El TLC, los derechos humanos y la coca

Hay una especie de malentendido afortunado en esto del debate sobre el TLC de EEUU con Colombia. La impresión que queda después de leer la abundante información que los medios de prensa producen sobre las dificultades para aprobar el TLC en el Congreso estadounidense es que los demócratas se preocupan por los derechos humanos en Colombia, mientras la administración de Bush lo único que quiere es quedar bien con su principal aliado en la región.

 

Y bueno, yo no quiero decir que para la bancada demócrata del Congreso estadounidense los derechos de los trabajadores y sindicalistas colombianos no sean un asunto de consideración, pero que esto sea tan decisivo como para echar atrás un tratado comercial es bastante menos convincente. Si así fuera, nunca se habría ratificado el TLC con el Perú. En el Perú no se producen los masivos asesinatos a líderes sindicales, como sucede en Colombia, pero a nivel de los derechos laborales, la situación podría ser igual de precaria en ambos países.  

Según el periódico El Tiempo de Bogotá, el asunto de la violencia contra los sindicalistas no ha hecho parte de las discusiones más recientes sobre el TLC en la Cámara de Representantes. Su líder, Nancy Pelosi, ha estado más preocupada durante los debates en hacer valer el liderazgo de los demócratas ante las fuertes presiones de la Casa Blanca y lo que ven como un abuso de autoridad de parte de la adiministración de Bush que pretende pasar el tratado aduciendo argumentos de seguridad nacional. 

Además, no es un secreto que tras la posición demócrata está el fuerte lobby de las centrales laborales estadounidenses que ven una amenaza en este tipo de acuerdos comerciales internacionales debido a que éstos cuestionan las medidas proteccionistas que ofrece el gobierno estadounidense a los diversos renglones comerciales. La pérdida de esta protección podría acarrear una pérdida también de puestos de trabajo en EEUU. Y aunque esto es verdad, también es verdad que es justamente esta ‘protección’ lo que hace que estos tratados sean injustos para los sectores laborales de los países que no ofrecen una ‘protección’ similar. 

Entonces es esta lucha de poderes y las presiones de grupos laborales de EEUU a favor de sus propios intereses –con toda la razón- y no las muertes de los sindicalistas lo que decidirá el TLC con Colombia. Un artículo en el Christian Science Monitor ofrece claridad sobre qué es lo que está en juego realmente en el libre comercio. 

Decía al comienzo que el malentendido era afortunado, porque cierto o no, el tema de los derechos humanos y de los crímenes contra los sindicalistas colombianos como argumento para oponerse al TLC ha tomado bastante relevancia. Ahora sólo queda esperar que si este debate no sirve para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores colombianos, con o sin TLC, que al menos se mejoren las condiciones para la expresión de la actividad sindical.

 

¿Y qué tiene que ver la coca con todo esto? Más de lo que parece a primera vista. Los TLC propuestos para Perú y Colombia han estado precedidos por la ATPDEA (sigla en inglés), una ley de preferencia comercial a través de la cual, EEUU ha impuesto en los países andinos su visión de cómo debe atacarse el problema de los cultivos ilícitos y el narcotráfico, a cambio de lo cual los países reciben una serie de beneficios comerciales. A pesar de la ATPDEA la superficie de coca se ha mantenido estable en los países andinos, y sus beneficios no se han filtrado hasta la capa más baja del agro, el campesinado pobre y los asalariados rurales, que se han visto obligados a seguir con la coca. El TLC podría incluso acentuar esta situación. Estados Unidos quiere que Colombia reduzca sus cultivos de coca, pero la entrada en forma del agro colombiano a competir con el poderoso agro estadounidense podría arrastrar a más campesinos hacia la coca.

 

Este es uno de los graves problemas para Colombia que se esconde tras la aprobación del TLC y que los demócratas y las centrales de trabajadores estadounidenses prefieren ignorar. Por lo pronto los derechos humanos sirven mejor como pretexto. De todos modos, es una suerte que los intereses económicos y políticos de un fuerte sector estadounidense que se opone al gobierno coincidan con la necesidad de que se respeten los derechos humanos en Colombia.

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