, en el sur y; Bahía Málaga, en el Pacífico.

La base de Palanquero resulta estratégica para poder establecer la unidad militar más importante en la región, después de haber abandonado el Canal de Panamá. La base destaca por una gran capacidad operativa y tecnológica. Posee la pista más larga del país (3.500m, 600 más que la de Manta); es la única con barrera de frenado para aviones que aterrizan a altas velocidades y permite el despegue simultáneo de hasta tres aviones. Por su ubicación permite que los aviones Kfir lleguen en menos de 10 minutos a La Guajira, en la frontera con Venezuela; y al sur del país, en la frontera con Ecuador (Revista Cambio, 2008).

Según la web del Comando Aéreo de Combate No.1, la base de Palanqueros destaca por su desarrollo tecnológico y capacidad para realizar operaciones de gran rapidez y precisión. Además de helicópteros, cuenta con el C-47T, llamado el avión fantasma; aviones satélite M5M 3001, 3022; aviones de combate (Kfir 3049; y Kfir C-7); y, desde el 2004, opera un avión Caravan C-208 con la más alta tecnología para operar durante 24 horas [3]  (Comando Aéreo de Combate No. 1, 2005). La misma fuente describe la Operación Marte (2001) en la que se lanzó una bomba Griffin –conocida como bomba inteligente porque se guía por láser-, desde el avión Satélite M5M 3001, acompañado por aviones 3022 y Kfir 3049 (Comando Aéreo de Combate No. 1, 2005).

El incidente del bombardeo al campamento de Raúl Reyes en Ecuador causó la ruptura de las relaciones entre Colombia y Ecuador. Las dudas sobre el alcance de las operaciones militares son legítimas para todos los países de la región, incluido el gobierno peruano que aun apoyando a Colombia propuso la verificación de las bases por parte de la Unasur; aunque la propuesta peruana no fue aprobada.

No menos importante es la base que opera en el Pacífico colombiano. De acuerdo con la web de la Armada Nacional, Bahía Málaga “es un sector estratégico, equidistante de los límites colombianos con Panamá y Ecuador. Llamada ‘El Faro del Pacífico Colombiano en el siglo XXI’, ya que se constituye en el más importante polo de desarrollo del litoral a las puertas del nuevo milenio” .[4] La alusión de Chávez sobre los intereses de Estados Unidos hacia el Pacífico, no es descabellada, toda vez que la ampliación de mercados es urgente así como la apertura de canales y vías de comunicación que permitan la circulación de mercancías.

Por su importancia, el acuerdo debería debatirse públicamente, puesto que afecta la política internacional del país e incide en la relación con otros países de la región, como quedó demostrado en la reunión extraordinaria de presidentes de Unasur (Bariloche, 28 de agosto 2009). En Colombia debería plantearse el debate sobre la legitimidad de un acuerdo que no fue sometido al debate del Congreso, ni a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. Es fundamental que el país se conozca y se discuta el acuerdo, entre otras cosas, para revisar sus implicaciones sobre la soberanía nacional o sobre el destino y uso de la información que de allí se obtenga.

Realmente hay motivos para que los gobiernos sudamericanos reaccionaran ante el anuncio del acuerdo ya firmado; según el General Padilla, con una vigencia de 10 años prorrogables y una inversión para la Base de Palanqueros de cerca de 42 millones de dólares, a fin de “tener las especificaciones internacionales que puedan recibir los equipos que se vayan a traer para mejorar nuestra capacidad” . [5]  (Ministerio de Defensa Nacional de Colombia, 15 de julio de 2009). El Ministro de Defensa también señaló que con los niveles de instrucción y entrenamientos a los que se ha llegado, se tiene capacidad de ofrecer ese mismo entrenamiento e instrucción a otros países de la región para “ayudarles en su lucha contra el narcotráfico que hasta ahora inician”.

No olvidemos que el objetivo del acuerdo es “fortalecer una cooperación ya existente en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo profundizándola en unas áreas específicas”, según el Ministro de Defensa colombiano, Gral. Freddy Padilla. El argumento fundamental es fortalecer la política existente contra el narcotráfico, a pesar de los escasos resultados del Plan Colombia y de la alta inversión militar [6]  que se realizó con la misma justificación: la lucha contra las drogas y el terrorismo.

¿Seguir aplicando una política fracasada en la lucha contre el narcotráfico?

El argumento que sustenta el acuerdo es la cooperación en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. La doctrina de seguridad del Plan Colombia, aplicada con el apoyo del gobierno Bush se repite para justificar las operaciones militares en territorio colombiano. Sin embargo, convendría revisar los resultados de dicha política en cuanto a la reducción de la producción de cocaína en Colombia y en la disminución del narcotráfico.

Aunque en el balance oficial del Plan Colombia se presenta un saldo positivo en la lucha contra las drogas cuando se habla del 60% de descenso en el área cultivada desde su aplicación en 1999; el análisis conjunto de los factores asociados a la producción muestra un resultado diferente. Las mediciones de la  Oficina de las Naciones Unidas para las Drogas y el Delito muestran que el área cultivada aumento un 27% durante el último año. En los últimos diez años se incrementó la capacidad de producción, llegando casi a duplicarse al pasar de 350 a 600 toneladas métricas, entre 1997 y el 2007.

Áreas de cultivos de hoja de coca, áreas fumigada y
producción potencial de cocaína en Colombia

año       cult (h)     fumig (h)    cocaína-tm

1997    79.100     41.797        350
1998    102.000   66.029       435
1999    160.000    43.112        680
2000    163.000    58.073      695
2001    145.000    94.152       617
2002    102.000    130.364    580
2003    86.000    132.814       550
2004    80.000    136.552      640
2005    86.000    138.772     640
2006    78.000    172.026     610
2007    99.000    153.135      600

Total fumigado:    1.166.826

Fuente: La autora con base en UNODC, Oficina de las Naciones Unidas para las Drogas y el Delito (siglas en inglés). Andean Region. A survey of Bolivia, Colombia and Peru. June 2008 [7]

Décadas después de la aplicación de la política basada en la tolerancia cero a la producción, Colombia continúa siendo el principal país productor de cocaína, con el 61% de la producción potencial mundial. Aunque en los últimos diez años se han fumigado más de un millón de hectáreas y se han asperjado toneladas de mezcla química de round-up y surfactantes sobre los cultivos de coca, el área cultivada aumento en un 20% entre 1997 y el 2007.

¿Es eficaz está política? Se justifican sus impactos sociales, ambientales, culturales, políticos y militares para el país?. ¿Porqué se mantiene una política fracasada?

El narcotráfico está lejos de disminuir; por el contrario se diversifica y adapta, en una dinámica similar a la del efecto globo de los cultivos de coca, puesto que una de sus características es su fragmentación y volatilidad. Así, se pasó de la época de Pablo Escobar y la persecución a los grandes cárteles, en los ochentas y noventa, a la atomización de los grupos que controlan las diferentes fases de transformación y distribución; así como las rutas y corredores estratégicos. El negocio se ha especializado y deslocalizado, siguiendo la lógica del capital, sólo que nutrido por la criminalidad asociada a la ilegalidad de la actividad. En este sentido, el análisis del narcotráfico como uno de los motores de la violencia colombiana es fundamental para comprender el ejercicio de prácticas ilegales y privadas de acumulación de capital que permean la estructura social, política, institucional y económica del país [8]  (Krauthausen, 1998).

Entre tanto se repite el ciclo de la deforestación, para establecer nuevos cultivos, y las  fumigaciones, para erradicarlos; mientras se avanza sobre ecosistemas estratégicos como la Amazonía y el Pacífico Biogeográfico, además de numerosos parques naturales y resguardos indígenas. La población que habita dichos territorios padece los efectos perversos del narcotráfico y de su capacidad para agudizar la violencia.

En Colombia se cuentan numerosos estudios que documentan el fracaso de la política de lucha contra el narcotráfico. Además existe conocimiento sobre las fases de producción, distribución, comercialización; así como de la expansión del narcotráfico, de sus redes, de los impactos que ha generado al conjunto de la sociedad y su rol perverso en la agudización del conflicto interno del país. Aunque el gobierno colombiano se niega a reconocer la existencia del conflicto, el desplazamiento interno -uno de los más graves del mundo, con 4 millones de desplazados- es una evidencia de la lucha territorial que existe entre grupos armados que, alimentados por el narcotráfico, se disputan para mantener sus espacios de control y tráfico . [9] La reciente masacre del pueblo Awa es una clara muestra de la existencia de un conflicto que también afecta gravemente a los pueblos indígenas. Estos pueblos, junto con el campesinado, están viviendo el desplazamiento de sus territorios; mientras avanza la inversión de empresas extractivas y multinacionales atraídas por las políticas de privatización y de liberalización económica.

Según el estudio de la Fundación Seguridad y Democracia, el poder corruptor y de generador de violencia del narcotráfico se expresa en las altísimas tasas de homicidio y de secuestro de últimos quinquenios, en la crisis humanitaria del desplazamiento, en el fortalecimiento de los grupos armados y en la creación y utilización de otras rentas ilegales que generan más violencia y más crimen [10]  (Rangel, 2008). Nuevamente volvemos a la necesidad de revisar la política de drogas y de asumir el debate que permita aplicar otras fórmulas pata resolver el problema del narcotráfico que ha extendido sus redes y rutas a Centroamérica, afectando la seguridad de países como México y Guatemala.

La revisión de la política contra el narcotráfico es perentoria. Desafortunadamente la Conferencia mundial contra las Drogas (Viena, 2009) dio muy pocos avances, entre otras cosas porque aún no se definía la política norteamericana que seguiría el presidente Obama. Al respecto, sería interesante preguntarse si la política de lucha contra las drogas aplicadas en los principales países productores de heroína y cocaína en el mundo – Afganistán y Colombia- es la correcta para resolver los conflictos que viven estos países y que afectan la seguridad de las regiones.

Esta coyuntura puede ser la oportunidad para reformar la política de lucha contra las drogas. El escenario de la Unasur es una oportunidad para discutir y diseñar una estrategia propia para la lucha contra el narcotráfico, a partir de la experiencia y el conocimiento de las comunidades locales, las organizaciones sociales, los pueblos indígenas y sus usos ancestrales, la academia y demás sectores que tienen alternativas para definir una política justa y eficaz contra las drogas.

3-. La oportunidad para Unasur

La reunión extraordinaria de presidentes de Unasur arrojó resultados interesantes: primero, se fortalece su rol como la instancia para tratar temas de interés estratégico como la seguridad regional; segundo, logró la moderación del tono de los presidentes Chávez, Uribe y Correa, evitando incidentes mayores; y tercero, se firmó una declaración [11]  que puede constituirse en una valiosa oportunidad para la región.

La Unasur se fortalece como la instancia regional, que en el marco de la OEA, en la que se discutirán la política de seguridad. La convocatoria a una reunión extraordinaria a los Ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa, para que -durante la primera quincena de septiembre próximo- diseñen medidas de fomento de la confianza y de la seguridad. El Consejo Suramericano de Defensa analizará el texto de la “Estrategia suramericana. Libro Blanco, Comando de Movilidad Aérea (AMC)” y verificará la situación en las fronteras para que el Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, consideren los cursos de acción a seguir. Habrá que esperar el resultado de dicha reunión para conocer los pasos a seguir por los gobiernos.

Esta puede ser una oportunidad para que Unasur avance en la creación de una política de seguridad común, como eje fundamental para su consolidación como una alternativa en un mundo que tiende a la multilateralidad de las relaciones y la recomposición de equilibrios globales. En este sentido la reflexión del presidente Lula sobre la histórica relación de América Latina con el Primer Mundo y la desconfianza que se tenían los Estados durante la guerra fría según sus alianzas con Estados Unidos o con Europa. La nueva realidad del siglo XXI plantea cambiar el paradigma para asumir la solidaridad del continente y la independencia frente a potencias externas (Revista Semana, [12] 29 de agosto de 2009).

Respecto a la posición del gobierno del presidente Obama frente a América Latina y la política contra las drogas y el terrorismo existen muchas preguntas aún sin responder. Aún no se evidencian los cambios del nuevo gobierno norteamericano para desmarcarse del enfoque Bush sobre seguridad. La Asamblea General de la ONU, en septiembre, será el escenario del próximo encuentro entre los presidentes de Unasur y se espera, que también sea el espacio en el que Washington se pronuncie sobre el alcance del acuerdo militar firmado con Colombia y sobre otros temas de la política hacia América latina, como la condena al golpe militar en Honduras.

Otra de las decisiones de la reunión de Unasur fue la puesta en marcha del Consejo Suramericano de Lucha contra el Narcotráfico, [13] para que elabore “en forma urgente” su Estatuto y un Plan de Acción para definir una Estrategia Suramericana de lucha contra el tráfico ilícito de drogas y de fortalecimiento de la cooperación entre los organismos especializados de países de la región. Este Consejo fue creado en la III Reunión Ordinaria del Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la UNASUR, en Quito el 10 de agosto pasado. Entonces ya preocupaba la firma del acuerdo entre Estados Unidos y Colombia. La propuesta la realizó el presidente de Bolivia, Evo Morales, planteándolo, como un escenario local para la discusión y evaluación de las políticas antidrogas de la región, “garantizando la neutralidad y despolitización de un tema tan sensible e importante para nuestros países”. [14]  (Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia, 10 de agosto 2009). Fue aceptado por todos los gobiernos, aunque el colombiano con: “reserva de que deben resguardarse los programas y políticas nacionales en esa área”.

El Consejo puede recoger la experiencia regional y diseñar una política común. Existen numerosas iniciativas, conocimiento, estudios y experiencias que pueden contribuir al diseño de una política regional más justa y eficaz contra la lucha contra el narcotráfico. A nivel regional se cuenta con las recomendaciones de la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia [15]  -integrada entre otros, por los ex presidentes latinoamericanos Fernando Enrique Cardoso, de Brasil; Ernesto Zedillo, de México y César Gaviria, de Colombia- en las que se recomienda cambiar de paradigma ante el fracaso de “las políticas prohibicionistas basadas en la represión de la producción y de interdicción al tráfico y a la distribución, así como la criminalización del consumo” . [16]

También el informe de la Comisión Europea  [17] sobre la Estrategia Mundial de Drogas 1998-2008 concluye que no hay evidencias de que el problema global de las drogas haya sido reducido durante el periodo de la UNGASS: “Para algunos países el problema mejoró pero para otros empeoró de manera significativa. Generalmente mejoró en los países ricos y empeoró en unos pocos países grandes en vías de desarrollo o en transición” [18]  (Encod, 2009).

Existen diversos tipos de organizaciones de la sociedad civil que conocen y aplican procesos alternativos de producción y consumo, atención sanitaria, educación, prevención, etc. Se cuenta con diagnósticos, estudios y experiencias que sustentan la viabilidad de una política de droga justa y eficaz. Involucrando a la sociedad civil se contribuye, además de reforzar el tejido social, a la consolidación de la democracia a través de la participación del pueblo.

El escenario está servido para el debate sobre la política de drogas. La legalización es uno de los temas que deberán tenerse en cuenta, así como la criminalización de los eslabones más débiles de la cadena del narcotráfico: productores y consumidores, entre muchos otros asuntos. Existen propuestas y experiencias de reducción de daños que pueden contribuir al debate y la reforma de la política contra el narcotráfico.

Otra reflexión sobre la Cumbre de Bariloche, es la importancia de la moderación de los tonos. La seguridad regional es un tema complejo y por lo mismo, convoca a radicalismos y despierta los populismos que han caracterizado a las democracias latinoamericanas. El debate sobre la lucha contra las drogas y el terrorismo está directamente asociado a la doctrina de seguridad de los países y toca temas sensibles como la soberanía nacional, despertando fervores electorales.

El debate ideológico es inevitable puesto que está en juego la apuesta por consolidar la integración suramericana -con la activa participación de gobiernos de la “nueva izquierda latinoamericana”, aunque con diferentes matices entre reformistas y radicales- como alternativa en el mundo multipolar del siglo XXI. Las políticas del siglo pasado, basadas en el enfoque de la guerra fría, deberán ser ajustadas a la realidad de la globalización y de la crisis estructural sistémica del modelo capitalista. Los recursos naturales, la sostenibilidad del planeta, el crecimiento de la desigualdad y la injusticia social en el mundo resultan estratégicas; así como la generación de alternativas para otro mundo posible.

América del sur es la quinta potencia mundial (con un PIB de 973 613 millones de dólares), tiene la cuarta población del mundo (361 millones de habitantes), posee el 27% del agua dulce del mundo y dos océanos, dispone de 8 millones de kilómetros cuadrados de bosques; es la región que más alimentos produce y exporta en el mundo, dispone de hidrocarburos para 100 años (Comunidad Andina – Unasur) [19]

Abordar el problema del narcotráfico constituye un reto, puesto que significa actuar sobre la delincuencia organizada que actúa en la cadena del circuito ilegal -tráfico de insumos, procesamiento industrial, rutas de distribución, comercialización a gran escala, tráfico de armas, blanqueo de capitales- y que tiene gran capacidad de corrupción e infiltración en todos los segmentos de la sociedad. Así mismo, habría que considerar la relación existente entre los grupos armados y el narcotráfico; sabiendo que este último actúa como dinamizador de los conflictos, en la medida en que se beneficia de la ilegalidad y la violencia. El control de los territorios resulta estratégico para los grupos armados se benefician del negocio y se fortalecen, consolidando su espacio de  dominación –incluida la sociedad- y extendiendo su influencia.

Lograr el debate sobre estas relaciones es fundamental. La ciudadanía debería informarse, como un derecho; y participar, como una obligación. La moderación de los tonos en la reunión de Bariloche y  su trasmisión en directo por la televisión – a pesar de la protesta del presidente Lula-, favorecen la democracia. La posibilidad de conocer y debatir estos temas constituye la esencia de la participación, y quizá permitan buscar salidas pacíficas a la situación colombiana.

4-. Aprender de la experiencia para formular una política justa y eficaz

La declaración final de la región es un avance interesante en cuanto a la necesidad de diseñar una política común contra el narcotráfico. Es esta la oportunidad para avanzar aplicado las múltiples propuestas existentes y recuperar la experiencia de campesinos productores, de comunidades indígenas, de organizaciones sociales que han trabajo en las áreas afectadas, gobiernos locales e investigadores que pueden aportar las bases de un proceso colectivo para el combate al narcotráfico en la región.

Existen señales favorables como la aceptación del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas para dar inicio al proceso revisión de la propuesta de Bolivia de enmendar la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961 para eliminar la obligación de acabar con la masticación de la hoja de coca, práctica ancestral de pueblos indígenas de Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Colombia. El seguimiento a este proceso puede también ser escenario para la discusión de la política prohibicionista, pues durante dieciocho meses las partes pueden expresar sus objeciones y comentarios . (TNI, 2009) [20]

En otros países se dan pasos para reformar la política de lucha contra el narcotráfico. La reciente despenalización de la tenencia de marihuana para consumo personal en Argentina, es otro paso para el cambio de enfoque para la descriminalización de los consumidores y la reducción de daños con la atención sanitaria adecuada. Brasil y México también despenalizaron la posesión para el uso personal  (2004 y 2009 respectivamente); Ecuador indulto a las ‘mulas’ y prepara una nueva ley de drogas que contempla la despenalización de la posesión [21]  (Armenta, 2009).

En el Foro Mundial de Cultivadores de Plantas Declaradas Ilícitas (Barcelona, 2009) se analizaron los resultados de la política contra las drogas y se evidencio la importancia de compartir experiencias de las que se puede aprender, que se pueden replicar y fortalecer. Por ejemplo, se tiene el control social que ejercen los productores tradicionales de Bolivia para garantizar el limite de la producción, en colaboración pacífica con las autoridades y para evitar problemas con los vecinos [22]  (Negreti, 2009). En el Cauca en Colombia, el resguardo indígena de Calderas está produciendo hoja de coca para la elaboración de infusiones, licores, galletas y otros productos que recuperan el valor nutricional de la planta. Respecto a las comunidades campesinas, se tienen experiencias de producción sostenible, pero aún no aún no existe ningún cultivo que pueda ser una alternativa frente a los ingresos que genera la coca.

Existen iniciativas locales de producción, estudios en terreno, investigaciones. En Colombia se ha investigado sobre el narcotráfico, hay propuestas de organizaciones sociales. En Ecuador, Bolivia, Argentina y Perú hay iniciativas novedosas.

Las madres contra el Paco son otro ejemplo de acciones de mujeres organizadas para luchar contra las drogas que afectan a sus hijos e hijas; para ello reclaman el apoyo del Estado, con alternativas que cubran las necesidades básicas de las comunidades. Justo la primera semana de agosto pasado se realizo la “I Conferencia Latinoamericana sobre Políticas de Drogas”, donde 650 asistentes con la presencia de expertos avanzaron el consenso hacia la propuesta de no criminalizar a los eslabones más frágiles del tráfico

La asociación civil Intercambios convocó a organizaciones no gubernamentales, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y otros organismos de Naciones Unidas, expertos e instituciones de los países para discutir sobre:

“la despenalización de la tenencia de drogas para consumo personal, reformas legislativas en la región, atención integral de los usuarios de drogas y alternativas políticas ante el fracaso de la guerra contra las drogas impulsada en los últimos veinte años ” [23] (Asociación Civil Intercambios, 2009).

Nuevos vientos corren por América Latina. La I Conferencia Latinoamericana cuestionó la eficacia de la aplicación de las estrategias estadounidenses de control de drogas tras décadas del fracaso:

Tuvo que pasar un largo período de fracasos estrepitosos y ausencia de resultados positivos para que la región empezara a cuestionar el paradigma prohibicionista. Cien años después de la primera Convención de Shangai, donde se sentaron los cimientos de la actual guerra contra las drogas, los pueblos de América hacen bien en recapacitar sobre las nefastas consecuencias de un modelo tan antidemocrático como deshumanizante ” [24] (Moncada, 2009).

Estos vientos también corren en los Estados Unidos. El movimiento anti-prohibicionsta está integrado por defensores de una política contra las drogas que respete los derechos humanos y actúe sobre problemas como los dos millones de personas criminalizadas que están en las cárceles, el incremento del consumo y la ausencia de atención sanitaria. Así mismo, están los movimientos y organizaciones que luchan por los derechos ciudadanos; muchos de los cuales apoyaron al presidente Obama. Se cuenta también con la experiencia de exfuncionarios/as de instituciones norteamericanas de lucha contra las drogas (psicólogos/as, jueces, abogados/as, policías, fiscales) que cuestionan la eficacia de la política desde su experiencia y conocimiento.

En Europa también se tienen experiencias valiosas para aportar al diseño de una nueva política justa contra las drogas y efectiva contra el narcotráfico. Además de la experiencia holandesa se cuenta con los avances de las organizaciones de consumidores, las experiencias de reducción de daños, el conocimiento de trabajadores de la salud y de personas que han trabajan o han trabajado en aparatos legales, investigaciones y activistas comprometidos.

La globalización de la información y las comunicaciones ofrecen las condiciones para reflexionar sobre una política justa; a la vez que facilitan la participación de la sociedad civil. La oportunidad política está servida.

Septiembre 3 de 2009

1.  John Lindsay-Poland. Nueva base militar estadounidense en Palanquero, Colombia.Thursday, Jun. 04, 2009 http://www.argenpress.info y http://www.colombia.indymedia.org/news/2009/06/102659.php
2. http://www.bbc.co.uk/mundo/america_latina/2009/08/090806_2113_bases_colombia_analisis_rb.shtml

3. http://www.fac.mil.co/?idcategoria=2940
4. http://www.armada.mil.co/?idcategoria=36492
5. Ministerio de Defensa Nacional de Colombia. Acuerdo que se negocia con Estados Unidos busca mejorar la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Bogotá, 15 de julio de 2009
http://www.mindefensa.gov.co/index.php?page=181&id=9180&PHPSESSID=xtfjyujdvseoj

6. El Plan Colombia permitió el incremento del 52% de los efectivos de las fuerzas armadas y el aumento del gasto en defensa y seguridad, que pasó del 3,5% del PIB en 1999 a 4,23% en el 2005  (Departamento Nacional de Planeación DNP; DJS, 2006).
7. http://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Andean_report_2008.pdf

8. Krauthausen, Ciro. Padrinos y mercaderes. Crimen organizado en Italia y Colombia. Espasa, 1998
9. Acnur, Crisis Humanitaria en Colombia. http://www.acnur.org/crisis/colombia/desplazamiento.htm
10. Alfredo Rangel y otros. La batalla perdida contra las drogas:¿Legalizar es la opción? Fundación Seguridad y democracia; Intermedio Editores Ltda., 2008

11. http://www.comunidadandina.org/unasur/10-8-09Dec_quito.htm
12. Revista Semana. “Colombia aislada”. http://www.semana.com/noticias-nacion/colombia-aislada/127954.aspx
13. http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=296233&id_seccion=3
14. http://www.rree.gov.bo/webmre/notasprensa/2009/2009_agosto/np05.htm
15. Conformada por los ex presidentes latinoamericanos Fernando Enrique Cardoso, de Brasil; Ernesto Zedillo, de México y César Gaviria, de Colombia; intelectuales y personalidades como Paolo Coelho, de Brasil; Enrique Santos, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa;  Mario Vargas Llosa, de Perú; Sergio Ramírez, de Nicaragua; Moises Naim y Tomas Eloy Martínez.
Drogas y Democracia: Hacia un cambio de paradigma Declaración de la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia.

16. http://www.drogasedemocracia.org/Arquivos/livro_espanhol_04.pdf
17. http://www.encod.org/info/IMG/pdf/Commission.pdf
18. http://www.encod.org/info/INFORME-DE-LA-UE-DEMUESTRA-EL.html
19. http://www.comunidadandina.org/sudamerica.htm

20. Transnational Institute TNI ¿Desaparecerá la masticación de la coca de las convenciones? 21 de agosto de 2009
21. http://www.ungassondrugs.org/index.php?option=com_content&task=view&id=287&Itemid=65&lang=es
Señales de cambio en la política de drogas en América Latina, 27 de agosto de 2009.
http://www.colombiadrogas.wordpress.com/2009/08/27/senales-de-cambio-en-la-politica-de-drogas-en-america-latina
22. Beatriz Negreti. “YES YOU CAN, SR. OBAMA”. De la responsabilidad compartida en el tema de las drogas. 25 de Agosto del 2009 http://www.encod.org/info/YES-YOU-CAN-SR-OBAMA.html

23. I Conferencia Latinoamericana sobre Políticas de Drogas. Conclusiones y perspectivas. http://www.conferenciadrogas.com Agosto 11 de 2009
Erich Moncada. Latinoamérica: hacia una nueva política de drogas.

24. http://www.narcosphere.narconews.com/notebook/erich-moncada/2009/08/latinoam%C3%A9rica-hacia-una-nueva-pol%C3%ADtica-de-drogas

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