La política de Seguridad Democrática, cultivos ilícitos y los derechos básicos de las comunidades productoras en Colombia

En el marco de un Seminario internacional sobre la economía de las drogas ilícitas organizado por el TNI, el Colectivo Maloka y el Centro de Investigación de Relaciones Internacionales y Desarrollo (CIDOB), el pasado mes de noviembre en Barcelona, Ricardo Vargas presentó una ponencia sobre la política de Seguridad Democrática del actual gobierno colombiano y su relación con los programas de erradicación forzada de cultivos ilícitos.

A pesar de que la disponibilidad de las drogas en el mercado estadounidense se mantiene, las autoridades antinarcóticos no han modificado la política antidrogas, la cual después del 11 de septiembre terminaría consolidándose como un combate doble contra las drogas y el terrorismo, partiendo de que, “el terrorismo y el narcotráfico constituyen una misma empresa criminal”. En el caso de Colombia, país con un conflicto interno que amenaza convertirse en una confrontación de alcance regional (Andes y Amazonas), las recomendaciones de EEUU en asuntos de seguridad son decisivas para la evolución de la coyuntura colombiana.

(Texto de la ponencia)

El desarrollo de acciones envolventes de erradicación forzosa de cultivos ilícitos con promedios anuales equivalentes a 135.000 hectáreas a partir del 2002 en el caso colombiano, más el sostenido incremento de las incautaciones a partir del 2000 hasta alcanzar las 234 toneladas por parte de EEUU, en el 2006 muestra un contundente cumplimiento en la aplicación de los instrumentos de fuerza propuestos por el Plan Colombia. El hecho de que estos resultados no se vean reflejados en la disponibilidad de las drogas tanto en el mercado de EEUU como en Europa, levanta serios interrogantes sobre la relación de la estrategia con la naturaleza del problema. Más aún, el hecho de que esa disponibilidad se haya mantenido constante o con algunos incrementos del volumen global, sin que se hubiese presentado por su parte, un incremento de la demanda en mercados como el de EEUU, genera a la vez, serias preguntas sobre la validez metodológica del abordaje del problema de las drogas en el contexto de la relación oferta-demanda.

No obstante estos resultados, la estrategia antidrogas se mantiene sin modificaciones, a la vez que se consolida en un marco de política contrainsurgente o de lucha antiterrorista, que ha evolucionado, en el caso colombiano, con el desarrollo de la confluencia de dos fenómenos:

De un lado, el legado del debate que se dio hacia 1999 – 2000, en algunas instancias de decisión en Washington sobre las drogas y la seguridad del caso colombiano, en relación con la apuesta antinarcóticos del Plan Colombia, y que condujo a un cuestionamiento sobre la prioridad antidrogas contemplada en ese paquete de ayuda diseñado para radicalizar los instrumentos de fuerza de la estrategia. (Rabasa&Chalk, 2001; Marks, 2001).

En efecto, investigadores y centros de pensamiento señalaron entonces como alternativa al equívoco propósito, estructurar más bien una estrategia comprensiva e integral basada en reformulaciones, a partir no sólo de reconocer el nexo entre grupos insurgentes y tráfico de drogas, sino – y aquí lo más importante – identificar la debilidad del Estado colombiano, como causa del control político y militar que las guerrillas ejercen sobre una porción importante del territorio y su población, con lo cual se cuestionó la distinción original que dicho Plan hacía, entre asistencia antinarcóticos y lucha contrainsurgente (Leal, 2002; Vargas, 2005).

Posteriormente, las implicaciones en materia de seguridad por los hechos del 11 de septiembre, junto con las experiencias que está adquiriendo el Departamento de Defensa de los Estados Unidos (EEUU) en su involucramiento en los conflictos de la posguerra fría, están alimentando una masa crítica que, una vez racionalizadas, se extienden hoy como parte de las recomendaciones para la cooperación en seguridad de EEUU, hacia países con conflictos internos que podrían evolucionar hacia amenazas de alcance regional, como podría suceder en el caso colombiano y su área de influencia andino amazónica.

El segundo fenómeno que confluye con lo anterior es la perspectiva de seguridad que se diseñó para la primera administración del presidente Uribe. En efecto, el Plan Nacional de Desarrollo 2002 – 2006, “Hacia un Estado Comunitario”, estableció un balance sobre situación de los cultivos ilícitos en Colombia, señalando una agudización justo en el lapso 1980-2001 al pasar el área cultivada de 3.500 a 144.000 hectáreas, indicando un crecimiento del 25,6% anual. De acuerdo con estas cifras, Colombia pasó a producir más del 70% de la hoja de coca y de la cocaína.

Ese diagnóstico se complementó, con un balance sobre el agravamiento del conflicto armado hacia el año 2001, expresándolo en indicadores críticos sobre tasa de homicidios por razón de la guerra interna, tomas de población por parte de las guerrillas, masacres, desplazamiento forzoso y, en general, la existencia de unas condiciones adversas de seguridad para la vida económica y el desarrollo de las actividades sociales e institucionales del país. La principal causa del incremento del poder ofensivo de las guerrillas se estableció entonces en el vínculo con el narcotráfico, constituyéndose este en una de las principales fuentes de recursos para estas organizaciones. Según el documento, “se estima que entre 1991 y 1996, US$470 millones que representan el 41% de los ingresos de las FARC provienen del negocio ilegal de las drogas”.[1]

Por ello, propuso el mismo plan: “la lucha contra los grupos terroristas, de narcotraficantes y de delincuencia transnacional organizada, se centrará en el ataque a sus estructuras financieras”.[2]

En el mismo sentido, un documento oficial de planeación nacional y que estableció oficialmente el Programa de Desarrollo Alternativo 2003 – 2006, recogió el mismo diagnóstico del problema de las drogas en Colombia que hizo el Plan, considerando a su vez la política de desarrollo alternativo como un complemento para consolidar el objetivo de seguridad democrática, asumiéndolo como un componente de la estrategia de Desarrollo en zonas deprimidas y de conflicto. [3]

En efecto, el Conpes 3218 estableció que el crecimiento de la economía ilegal de las drogas se apoya en el debilitamiento del control legítimo del Estado. A su vez, el control del Estado se debilita por la economía de las drogas y, en particular, por la acción de los grupos armados que derivan su sustento de los cultivos ilícitos. Bajo esta consideración, se concluyó que el problema de las drogas ilícitas produce efectos nocivos sobre la gobernabilidad democrática, como resultado de la intensificación de la lucha armada, el deterioro de la economía, el debilitamiento de las instituciones, de las redes de organización social y de la confianza.

La política de seguridad y el segundo período del presidente Uribe

Para el segundo período del presidente Uribe (2006 – 2010) se ha dado continuidad al legado de la simbiosis entre la estrategia de cooperación de EEUU y la Política de Seguridad Democrática, con lo cual se busca defender y extender los logros – desde la perspectiva gubernamental – de la política de seguridad y por tanto consolidar dicho proceso, en el contexto de una innovación conceptual y de decisiones sobre el uso de la fuerza.

Uno de los conceptos decisivos que emergen en la nueva conceptualización que empiezan a generar diferentes centros de pensamiento estratégico en materia de seguridad, se refiere justamente a las áreas no controladas por los Estados. Este concepto (en ingles lawless areas o ungoverned territories) se configura hoy, como un eje transversal de las estrategias de seguridad que apoya Washington, en aquellos países con territorios bajo control de fuerzas que generan diversos niveles de inseguridad, principalmente para la estabilidad política y la gobernabilidad de los países amigos o aliados de Washington en el contexto de la seguridad regional. Así mismo, estos territorios son considerados inseguros frente a eventuales inversiones del capital transnacional, o que, de otro lado, generen obstáculos para el acceso a recursos estratégicos.[4] Estas fuerzas normalmente desarrollan estrategias asimétricas que entorpecen, previenen, degradan, interrumpen, demoran o complican el acceso, movilización o despliegue de fuerzas a los escenarios considerados como teatro de operaciones militares u obstaculizan la intervención bajo circunstancias que la requieran.[5]

Colombia, en el contexto hemisférico, es uno de los países que ofrece, por la presencia de territorios sin control estatal, algún nivel de preocupación para EEUU en relación con el desenvolvimiento del poder insurgente en estas zonas. Vale señalar que no todos los territorios sin control estatal, ofrecen un mismo nivel de amenaza o inseguridad. Washington establece diferencias en cuanto a los niveles de inseguridad que implican estas zonas, en relación con diversas consideraciones de orden político y militar, para distintos territorios en el ámbito global.

El mayor nivel de amenaza se sitúa en los países de Asia Central en donde se expresan las debilidades fronterizas de gran incidencia para sus intereses como el caso de Afganistán, Paquistán, Irak, en zonas influidas por grupos insurgentes de alcance internacional, e, inscritos en el movimiento jihadista mundial.

Existen también zonas donde se asientan grupos catalogados como terroristas y que sin estar inscritos en la jihad, amenazan los intereses regionales y de seguridad de EEUU.

Existen zonas que sin ser pretendidas o que sean santuarios del terrorismo, pueden agravar situaciones humanitarias, generar amplios fenómenos de refugio, epidemias, etc, y que pueden producir ingentes demandas de recursos para EEUU.[6]

El caso colombiano no representa aún un peligro en los términos de esta clasificación, pero sí se observa como un caso que amenaza la estabilidad de países amigos y aliados y, como tal, puede ofrecer dificultades a los intereses de Washington en el orden geopolítico, incluyendo los obstáculos para los capitales que buscan el acceso a recursos estratégicos.

Colombia representa, en relación con las ungoverned areas una situación de doble preocupación:

La existencia de zonas sin control estatal en donde se asientan economías ilegales que financian los grupos alzados en armas.

Situaciones extendidas de coincidencia entre la presencia de fronteras porosas y áreas sin control estatal.

En el primer caso, Plan Colombia y la articulación que ofreció la Estrategia de Seguridad Democrática, afianzaron la combinación de medidas de fuerza a través del uso de la fumigación y el fortalecimiento de la capacidad operativa de las fuerzas armadas. En efecto, hacia finales de 2006 se desarrolló una serie de ejercicios evaluativos de orden gubernamental del primer período presidencial de Álvaro Uribe.[7] En dicho balance se hace énfasis en el éxito y complementariedad de la articulación entre Plan Colombia y la Estrategia de Seguridad Democrática. En los balances se destaca que, “la modernización de las fuerzas armadas, ha permitido una mejora ostensible de la capacidad aérea para prestar apoyo de fuego en combate, acompañar las operaciones de erradicación (de cultivos de uso ilícito) y movilizar provisiones y personal hacia y desde áreas cuyo acceso terrestre o fluvial es muy difícil. La modernización también ha mejorado la capacidad de realizar operaciones nocturnas, la implementación creciente de inteligencia técnica en las operaciones de la fuerza pública y la unificación del sistema de comunicaciones”.[8]

Con la reestructuración de los organismos responsables del monopolio de la fuerza estatal, junto con la introducción de la doctrina de operación conjunta, se ha venido haciendo más expedito el accionar de cada fuerza de seguridad del Estado, preservando su especialidad en la finalidad de garantizar el control del territorio y la lucha contra las drogas y la violencia asociada. Estas acciones de reestructuración toman cuerpo a nivel institucional en la creación del Comando Conjunto del Caribe y la Fuerza de Tarea Conjunta del Sur, así como en la Fuerza de Despliegue Rápido (FUDRA), doce Brigadas móviles y más de catorce escuadrones de carabineros. Así mismo, dentro del fortalecimiento de la capacidad para el desarrollo de acciones de interdicción, se crearon tres brigadas contra el narcotráfico en el ejército nacional, cuatro bases móviles de erradicación y dos compañías de interdicción (Jungla) en la Policía Nacional.[9]

Esta estrategia ha demandado significativos recursos (el gasto militar subió del 3,5% al 4,6% del PIB entre 1999 y el 2005) e incrementos importantes del pie de fuerza (crecimiento de un 52,1% entre 1998 y el 2005), al aumentar de 249.833 a 380.069 efectivos. (DNP, 2006 y Hernández, 2003).

Hoy en día el afianzamiento de las zonas bajo presencia de las fuerzas de seguridad, reclama una Política de Consolidación de la Seguridad Democrática que se plantea justo como el reto más importante, mantener y avanzar en esas zonas y sostener la ofensiva hacia aquellas aún no controladas por el Estado. Uno de los problemas centrales radica en que las dos modalidades de zonas sin control estatal más complejas se refieren a las zonas cocaleras y a las zonas fronterizas.

Para las primeras, el Estado reclama muy superficialmente una victoria que no es real: reitera cifras sobre reducción de áreas y estadísticas sobre aspersiones aéreas de la formulación Round Up contra los cultivos de uso ilícito, incautaciones, destrucción de laboratorios, etc., que de suyo significan muy poco frente al poder de procesamiento y exportación que mantiene el narcotráfico colombiano. Mientras tanto, para aquellas localidades y regiones que reproducen las estructuras de producción y transformación inicial de las economías ilegales de drogas, se incorpora una estrategia de recuperación de territorios que terminan por generar un impacto adverso sobre los poderes de gobierno local y regional y sobre las comunidades. En efecto, al sobreponerse sobre esas zonas, las prioridades en términos de seguridad del Estado central, se desconoce la institucionalidad local y su poder de decisión sobre las opciones de desarrollo y en general sobre la gobernabilidad. En otras palabras, por encima de los ámbitos de planeación del desarrollo local o de incidencia de las autoridades en territorios colectivos (comunidades indígenas y afrodescendientes) se establece, el poder de los equipos interdisciplinarios y las líneas estratégicas que demanda el Estado central.[10]

Distintos estudios de caso muestran que el fortalecimiento de la gobernabilidad es crítico para garantizar el control de áreas donde se fortalecen grupos armados. Normalmente los EEUU tienden a enfatizar la cooperación en seguridad y la asistencia para tratar con los problemas que plantean los territorios sin control, porque el papel que juegan para fortalecer la capacidad de los grupos insurrectos y en la oferta de servicios de logística y pertrechos, son sustanciales.[11]

Esta recuperación del territorio implica una suma de actividades que van más allá de la sola cooperación militar. En efecto, una posible opción puede ser usar la asistencia para el desarrollo como un instrumento para fortalecer los gobiernos objetos de la ayuda, para que invierta en infraestructura e instituciones en regiones donde ellos previamente han abdicado de sus responsabilidades como gobierno.[12]

También los estudios de caso muestran que la falta de coordinación entre agencias es el mayor obstáculo para ganar capacidad de desarrollo de gobierno en zonas no controladas. En la finalidad de garantizar el control territorial, se está implementando la Doctrina de Acción Integral (DAI) la cual combina el uso legítimo de la fuerza con la acción social del estado y la comunidad, de forma que los miembros de la fuerza pública apliquen principios y protocolos para adelantar una adecuada coordinación con los representantes de las demás instituciones del estado.[13]

Para el logro de esa finalidad y la concreción de la Acción Integral se ha suministrado asesoría y se ha propuesto la creación y funcionamiento del Centro de Coordinación Interinstitucional CCAI, el cual expresa uno de los resultados y recomendaciones de Washington de las diferentes experiencias de conflictos en los cuales se ha tomado le decisión de apoyar a los Estados amenazados por fuerzas insurgentes. A través de este organismo, la pretensión es coordinar las acciones del Estado conjuntamente con los ministerios y dependencias, de modo que disminuya la competencia burocrática, buscando generar un gran paso adelante en el fortalecimiento de las capacidades del sector público desde una perspectiva centralista y de concentración del poder de decisión y control.

La coordinación interinstitucional, la cual gira alrededor del Ministerio de Defensa y la Agencia Presidencial para la Acción Social, se concreta en el desarrollo de programas piloto con el fin de promover:

La recuperación del control institucional del Estado y de la seguridad en el territorio.

La presencia integral de la institucionalidad estatal, el fortalecimiento de la gobernabilidad local y la participación efectiva de la sociedad civil.

La erradicación de cultivos ilícitos y el desarrollo de la economía lícita (vale decir el desarrollo alternativo).

La recuperación del medio ambiente

La administración eficaz y aplicación efectiva de la justicia.

Uno de los principios eje de esta estrategia es la de:

“Promover la seguridad como generadora de crecimiento económico y rentabilidad social. Las operaciones de la fuerza pública deben seguir contribuyendo a generar un clima de confianza y estabilidad que atraiga la inversión privada, y produzca crecimiento económico y desarrollo social a través de la reducción del desempleo y la pobreza. Una mayor seguridad debe generar las condiciones para el adecuado desempeño de la acción social del estado en beneficio de los necesitados”[14]

Las política pública sobre lo social es entonces sustituida por acciones o jornadas de perfil cívico militar encaminadas más a cambiar la percepción de las comunidades de la fuerza pública y del Estado y a volverla su aliada, más que a intentar resolver los problemas de base de las localidades. Allí también se pretenden mecanismos de control de la protesta social.

La Recuperación Social de Territorios promueve la idea de que los problemas en las zonas productoras de cultivos ilícitos se derivan de manera casi exclusiva por la presencia de los grupos armados, haciendo invisible a la vez otros factores como la existencia de condiciones de exclusión, marginalidad, inequidad en la distribución de la tierra y la falta de acceso de las comunidades a los beneficios que se derivan por la presencia de recursos naturales. Esta lectura conduce a soslayar el diálogo con las regiones y sus habitantes y a privilegiar acciones de fuerza que dan cuenta del sesgo exclusivo de seguridad frente a un complejo problema social y económico. La política de seguridad democrática (PSD) y las estrategias de consolidación de ella, tienen acá uno de sus puntos más claros de debilidad.

Observemos los contenidos de la estrategia de consolidación de territorios

Cuadro No. 1

Estrategia de Fortalecimiento de la Democracia y el Desarrollo Social

Objetivo de la Estrategia

Componentes

Objetivos específicos

Consolidar los logros alcanzados en la búsqueda de la seguridad de todos los ciudadanos, la paz, el desarrollo y la lucha contra la pobreza

Lucha contra el terrorismo y el narcotráfico

1.Consolidar el control del territorio en las zonas de mayor violencia y afectadas por los cultivos ilícitos y sus problemas asociados

2.Consolidar los logros alcanzados en la lucha contra los grupos narcoterroristas y su principal fuente de financiación: los cultivos ilícitos

3.Generar alternativas a los cultivos ilícitos, por medio del DA asegurando el respeto y cuidado del medio ambiente.

4.Lograr mayor flexibilidad en la dirección y operación de los programas impulsados por la cooperación.

Fortalecimiento de la Justicia y Promoción de los DDHH

5.Fortalecer lucha contra la impunidad

6.Fortalecer sistema judicial nacional y local

7.Fortalecer política de DDHH

Apertura de Mercados[15]

Impacto del TLC: 1. Reducción de la pobreza. 2. Instrumento para combatir el problema mundial de las drogas.[16]

8. Fortalecer la economía y profundizar los resultados para mantener una tasa de crecimiento alta y sostenida y una disciplina fiscal que permita soportar una mayor autonomía en los programas derivados de la cooperación.

Desarrollo Social Integral[17]

Incidencia sobre:

-Programa Familia Guardabosques PFGB 80.000 familias

-Proyectos Productivos:50.000 familias

-Red de Seg. Alim.: 1.5 millones flias

-Fmilias en Acción: 1.5 millones flias

9. Política social que mejore calidad de vida de los colombianos. Esta política social va de la mano del CCAI buscando consolidar 53 m/pios prioritarios. Coordinación con 332 corregimientos priorizados por la PONAL; difundir lo hecho en el resto.

Acción Integral de la población desplazada

10.Atención integral a población desplazada

Desmovilización , desarme y reconciliación

11. Dar continuidad al programa de desmovilización de miembros de grupos ilegales y fortalecer PDR

Algunas inquietudes sobre lo planteado por la estrategia:

Se consolidan los primeros enunciados sobre la simbiosis entre drogas y la financiación de los alzados en armas. Desde el punto de vista de los planteamientos de la política pública se establece una articulación de la guerra antiterrorista y la lucha antidrogas, como un mismo componente. Esto lo diferencia del Plan Colombia que giraba alrededor de la guerra antidrogas y se buscaba de alguna manera vincular la lucha contrainsurgente. Hoy esa diferencia desaparece. El supuesto es que “el terrorismo y el narcotráfico constituyen una misma empresa criminal”. De acuerdo con la estrategia “Las fuerzas militares tendrán la misión de realizar las operaciones de choque donde persisten concentraciones de cultivos ilícitos y grupos armados ilegales.[18] El problema central acá radica en el desconocimiento de los problemas estructurales de orden social y económico que acentúan la situación de marginalidad de estas zonas y, en segundo lugar, la grave situación de inequidad en la distribución de la riqueza en Colombia.

En el marco de la estrategia, se articula la fase de consolidación del control del territorio, contexto en el cual aparece la Doctrina de Acción Integral (DAI) dirigida centralmente a zonas donde persistan los cultivos ilícitos y los grupos terroristas, y en zonas donde haya habido desmovilización paramilitar. Esta es una diferencia importante. El DAI se mueve frente a las amenazas a la seguridad hoy y sienta las bases para la seguridad en el posconflicto. Se define el control de territorios como la herramienta para desvertebrar y neutralizar el negocio del narcotráfico y las actividades del terrorismo. Sin el narcotráfico, de acuerdo con el documento, el mayor damnificado será el terrorismo que existe y actúa gracias a los recursos que su participación en esta actividad reporta.

Los programas Familia Guardabosques y Proyectos Productivos y que hacen parte de la estrategia de tratamiento de los cultivos ilícitos, se asumen prioritariamente, como indicadores del control de territorios por parte del Estado[19].

En general, se busca una radicalización a la integralidad de la guerra antidrogas con el fin de subir los costos que se derivan del riesgo.[20] Existen investigaciones sólidas que han mostrado la insuficiencia de este planteamiento (véase por ejemplo Reuter, 2006).

La pretensión de “lograr mayor flexibilidad en la dirección y operación de los programas impulsados por la cooperación” (Objetivo específico No.4) se sitúa en el componente de lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, para facilitar el uso de recursos adicionales en la guerra contrainsurgente. El documento lo enuncia claramente así:

“En la práctica, la flexibilidad de los equipos y recursos permitiría utilizarlos, de acuerdo con la oportunidad, en aspectos adicionales a la aspersión, tales como: combate y neutralización de grupos armados ilegales involucrados en cualesquiera de las etapas del negocio del narcotráfico; ubicación, identificación y neutralización de objetivos de alto valor; apoyo a operaciones militares sostenidas en zonas de retaguardia de los grupos terroristas; y desarrollo y consolidación de capacidades propias que le permitan al gobierno colombiano asumir progresivamente ciertas actividades y programas dentro de la estrategia de cooperación bilateral contra el narcotráfico y el terrorismo”[21]

Este texto se complementa con el llamado a la cooperación para que se asuma la “corresponsabilidad del problema mundial de las drogas” a través del cual se busca capturar fondos que sirvan para toda la estrategia que es integral (DAI).[22]

La política de seguridad democrática y el tratamiento de las zonas con cultivos ilícitos

Tanto el uso de las fumigaciones aéreas, como los Grupos de Erradicación Manual forzosa (GME) y el pié de fuerza que acompaña a uno y otro mecanismo de erradicación de los cultivos ilícitos, se inscriben en los enunciados de seguridad señalados y los programas de desarrollo alternativo son, principalmente, subsidiarios de esa estrategia.

De allí que el uso de los GME hiciera parte de la respuesta al ataque de las FARC contra una unidad militar el 27 de diciembre de 2005, y que produjo 29 muertes en la Sierra de La Macarena. Los operativos adelantados en el área de influencia del parque natural, se iniciaron con la Operación Emperador a comienzos de 2005 e hicieron parte del desarrollo de la ofensiva militar denominada Plan Patriota en esa área. Este curso de acciones culminó su intento el 3 de agosto de 2006 con un acumulado letal de 28 personas muertas (según el Ministerio de Defensa 13 policías, 10 miembros de los GME y 5 soldados).

La identificación de los cultivos de coca y de los cultivadores como parte de la estructura financiera y de apoyo de las FARC, lleva a soslayar el diálogo con las regiones y sus habitantes y a privilegiar acciones de fuerza que dan cuenta del sesgo exclusivo de seguridad, frente a un complejo problema que abarca la condición marginal de muchas áreas productoras.

Mientras tanto, la emergencia de movimientos de campesinos que rechazan la política gubernamental por insuficiencia de alternativas sostenibles, frente a un problema que sigue teniendo orígenes sociales, se ha venido expresando en una serie de incidentes generados a finales de agosto de 2007 por el desplazamiento de 8.000 cultivadores de los ríos Mira, Mataje y Nulpe en los límites de Nariño y Ecuador, los cuales en grupos se dirigieron hacia San Lorenzo (Ecuador) y hacia el área de Llorente, La Guayacana y el Vallenato en las proximidades de Tumaco, para bloquear el paso del Grupo de Erradicación Manual (forzosa) GME, generándose refriegas con la fuerza pública.[23] Este tipo de situaciones de conflicto, se siguen reproduciendo en los primeros meses de 2008, con la movilización de 5.000 campesinos en la región del Bajo Cauca antioqueño y que se concentran en las poblaciones de Tarazá Y Valdivia.

Todo esto lleva a concluir que la asociación institucional entre la política de DA y las acciones de fuerza acarrea una serie de consecuencias contraproducentes:[24]

Los GME son un grupo de choque, que tiene como base el uso de la fuerza y una estructura de seguridad que compromete a las fuerzas policiales. Es decir, hace parte de las modalidades de uso del “garrote” junto con las acciones de aspersión aérea. Lo alarmante es que la misma instancia que propone las alternativas de desarrollo – el Programa Presidencial contra los Cultivos Ilícitos (PCI) – principal cambio institucional de la administración Uribe en esta materia, sea la que maneje esa estructura de fuerza, con lo cual, envía señales muy contradictorias a las comunidades, las cuales en el esquema propuesto de familia guardabosques, tienen pocas opciones de consolidar proyectos productivos sostenibles, dada la consideración oficial de que los GME se aplican justo en aquellas zonas “donde el DA no es viable”.

Los operativos de los GME suponen anticipadamente la inexistencia de acuerdos concertados con las comunidades implicadas en los cultivos ilícitos, con lo cual se desconocen algunos de los fines expresados en el documento Conpes 3218, y que en su cuarto objetivo señala que el PDA, se propone “apoyar el fortalecimiento del capital social, estimulando la organización, la participación y el control comunitario, a fin de consolidar la seguridad democrática y establecer las bases para el desarrollo sostenible en áreas libres de ilícitos”.[25]

Propuestas como Familia Guardabosque desconocen en la práctica los avances de instancias como la Unidad de Parques del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Territorial y que plantearon una metodología basada en dinámicas de concertación con comunidades, reconociendo y tratando de ordenar los procesos de ocupación de esos territorios, que se han dado con una diversidad étnica y cultural que ha modificado el paisaje existente.

Las fuertes protestas del área adyacente al río Mira y las recientes en el Bajo Cauca, dan señales claras de la bancarrota de la muy débil y onerosa política de familia guardabosques, que le está significando al erario público casi el 85% de todo lo que se dedica del presupuesto nacional para desarrollo alternativo, dada la casi nula legitimación de la propuesta en el contexto internacional. Las comunidades de estas zonas demandan el derecho a alternativas sostenibles, en el marco de un apoyo y fortalecimiento de las economías campesinas, para que puedan enfrentar los embates del libre comercio. De lo contrario, el problema persistirá y se agravará, a pesar del enorme enfoque de fuerza que prevalece en la política del presidente Uribe y de la cooperación de seguridad que lleva a cabo el gobierno de los EEUU.

El gobierno de Uribe Vélez debe dar un giro de 180º en la concepción de tratamiento de las zonas cocaleras como “áreas controladas por las guerrillas” y reconocer que allí hay colonos, campesinos, indígenas y en algunos casos comunidades afrodescendientes, que deben ser interlocutoras válidas del Estado y con derechos fundamentales y no dar un trato, en la práctica, como una eventual extensión financiera de las guerrillas.

La nueva Política de Consolidación de la Seguridad Democrática y la Estrategia de Consolidación Social de Territorios, reproduce y profundiza esta errática concepción, que ha terminado por desconocer las causas sociales y económicas que han contribuido a generar dinámicas de ilegalidad, en las zonas marginales como el Bajo Cauca. En los ajustes de la política de seguridad, el DA hace parte de la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, sesgando el tema de la pobreza y la exclusión social grave. Mientras tanto, las marchas y protesta campesinas seguirán enviándonos un mensaje claro: no por ser más radicales en términos del uso de la fuerza, las soluciones son mejores.

Las zonas de frontera

En segundo lugar, las zonas fronterizas siguen planteando retos muy complejos a la actual formulación de la seguridad democrática, que ha terminado por reducir el tema fronterizo a un problema de seguridad militar o que centra la visión regional desde un enfoque de seguridad y que se plasma en un tratamiento del conflicto en estos territorios, en relación con un tratamiento como zonas de desmovilización paramilitar, zonas de procesos de recuperación institucional y áreas de retaguardia de los grupos armados. [26] La no diferenciación de estos escenarios desde la existencia de un conflicto social, económico y de gobernabilidad y la falta de reconocimiento a los enormes retos que implican las zonas de frontera, representa uno de los vacíos más costosos de la estrategia de consolidación de la seguridad democrática.

Así mismo, en zonas de frontera existen redes ilegales de gran poder que se consolidan a través de su articulación con niveles de organización territorial, que van desde lo internacional hasta lo local. En esos territorios se están creando regiones no territoriales, a partir de la conformación de espacios de flujos de recursos ilegales o de comercio no formal con estructuras en red, que se sobreponen a los espacios geográficos característicos de los estados nacionales territoriales. A ello se agrega la creación de verdaderas simbiosis de las economías ilegales con la esfera de lo legal, la cual ha terminado por borrar esas fronteras, simulando las actuaciones de las elites ilegales en su articulación económica y social.[27]

Normalmente los EEUU tienden a enfatizar la cooperación en seguridad y la asistencia para el desarrollo, para tratar los problemas que plantean los territorios sin control, por el papel sustancial que juegan en el fortalecimiento de la capacidad militar de los grupos insurrectos, y, en el poder de suministro de servicios logísticos y de pertrechos.[28]

Pero la limitación estructural para la eficacia de las acciones de la PSD en relación con la conquista de la gobernabilidad en zonas de frontera, radica en el requerimiento del diseño de una arquitectura regional, es decir, una estrategia que abarque al conjunto de países fronterizos, en lo cual Colombia ofrece debilidades profundas por la desconfianza que ha creado su apuesta de articularse a la política de seguridad de los EEUU. A esto se agrega la ausencia de una política exterior clara en relación con la región andina y en general para Latinoamérica, y, de otro lado, por las debilidades institucionales y de manejo no profesional de la Cancillería. Zonas cocaleras y áreas de frontera, sitúan referentes complejos de contrastación a los éxitos que se proclaman frente a la seguridad democrática, y, por tanto, a la búsqueda de gobernabilidad, en frentes considerados críticos para garantizar el control de áreas donde se fortalecen grupos armados.

Referencias:

Hernández Gamarra, Antonio, 2003, “Evaluación del proyecto de ley por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo: Hacia un Estado Comunitario”, Contraloría General de la República, marzo 2003, Bogotá.

Leal Buitrago, Francisco, 2002, “La seguridad nacional a la deriva”, Alfaomega, CESO-Uniandes, FLACSO-sede Ecuador, 2002.

Marks, Thomas, 2002, “Colombia Army Adaptation to FARC Insurgency”, January 2002, Department of Army, DOD, US Government, Washington.

Rabasa, Angel y Meter Chalk, 2001, “Colombian Labyrinth. The Strategy of Drugs and Insurgency and Its Implications for Regional Stability”, Santa Mónica, RAND, 2001.

República de Colombia, Departamento Nacional de Planeación, Dirección de Justicia y Seguridad (DJS), 2006, “Balance Plan Colombia (1999 – 2005)”, Versión final, septiembre de 2006.

Hernández Gamarra, Antonio, 2003, “Evaluación del proyecto de ley por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo: Hacia un Estado Comunitario”, Contraloría General de la República, marzo 2003, Bogotá.

Vargas, Ricardo, 2005, “Cultivos ilícitos en Colombia, elementos para un balance”, en Rangel, Alfredo “Narcotráfico en Colombia. Economía y Violencia”, Fundación Seguridad y Democracia, 2005.


[1] Departamento Nacional de Planeación, Plan Nacional de Desarrollo “Hacia un estado Comunitario”, 2002 – 2006, Bogotá.

[2] DNP, Ibidem.

[3] Véase Departamento Nacional de Planeación, Documento Conpes 2318, Programa de Desarrollo Alternativo 2003 – 2006, marzo 3 de 2003, Bogotá.

[4] Sobre este punto específico, véase Eric Larson et al. “Assuring Access in Key Strategic Regions”, RAND, Arroyo Center, 2004.

[5] RAND, Ibidem

[6] Sobre esta clasificación y aspectos conceptuales véase Rabasa, Angel, Steven Boraz, Peter Chalk, Kim Cragin, Theodore W. Karasik, Jennifer D.P. Moroney, Kevin A. O’Brien , John Peters, “Ungoverned territories – Understanding and reducing terrorism risks”, Rand Project Air Force.

[7] Véase por ejemplo, el documento del Departamento Nacional de Planeación – Dirección de Justicia y Seguridad (DSJ), “Balance del Plan Colombia, septiembre de 2006.

[8] DNP, Ibídem

[9] Departamento Nacional de Planeación – Dirección de Justicia y Seguridad (DSJ), “Balance del Plan Colombia, septiembre de 2006.

[10] Sobre este punto véase República de Colombia, Presidencia de la República de Colombia, 2007, “Estrategia de Fortalecimiento de la Democracia y el Desarrollo Social”, Bogotá.

[11] Rand Project Airf Force, Ibídem

[12] Rand Project Air Force.

[13] PCSD, pág.12

[14] PCSD, pág.30

[15] Véase Presidencia de la República de Colombia, “Estrategia de Fortalecimiento de la Democracia y el Desarrollo Social”,(en adelante EFDDS), pág 49.

[16] EFDDS, pág.55

[17] EFFDS pág 56

[18] EFDDS, pág. 76

[19] EFDDS, pág.38

[20] EFDDS, pág.38

[21] Véase EFDDS, pág 39.

[22] Véase EFDDS, pág 40.

[23] Véase “Choques entre cocaleros y policías”, El Tiempo, septiembre 1 de 2007.

[24] Los siguientes elementos se toman de un ejercicio de investigación sobre la política de Desarrollo Alternativo apoyado por Lutheran World Relief y otras entidades de cooperación internacional en Colombia.

[25] DNP, Conpes, 3218 pág.6

[26] República de Colombia, Presidencia de la República de Colombia, 2007, “Estrategia de Fortalecimiento de la Democracia y el Desarrollo Social”, Bogotá.

[27] Véase, Lia Osorio Machado en “Região, cidades e redes ilegais. Geografias alternativas na amazônia sul-americana” en Maria Flores Gonçalves, Carlos A. Brandão, Antônio C. Galvão “Regiões e cidades, cidades nas reines O desafio urbano-regional”, Editora UNESP, ANPUR, São Paulo, 2003.

[28] Rand Project Airf Force, Ibídem

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