Erradicación y conflicto en Colombia

Foto EFEMientras el campesino cocalero sea tratado como un delincuente seguirá bloqueado el camino hacia la paz en el campo colombiano

 

Aunque cada vez se erradica más coca la producción se mantiene. Según el último informe anual de la Junta Internacional para la Fiscalización de Estupefacientes JIFE, cada vez se erradica más coca en Suramérica, no obstante lo cual la superficie total sembrada de arbustos de coca se mantiene estable en la región, así como también se mantiene estable la producción total de cocaína en toneladas métricas. En el caso específico de Colombia, en 2006 se erradicó un 23% más que en 2005. En 2007 se erradicó más que en 2006[1]. En 2008 se planea erradicar más que en 2007. De no producirse algún tipo de cambio en esta política, probablemente en 2009 se erradicará más que en 2008. Y así sucesivamente.

Se ha dicho ya innumerables veces: mientras los programas de erradicación de cultivos ilícitos no se realicen de manera gradual y en un marco de concertación con las comunidades campesinas involucradas, estarán condenados al fracaso, como lo demuestran las varias décadas de erradicación forzada practicada en Colombia y los países andinos. Esta recomendación, fundamentada en numerosos documentos especializados oficiales y no oficiales, parece no llegar a oídos de las instancias internacionales encargadas de dictar las políticas de drogas, que no quieren reconocer la necesidad de una revisión de la estrategia de la erradicación.

Bajo los auspicios del gobierno alemán y de la ONUDD (Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito) desde 2002 se viene realizando una serie de conferencias y evaluaciones temáticas con el objetivo de valorar 25 años de desarrollo alternativo y de sacar conclusiones sobre su futuro. Según la declaración final de la primera conferencia, “El Desarrollo Alternativo no debe ser condicionado a la eliminación previa del cultivo de estupefacientes, ni debe forzarse una reducción de dichos cultivos en tanto no se hayan fortalecido en grado suficiente los componentes lícitos de las estrategias de subsistencia”.[2]

En la sesión de marzo de 2008 de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas que tuvo lugar en Viena, se presentó el informe de balance de diez años del Plan de Acción, el cual incorporó las lecciones aprendidas en el conjunto de conferencias y evaluaciones realizadas.[3] El informe de la ONUDD es el mejor ejemplo de los avances en el debate sobre desarrollo alternativo. El documento reconoce que en el último decenio cabe decir que el cultivo ilícito mundial del arbusto de coca y de la adormidera se ha mantenido en gran medida sin cambios.” En general, con base en evaluaciones hechas por la ONUDD, el informe indica “que hay pocas pruebas de que las erradicaciones reduzcan los cultivos ilícitos a largo plazo, pues éstos se desplazan”. Por lo tanto en sus recomendaciones, el informe pide a los estados miembros que aumenten su apoyo al desarrollo rural en regiones y poblaciones afectadas por el cultivo ilícito, y que faciliten un mayor acceso a los mercados para los productos del desarrollo alternativo. Y concluye que el “desarrollo alternativo ha de evaluarse mediante indicadores del desarrollo humano y no técnicamente en función de las estadísticas de producción ilícita”. Es muy significativo que, el informe no pide a los países aumentar ni continuar con esfuerzos de erradicación forzosa.

También el International Crisis Group en su último informe sobre drogas en América Latina sugiere que se revisen métodos como el de la fumigación aérea … [y] la erradicación forzada de tipo militar del lado de la oferta y más bien darle mayor prioridad a las políticas de desarrollo alternativo y reforzar el cumplimiento efectivo de la ley con una expansión de la presencia positiva del Estado”.[4]

En el caso de un país como Colombia, donde las erradicaciones forzadas se producen en el contexto de un conflicto armado en el que se mezclan diferentes actores de violencia, el efecto negativo de las erradicaciones llega a ser aún mayor. Las erradicaciones forzadas sumen a las regiones en donde se producen en el caos, no sólo porque ha sido destruida la principal fuente de ingreso sin que exista otra en su reemplazo, sino porque esta destrucción se produce en un escenario de confrontación bélica que genera una crisis humanitaria, desplazamientos y agudización de la pobreza. Además, luego del paso de los erradicadores, así sean estos trabajadores manuales o pilotos en avionetas, los pobladores quedan en manos del grupo local con fuerza suficiente para ofrecerles alguna respuesta. En la mayoría de los casos, este grupo no es precisamente el de los representantes del Estado.

La erradicación forzada en Colombia, manual y aérea, no ha representado una vía para solucionar el problema de los cultivos ilícitos, no ha ayudado a frenar en la más mínima medida el narcotráfico, y en cambio ha contribuido claramente a ensombrecer el ambiente de seguridad en las zonas de producción, convirtiéndose en un obstáculo para la paz.

Entre la espada y la pared

Por culpa de la política de drogas que se aplica en Colombia, en el agro colombiano se expresa una relación anómala entre el Estado y el campesinado. El Estado colombiano percibe al campesino como un (potencial o de hecho) enemigo. Y el campesino por su parte, acostumbrado a no contar con el Estado, a quien ve solamente cuando llega a imponer su ley, tiende a recelar de las autoridades gubernamentales. Mientras no se supere este marco de desconfianza difícilmente se puede esperar que prospere adecuadamente cualquier plan de desarrollo.

Aunque ya parecen distantes en el tiempo las grandes marchas cocaleras que tuvieron lugar en el sur del país en los años noventa, la realidad es que versiones más pequeñas de esas protestas se han seguido produciendo en Colombia a lo largo de todos estos años. El caso más reciente es el que han protagonizado en los últimos meses miles de campesinos y sus familias de las regiones de Valdivia y del Bajo Cauca en el departamento de Antioquia. La protesta comenzó en febrero de este año cuando los campesinos se tomaron dos escuelas y la plaza principal del municipio de Valdivia quedando suspendidas todas las actividades del pueblo. Poco después serían ocupados otros municipios de la zona. Con el envío de la policía antidisturbios, no tardarían en presentarse enfrentamientos entre los campesinos y la fuerza pública con un saldo de varias decenas de heridos. Como en los casos anteriores, la reacción del gobierno fue la de atribuirle a la protesta el respaldo de la guerrilla, estigmatizando con ello a la comunidad como delincuente e invalidando de plano hasta las más mínimas reivindicaciones de los campesinos. De hecho, la región es territorio de disputa de la insurgencia y los nuevos grupos paramilitares, lo que crea un marco de violencia que con frecuencia, de manera irresponsable, los medios de comunicación y las autoridades usan como argumento para distorsionar los actos de resistencia civil de la población.[5]

Las erradicaciones no sólo se han producido en Antioquia. Tal como estaba previsto, las autoridades antinarcóticos comenzaron el año 2008 erradicando en los puntos más diversos de la geografía colombiana, en un total de 22 departamentos del país, llegándose, según datos suministrados por la prensa, a un récord de 17.000 hectáreas erradicadas en los tres primeros meses del año.[6] El interés de continuar las erradicaciones e incluso intensificarlas se vio estimulado por la habilitación que dio en octubre de 2007 el Consejo Nacional de Estupefacientes a la Policía Nacional para erradicar cultivos ilícitos en áreas de resguardos y territorios indígenas[7]. Esta habilitación llama particularmente la atención porque se producirá en territorios que padecen las secuelas del conflicto armado, una circunstancia que las autoridades prefieren ignorar, así como también prefieren ignorar el hecho de que la presencia de la guerrilla en esas zonas obedece a la ausencia de respuestas sociales e institucionales. La infiltración de la guerrilla en las comunidades no impide ni hace menos válida la justeza de los argumentos de los campesinos. Ahora estas erradicaciones ponen a las comunidades indígenas, y a otras en similares circunstancias, como se dice, entre la espada y la pared.

La política antidrogas que se aplica en Colombia bajo presión de EEUU ha contribuido fuertemente a acentuar el distanciamiento del gobierno y la población rural. Entre estos dos sectores parece producirse un diálogo de sordos. El gobierno no entiende las razones del campesino y en consecuencia criminaliza su comportamiento. El campesino, dadas las precarias circunstancias en las que vive, no puede aceptar que se le quiera eliminar el único medio de vida rentable que posee, por eso persiste en la resiembra. Esta situación viene repitiéndose año tras año en las regiones en las que se erradica. Al final de una erradicación, lo que sucede por lo general es que el gobierno se va y los campesinos vuelven a plantar la coca en sus parcelas. Hasta el año próximo cuando la zona vuelva a ser incluida en los planes de erradicación correspondientes.

El conflicto colombiano, que se desarrolla desde hace más de cuatro décadas, ha quedado ligado a la existencia de cultivos ilícitos y al desarrollo y expansión de una economía de la coca. Cualquier perspectiva encaminada a buscar vías de solución al conflicto armado colombiano –y aquí vale la pena precisar que el conflicto colombiano no existe solamente en términos de la violencia que generan las guerrillas sino también la de los diferentes grupos paramilitares asociados al narcotráfico, y a otros negocios que se mueven en los márgenes de la legalidad, así como a las acciones de miembros del ejército con cualquiera de estos grupos- deberá partir de un cambio sustancial de la actual estrategia aplicada en Colombia para los cultivos ilícitos.

Mientras tanto, las autoridades colombianas no deberían criminalizar la protesta de los cocaleros con el argumento de que detrás de éstas están las FARC. El gobierno debería mejor tomar en serio las quejas de las comunidades y reconocer que la política de la erradicación no está funcionando, no ha contribuido a frenar los cultivos y en cambio genera problemas sociales. Las fumigaciones aéreas con glifosato no son efectivas para atacar el arbusto de coca, en cambio sí afectan los cultivos de pancoger, las fuentes de agua, la salud de la población y el medio ambiente.

La erradicación, una práctica cuestionada incluso entre instancias gubernamentales e internacionales, como ha quedado señalado antes en este documento, no ha servido para prevenir la resiembra. En este sentido sería más útil que el gobierno implementara planes de ayuda a los campesinos en las áreas de cultivos de coca, programas de desarrollo alternativo sostenido que tengan en cuenta la vocación de la tierra en donde se aplican y los intereses de las comunidades participantes. Estos planes deberán propiciar una redistribución más equitativa de la tierra -especialmente la tierra incautada a los grandes narcotraficantes- y el retorno a las comunidades de las tierras que han perdido en la última década debido a la acción expropiadora de los grupos armados y de narcotraficantes.

Desde el inicio del Plan Colombia en 2000 hasta la fecha se ha erradicado más de un millón de hectáreas de cultivos ilícitos. No obstante, la producción de cocaína se mantiene todavía en niveles muy altos.[8] Las autoridades antinarcóticos no pueden seguir ignorando la contundencia de estos datos, especialmente cuando también está en juego la paz del país. El conflicto colombiano ha ido creciendo entretejido con el problema de los cultivos ilícitos. Un enfoque no represivo y generoso hacia los cultivadores le quitaría piso y fuerza social a los grupos armados en las regiones.


[1] La cantidad todavía no ha sido establecida oficialmente.

[3] E/CN.7/2008/2/Add.2, El problema mundial de las drogas, Quinto informe del Director Ejecutivo, Plan de Acción sobre cooperación internacional para la erradicación de los cultivos ilícitos para la producción de drogas y desarrollo alternativo, Comisión de Estupefacientes, 51º período de sesiones, Viena, 10 a 14 de marzo de 2008. http://www.unodc.org/unodc/en/commissions/CND/session/51.html

[4] International Crisis Group, “La droga en América Latina I: perdiendo la batalla”, Informe sobre América Latina No.25, 14 de marzo, 2008.

[5] Sobre la protesta en Valdivia, recomendamos el multimedia de la revista Semana en:     http://www.semana.com/wf_VerMultimedia.aspx?IdMlt=495&IdArt=109551

[6] El Tiempo, En tres meses se erradicaron 17.000 hectáreas, 31 de marzo, 2008.

[7] Lluvia de glifosato, El Espectador, Bogotá, 24 de noviembre, 2007

[8] De acuerdo a las estadísticas de la ONU, en 1996 Colombia producía 300 tm de cocaína; 2000:695; 2002:580; 2004:640: 2006: 610

2 comentarios

  1. pues que mal que colombia sigua asi espero que todo mejore en colombia

  2. Excelente análisis, al que le faltó una mirada hacia el impacto ecosistémico y la huella ecológica que todo este conflicto le está dejando al país, completando así un circulo de insostenibilidad social y ecológica.

    Un saludo.

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