¿Cambios en la política de drogas?

En el último número de la revista Cambio hay una notita muy interesante en la sección de “Secretos” relacionada con el tema de las drogas. Según el ‘secreto’ el ex director de la Policía y actual embajador en Austria, general (r) Rosso José Serrano, es uno de los candidatos a encabezar la dirección de la que sería una nueva oficina antinarcóticos en Colombia, la oficina de Políticas Antidrogas. Esta oficina, además reemplazaría la Dirección de Estupefacientes.

Debido a una ausencia de varias semanas en las que no tuve la oportunidad de seguir de cerca la actualidad colombiana, no sabía si la noticia de un reemplazo de la muy importante DNE por otra instancia era algo de conocimiento público. Entonces busqué en los archivos recientes de los principales medios colombianos a ver si se había informado algo al respecto. Pero no encontré nada. Si resulta que la mencionada nota tiene fundamentos, más que el posible nombramiento del general Serrano, el posible reemplazo de la DNE por una nueva oficina sería la verdadera primicia.

También según la revista, la razón para este reemplazo es que “el Gobierno considera que el país no tiene una política antidrogas clara…”. Esto también es una novedad, que además no debe hacerle mucha gracia al Ministro del Interior y de Justicia. Si entramos al sitio web de la Dirección Nacional de Estupefacientes DNE nos encontramos con una noticia del 20 de agosto que da cuenta de una presentación de la política antidrogas del gobierno nacional, hecha por el ministro Valencia Cossio ante el Senado. Una presentación que resaltó los éxitos de los seis años de gobierno de Uribe en materia de narcotráfico, así como los buenos resultados en la prevención de la producción gracias a los programas de sustitucion de cultivos ilícitos.

Si los resultados han sido tan buenos, entonces la política de drogas no es tan confusa como sugieren los rumores periodísticos. ¿Para qué se querría cambiar una política antidrogas y un organismo antinarcóticos tan eficientes?

Lo cierto es que, aparte de ironías y rumores, en estos tiempos muchos están hablando de cambios en las estrategias antidrogas. La necesidad de un cambio en la política de drogas se ha vuelto un convencimiento extendido por todo el mundo, incluso entre sectores tradicionalmente conservadores de la sociedad, y obedece sin duda a los desastrosos resultados que ha tenido el actual enfoque de cero tolerancia –tanto por el lado de la producción como del consumo- en Colombia y el resto del mundo. Que la administración del presidente Uribe esté considerando también algunos cambios no es algo que deba extrañarnos.

El asunto es entonces, qué cambios se están considerando. O mejor dicho, ¿se está considerando realmente algún cambio? Si se miran las conclusiones de una reciente conferencia en la ciudad de Cartagena –la Cumbre Regional sobre el Problema Mundial de las Drogas– lo que resultó llamándose la “Declaración de Cartagena”, y que según comenta el investigador Francisco Thoumi, no es más que ‘vino viejo en vasijas nuevas’, mejor no hacerse demasiadas ilusiones de cambio. Pues de esa cumbre, a la que asistieron representantes de los países centroamericanos y del Caribe, no salió nada concreto, sólo la reafirmación de las mismas viejas ‘buenas’ propuestas que se han hecho siempre: que el problema de las drogas es una responsabilidad de todos; que hay que seguir compartiendo las experiencias, fortaleciendo mecanismos, etc, etc. Nada que insinúe, siquiera, una intención de probar otras cosas. Como dice Thoumi, la Declaración no considera ninguna opción “…  que permitiría que los países firmantes llevaran a la Comisión de Estupefacientes 2009 una posición nueva, independiente  y creativa”. Por ejemplo, sobre la propuesta que ha hecho Bolivia de reclasificación de la hoja de coca de modo que se permita un uso de la coca diferente al médico y científico, los países reunidos en Cartagena no dijeron nada. Como si no supieran que el gobierno de Evo Morales está intentando una revaloración de la hoja de coca, y que tendría más posibilidades de lograrlo si contara con el apoyo de los otros países latinoamericanos.

En fin, como también anota Thoumi, la Declaración sólo reafirma la prohibición y la represión, y lo preocupante de ello es que lo más seguro es que este documento exprese lo que será la posición de la región en la Comisión de Estupefacientes 2009, y una vez más se pierda la posibilidad de hacer un debate objetivo sobre la efectividad de las políticas en curso.

Una señal más convincente de cambio podría verse en una iniciativa reciente de parte de varios ex presidentes latinoamericanos – Fernando H. Cardoso del Brasil, César Gaviria de Colombia y Ernesto Zedillo de México- para conformar una comisión latinoamericana sobre las drogas y la democracia con el objetivo de desarrollar una propuesta latinoamericana desprovista de ideologías, léase desprovista de la influencia estadounidense. Esta comisión en la que participan expertos en políticas de drogas de varios países -entre los cuales Martin Jelsma del programa Drogas y Democracia del TNI- se reunió por primera vez  a finales de abril en Rio de Janeiro, y se reunirá de nuevo el próximo mes de septiembre en la ciudad de Bogotá, y luego en febrero de 2009 en México. Es importante saber que esta Comisión no propone una legalización de las drogas, sino la búsqueda de políticas que contemplen soluciones por fuera de la represión y el castigo.

Quizás fuese útil que algunos representantes clave de la administración antinarcóticos del gobierno de Uribe pudieran hacerse presente en la reunión de esta Comisión latinoamericana en septiembre en Bogotá y escucharan las propuestas de los expertos internacionales y nacionales participantes.

Un mero cambio en el nombre de la oficina no representa ningún cambio en las políticas. Y de hecho, el posible nombramiento de un General no es precisamente una señal de cambio en la mejor dirección.

Amira Armenta

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