Concluyó la I Conferencia Latinoamericana Sobre Drogas

EP/Agencias

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Con un fuerte debate sobre lo que son las reformas legislativas en América Latina en materia de drogas y políticas autónomas de lucha contra el narcotráfico en la región andina, hoy viernes 7 de agosto concluyó la I Conferencia Latinoamericana sobre Políticas de Drogas que se realizó en el Congreso de la Nación, organizada por la Asociación Civil Intercambios, con el auspicio de la Organización Panamericana de la Salud. En el cierre expusieron expertos de Colombia, Bolivia y Perú.

Las reformas legislativas en América Latina presentan un denominador común: descriminalización del consumidor de drogas, proporcionalidad de las penas para los pequeños traficantes y políticas de reducción de daños para acercar a quienes no pueden dejar las drogas al sistema de salud. Mientras tanto, la persecución al narcotráfico se presenta como un objetivo que no logró su meta: en Bolivia, Perú y Colombia, los tres países que en su conjunto producen la totalidad de la cocaína mundial no lograron en diez años reducir las hectáreas cultivadas, pero sí llegar a dos millones de refugiados, campesinos encarcelados y fumigaciones que denigraron el medioambiente. Estas fueron las principales conclusiones en el cierre de la I Conferencia Latinoamericana sobre Políticas de Drogas, que se realizó ayer y hoy en el edificio anexo de la Cámara de Diputados, organizada por la Asociación Civil Intercambios.

En el panel sobre “Reformas legislativas en América Latina”, la coordinadora del Comité Científico Asesor en Materia de Control del Tráfico Ilícito de Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas y Criminalidad Compleja de la Jefatura del Gabinete de Ministros, Mónica Cuñarro, señaló que el proyecto de reforma de ley de estupefacientes en la Argentina está “muy avanzado” y que “se espera el fallo de la Corte Suprema” para sentar un precedente, una  tendencia.

La experta dedicó buena parte de su presentación a analizar las posibilidades de armonización normativa entre los países de América Latina y compatibilizar convenciones para coincidir en la persecución de los delitos asociados al narcotráfico. Sobre los consumidores de drogas, señaló: “Con estas leyes tan penalistas de nuestros países deberíamos dedicarnos a fabricar cárceles. No tenemos recursos para que todo se resuelva con grandes cárceles”.

Por su parte, el diputado brasileño del Partido de los Trabajadores, Paulo Teixeira, autor de la ley que prohíbe la patente de medicamentos y de la primera ley de reducción de daños en ese país, presentó un estudio publicado esta semana en Río de Janeiro y Brasilia, que analiza 391 sentencias entre 2006 y 2008 por infracciones a la ley de drogas 11.349. El estudio revela que el 56% de los condenados estaban siendo detenidos por primera vez; el 84% no llevaba armas; el 60,8% estaba solo y no pertenecía a ninguna organización delictiva. El 50% de los condenados por tráfico de marihuana estaban en posesión de menos de 100 gramos. “Estos resultados son muy similares a los que encontró Intercambios en la Argentina al analizar su ley de estupefacientes. Y demuestra que la ley de drogas brasileña aumenta el daño a los usuarios, porque en las cárceles ingresan en el crimen organizado”, señaló.

Teixeira reveló que el PT está presentando el mes próximo un proyecto de ley que pase a “un modelo democrático” en temas de drogas, con cinco puntos:

1) Descriminalización del uso y de la posesión (modelo portugués); 2) Introducción de penas alternativas para el tráfico de drogas leves, sin posesión de armas, sin asociación con organizaciones criminales y de reos primarios; 3) Diferenciación entre usuarios y traficantes; 4) Ampliar las posibilidades de reducción de daños a nuevos servicios y 5) Uso terapéutico, autorización de pequeños cultivos de marihuana y comercialización de pequeñas cantidades.

A su turno, Michelle Artieda, subsecretaria de planificación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Ecuador, explicó que está en proceso de debate un proyecto de ley de drogas que modifique la actual, que data de 1992 y “viola el principio de legalidad, establece penas no proporcionales y no diferenciadas. Esto quiere decir que a un acto de portar cantidades mínimas pueden sobrevenir penas graves como el asesinato”, afirmó. La funcionaria ecuatoriana reveló que a segunda causa de detención en el Ecuador es la tenencia: “de las 14.000 personas privadas de la libertad, 4578 estaban vinculadas a delitos por drogas, 2200 de ellas detenidas por cantidades menores a 2 kilos”.

Un primer paso que dio el gobierno ecuatoriano a fines de 2008 fue el llamado “indulto a las mulas”, una medida que liberó a 1500 personas condenadas a prisión por trasladar pequeñas cantidades de sustancias prohibidas. Y ya introdujo una reforma en su Constitución Nacional para que se respeten los derechos humanos de quienes consumen.

La “guerra contra las drogas”

“Si seguimos persiguiendo al que consume, seguiremos siendo funcionales al narcotráfico”, dijo la jueza argentina Patricia Marcela Llerena, consultora de las Naciones Unidas en temas de Lavado de Dinero al abrir el panel sobre “Consecuencias de la guerra contra las drogas”. Y agregó: “El proceso de lavado de dinero no está hecho por personas escondidas en medio de la selva, sino por personas que entienden cuál es el grado de corrupción funcional de los Estados, para derivar el dinero proveniente de la actividad ilícita y que caminan por nuestras ciudades”.

En el contexto latinoamericano, los efectos para las poblaciones de Colombia, Perú y Bolivia, los tres países productores del 100% de la cocaína mundial, fueron analizados por el boliviano Dionicio Núñez Tangara, coordinador de Coca y Soberanía, y el experto peruano Hugo Cabieses, director de DRIS (Desarrollo Rural Sustentable).

El dirigente cocalero explicó que, tras la asunción de Evo Morales como presidente de Bolivia, se diseñó una estrategia de lucha contra el narcotráfico con una visión de respeto de derechos humanos. Bolivia propone que la hoja de coca se legisle como un producto agrícola, patrimonio del Estado boliviano, “muy alejada de las sustancias controladas”. Núñez Tangara explicó que, para la legislación vigente, “el productor de coca es lo mismo que un narcotraficante”.

La nueva estrategia de control de producción de hoja de coca para el narcotráfico incluye reducir los cultivos en forma controlada por las mismas organizaciones cocaleras. “Nuestra voluntad es estabilizar 20.000 hectáreas el cultivo, 12.000 para consumo interno, norte de Argentina y Chile, y 8000 para productos industriales. Según el monitoreo de Naciones Unidas, hay 30.000, que podemos reducir a partir de la nueva ley de coca, que estamos delineando las mismas federaciones cocaleras”, explicó.

La guerra andino amazónica, el Plan Colombia, el Plan Dignidad de Bolivia antes de que asumiera Evo Morales y la persecución en Perú fueron analizadas por el experto peruano Hugo Cabieses, quien presentó cifras contundentes: “En 1992 las hectáreas cultivadas entre Perú, Bolivia y Colombia eran 11500, en 2004 se habían reducido apenas a 11000. Esto significa que, bajo el pretexto de la lucha contra las drogas, están militarizando las fronteras de nuestros países. Estos planes no aumentan los espacios democráticos; al contrario, los restringen”.

El experto mencionó, entre los efectos de la guerra contra las drogas, la descartelización, “pues se pasó de cinco grandes cárteles a 35 grupos, bandas y minicárteles”, diversificación productiva (coca, amapola, marihuana, sintéticos) y la diversificación de mercados (EEUU, Europa, África, Asia y América Latina).

En el cierre, Graciela Touzé, presidenta de Intercambios, entidad organizadora de la Conferencia, sintetizó los dos días de encuentro: “Quizá por primera vez podemos decir que se siente un aire real de cambio en la región. Ojalá este sea el inicio de un proceso de trabajo que mejore las condiciones de nuestras poblaciones y las políticas de drogas para América Latina”.

La I Conferencia de Políticas de Drogas se realizó con la adhesión del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), la OPS, ONUSIDA y el Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC) entre otras instituciones. Además, es patrocinada por la Iniciativa Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, la Fundación Open Society Institute, la Embajada del Reino de los Países Bajos y la Embajada Británica en Buenos Aires.

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