fumigación

Antes que una estrategia antinarcóticos, las fumigaciones fungen en Colombia como una estrategia contrainsurgente. No se fumiga tanto la coca por el hecho de ser la materia prima de la cocaína sino por el hecho de que las guerillas están detrás de los cultivos.

El Gobierno colombiano utiliza las fumigaciones como un arma para acabar con las FARC sin tener en cuenta que el uso de esta arma genera una catástrofe ambiental, además de crisis sociales, económicas y humanitarias en las regiones en donde se aplica. ¿Está permitido aplicar la fumigación como arma de guerra? ¿No violan las fumigaciones para la guerra los principios básicos del Derecho Internacional Humanitario por su impacto sobre el ambiente y sobre los humanos?

Además, en Colombia existen sobradas evidencias de que mientras las fumigaciones no están acabando con las FARC, están acabando en cambio con las comunidades rurales y los ecosistemas en donde éstas habitan.

Nos hemos acostumbrado de tal modo a las fumigaciones en Colombia que ya casi pasan desapercibidas. Es decir, desapercibidas para los que no las padecemos en carne propia. Los medios de comunicación, las instituciones académicas  y muchas otras instancias que durante años se han opuesto sonoramente a las fumigaciones, con el tiempo se han ido acallando. Cualquiera diría que ya no se fumiga glifosato en Colombia. O que ya casi no se fumiga. Cuando la realidad es que no se ha dejado de fumigar en casi treinta años.

Reproduzco aquí un párrafo sobre la acción de las fumigaciones extraído de la “Declaración de Buenaventura” publicada por el Colectivo de Trabajo Jenzera el pasado mes de abril:

“Las fumigaciones que afectan por igual cultivos de coca y cultivos de ‘pancoger’ no logran controlar la producción de pasta de coca, pero sí contaminan suelos y aguas, y liquidan la base genética de los cultivos y la biodiversidad. Peor aún, violan los derechos al alimento, a la salud y al medio ambiente sano. Conocemos los males que traen estos cultivos de coca. No solo perjudican al ambiente, sino que se implantan con violencia, para inducir a la población nativa a sembrar coca. Los asesinatos y los desplazamientos que se producen por la producción, síntesis y tráfico de ilícitos son un desastre para nuestras comunidades y nuestros procesos organizativos. [...] Pero el control de los cultivos de uso ilícito por medio de las fumigaciones, las sindicaciones de los pobladores de ser auxiliadores de tal o cual grupo armado que se beneficia del cultivo de coca, las amenazas, las intimidaciones a la comunidad, [...] causan igualmente daños graves a nuestras comunidades. En la mayoría de los casos resulta siendo más caro el remedio que la enfermedad”.

Este documento es una denuncia de los pueblos indígenas y afrocolombianos del Pacífico que se declaran en emergencia por el ecocido que se viene cometiendo en sus territorios por la manera irresponsable como se practican las diversas actividades económicas, dentro de las cuales la producción de coca y su posterior fumigación son sólo una más.

El Pacífico caucano ha sido una de las zonas más golpeadas del país por las fumigaciones en los últimos años. Como se sabe, las aspersiones suelen ser indiscriminadas, afectan los cultivos de alimentación e inducen al desplazamiento de población. La Consejería para los Derechos Humanos y el Desplazamiento CODHES ha reportado con frecuencia, entre muchos otros, el caso del municipio de Guapi (en el departamento del Cauca) en donde las fumigaciones han generado un problema de desabastecimiento y hambre que ha conllevado a desplazamientos masivos porque el municipio no está en capacidad de atender las necesidades de la gente.

Con la larga experiencia que tienen las autoridades colombianas con las secuelas de las fumigaciones, como el desplazamiento, es incomprensible que las fumigaciones no vayan acompañadas al menos de programas de ayuda de parte de las autoridades departamentales y nacionales para aliviar los impactos. La población queda completamente abandonada a su suerte. Año tras año las comunidades negras del Pacífico caucano vienen protestando y denunciando los daños que les causan las fumigaciones sin ningún resultado. Véase como ejemplo estos comunicados de denuncia: en 2010; en 2009; en 2008; y esta crónica de la ambientalista Tatiana Roa durante un viaje por la región en 2007. ¿Cuánto más podrá soportar la gente y podrá soportar la naturaleza una agresión de estas proporciones?

El Gobierno tiene todo su derecho a combatir a las FARC, pero no con cualquier arma. Las fumigaciones son un crimen que se viene cometiendo impunemente en el país desde hace décadas.
Amira Armenta

Foto El Espectador

Cada vez que una entidad no gubernamental – ya sea nacional o internacional – produce un  informe sobre Colombia que destaca aspectos relacionados con el conflicto y la violencia en el país, las autoridades colombianas reaccionan escandalizadas y con una actitud de rechazo.

Cada vez que, por ejemplo, Aministía Internacional o Human Rights Watch publican su informe sobre los derechos humanos en Colombia, o que CODHES saca a la luz las nuevas  cifras del desplazamiento, o que la Fundación Nuevo Arco Iris presenta un nuevo estudio sobre los paramilitares, etc, el Gobierno reacciona ofendido, negando de plano los datos ofrecidos por dichas entidades. En 2008, el Gobierno negó incluso las cifras de cultivos de coca reportadas para el año anterior en el informe de Naciones Unidas. Como en 2009 las cifras de la ONU fueron más favorables, entonces no las negaron.

Es decir, cuando los informes no resultan convenientes, ¿quiere decir que se equivocan? Es lo que ha vuelto a suceder esta semana luego de la publicación del último informe para Colombia del Comité Internacional de la Cruz Roja CICR. El tema central del documento  es que las víctimas en Colombia son ‘invisibles’. Hay 3,3 millones de desplazados y otro gran número de víctimas de la violencia del conflicto de los que nadie habla. No aparecen en las cifras de los ‘buenos resultados’ de la política estatal de seguridad. Una población que sufre toda forma de atropellos, que huye del fuego cruzado entre los diferentes grupos armados pero que no ocupa más de dos o tres líneas de vez en cuando en las noticias de la gran prensa urbana.

El informe del CICR destaca además un punto particularmente sensible para la administración del Presidente Uribe: después de los fuertes golpes sufridos en 2008, las FARC se han ido recuperando. ¿Qué sentido tiene negar esta verdad ‘inconveniente’ de que las FARC, guste o no, siguen siendo un actor importante en el panorama del conflicto colombiano?

Otro tema que no se le puede tocar al Gobierno es el de la famosa desmovilización de los paramilitares. También a esto se refiere el informe del CICR. La desmovilización ha dado paso a una removilización, y hoy son numerosas las regiones en donde prosperan los nuevos paramilitares, más conocidos como Bandas Criminales (Bacrim). El problema no se solucionó con la entrega de Mancuso, Jorge 40 y otros jefes y sus hombres. La acción de estos nuevos paramilitares contribuye innegablemente en el estado de violencia y conflicto en el que están sumidas las regiones en donde operan. Dado el tipo de labor que practica el CICR, la entidad está sin duda en condiciones de atestiguar sobre esto.

El Gobierno de Uribe siempre se ha sentido atacado por el contenido de estos informes a pesar de que sabe que éstos no suelen basarse precisamente en especulaciones y conjeturas sino en los meros hechos. En vez de rechazarlos, lo sensato sería acogerlos y aprender de ellos.

Ahora que Colombia se dispone a elegir un nuevo jefe de Gobierno, esperemos que la próxima administración sea capaz de valorar estos estudios y análisis que se basan en la observación de la realidad colombiana y tenerlos en cuenta en la elaboración de sus políticas de seguridad, económicas y de bienestar de la población.

Amira Armenta

"Chuzadas" del DAS

En este blog nos hemos referido con frecuencia a las opiniones elogiosas del Gobierno estadounidense respecto a la política antinarcóticos que se aplica en Colombia. Independientemente de que los cultivos aumenten o disminuyan, del monto de las cifras para la producción de cocaína, de los registros mayores o menores de las actividades del narcotráfico, etc, para Estados Unidos el caso colombiano siempre es un ‘éxito’ digno de aplaudir y de reproducir en otras partes del mundo.

Una vez más tuvimos que oír la semana pasada el discurso elogioso de EE.UU., durante la visita del Secretario de Defensa, Robert Gates a Colombia. La guerra a las drogas ha hecho tremendos progresos en Colombia, como también el país ha avanzado mucho en el respeto a los derechos humanos en Colombia.

Si no fuera porque sabemos que lo dice muy en serio, esto último en particular habríamos podido leerlo como una parodia. Que el alto funcionario estadounidense diga eso en Bogotá precisamente en los mismos días en que el país está conmocionado por las revelaciones de la Fiscalía sobre las escuchas telefónicas ilegales (chuzadas) del Departamento Administrativo de Seguridad DAS es como para morirse de la risa.

La Fiscalía hizo públicos documentos del DAS que dan cuenta de las intercepciones, seguimientos, campañas de difamación contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia, políticos y partidos de oposición, defensores de los derechos humanos, periodistas críticos del régimen…, y la lista es larga. Más grave aún, la Fiscalía encontró una relación directa entre esta ‘actividad criminal’ y la Casa de Nariño, la residencia del Presidente.

Pero la acción del DAS no se limitó a los ámbitos domésticos. Diversos documentos ahora de acceso en Internet dan cuenta de que los ataques también se dirigieron a políticos, medios, y a reconocidas organizaciones internacionales.

Facsímil

“La ‘Operación Intercambio’, por ejemplo, tenía como “objetivo”: “neutralizar influencia en Corte Interamericana de DDHH, Costa Rica”. Para tal fin “la estrategia” consistía en “desprestigio y sabotaje”. “La acción” se adelantaría mediante “alianzas servicio de inteligencia extranjeros, comunicados y denuncias páginas web, guerra jurídica”. Otra de las acciones emprendida por el DAS, denominada ‘Operación Europa’, tenía como “objetivo” “neutralizar influencia en sistema jurídico Europeo Comisión de DDHH parlamento Europeo, Oficina Alta Comisionada DDHH-ONU, Gobiernos Nacionales”. Para tal fin la “estrategia” era “desprestigio”. Las “acciones” que se adelantaron fueron “comunicados y denuncias páginas web, guerra jurídica”. Más de 10 operaciones de este estilo fueron adelantadas por el DAS y están consignadas en documentos de la propia entidad”. (Revista Semana)

Leyendo las palabras elogiosas del Secretario de Defensa Robert Gates nos queda la impresión de que la Embajada de EE.UU. no lee bien la prensa colombiana, o si lo hace, no les presenta un informe apropiado a los altos funcionarios estadounidenses que visitan el país. El Secretario Gates habría por lo menos podido abstenerse de mencionar los derechos humanos, no sólo por lo del DAS sino por tantos otros casos, como el de los falsos positivos entre los más recientes, que siguen en la impunidad.

¿Se abstendrá la Unión Europea de mencionar los derechos humanos ahora que se apresta a firmar un controvertido tratado de libre comercio con Colombia? ¿Se pronunciará Europa abiertamente ante las revelaciones de una “Operación Europa” del DAS tendiente a ‘neutralizar’ el trabajo a favor de los derechos humanos del Parlamento Europeo? O al igual que EE.UU., ¿se harán los países de la Unión Europea los desentendidos?
Amira Armenta

Foto de Jeremy Bigwood

Desde hace algún tiempo se viene hablando en Colombia de la posibilidad de crear el delito de daño ambiental por cultivos ilícitos. Hacer del daño ambiental un delito es sin duda una idea saludable, pero no debería reducirse exclusivamente a los ‘cultivos ilícitos’ sino aplicarse a toda actividad agrícola masiva, así como a cualquier actividad económica que tenga una clara y directa repercusión negativa sobre la naturaleza.

Como lo explica un informe del TNI de 2008, “Cultivos de uso ilícito y ecocidio”, los cultivos de coca, aunque contribuyen a la deforestación y contaminación, no son ni de lejos los principales responsables de éstas. Si se quisiera criminalizar el daño a la naturaleza habría que comenzar por la ganadería extensiva y por cultivos como los de palma africana, dos de las más nocivas actividades económicas que se practican en el país. Habría también que aplicar la ley a los excesos de la actual ‘bonanza minera’ y al acceso incontrolado a las grandes empresas mineras internacionales por la devastación ambiental que generan.(1) Y de igual modo habría que incluir la política antidrogas de las fumigaciones que a lo largo de los tantos años que se ha venido aplicando en Colombia ha vertido en campos y ríos enormes cantidades de herbicidas químicos cuyo impacto, que muchos prefieran ignorar, es evidente.

después de fumigar

A pesar de su carácter controvertido, a pesar de su inutilidad para frenar efectivamente los cultivos, el Gobierno colombiano persiste en la fumigación. Como lo denunciaron recientemente diversas fuentes confiables, – el Consejo Regional de Indígenas del Cauca CRIC, y la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento CODHES, entre otras – a mediados de marzo fueron fumigados territorios indígenas de la Costa Pacífica. Se trató de una fumigación indiscriminada, que afectó cultivos de papa, plátano y caña de azúcar, zonas de caza y pesca y agua, es decir, las fuentes de alimentación de la comunidad. Además, las aspersiones se produjeron en zona del río Naya, una importante cuenca hidrográfica del Pacífico colombiano.

Según CODHES, “Hasta hace pocos años, en la parte baja del río Naya, habitada por comunidades afrocolombianas (cerca de 23.000 habitantes) y por indígenas eperara siapidaara (cerca de 300 personas), las áreas sembradas de coca eran mínimas, por no decir inexistentes, como lo evidenció el Estudio Socioeconómico de la cuenca del río Naya, ordenado por el INCODER y realizado con el apoyo de la Unión Territorial Interétnica del Naya, UTINAYA, en noviembre y diciembre de 2005. Pero en menos de tres años, como consecuencia de la interdicción violenta de los cultivos de coca en Nariño, estos cultivos se regaron por todo el litoral del Pacífico, llegando también a la parte baja del Naya y a los ríos vecinos, siguiendo el esquema del efecto globo (“se aprieta allá y se infla acá”)”.

Este es quizá uno de los efectos más perjudiciales de las fumigaciones, algo que se viene  denunciando desde hace años: que inducen el desplazamiento de los cultivos hacia nuevas zonas con las consecuencias de deforestación que esta actividad implica. El  traslado de los cultivos a regiones tradicionalmente habitadas por comunidades indígenas y afro-colombianas –como en la zona del río Naya- ha destruido antiguas tradiciones y costumbres de estas comunidades al imponerles otros modelos económicos y otras racionalidades. Los cultivos no llegan solos sino que arrastran con ellos la guerra de los diferentes grupos armados por el control del territorio y del negocio. No son las comunidades campesinas las que traspasan los límites hacia la ilegalidad. Es la ilegalidad la que las traspasa a ellas.

Si se creara el delito por el daño ambiental causado por la producción de coca y se aplicara la ley en consecuencia, lo único que obtendríamos sería un aumento de la población carcelaria en zonas rurales con las consecuencias relacionadas con el aumento de la miseria y el abandono si las cabezas de familia son detenidas y acusadas. Y no por ello se reducirían los cultivos. Así como la criminalización del consumo no se traduce en su reducción.

No es creando nuevos delitos como se resolverán los daños ambientales asociados a los cultivos que sirven como materia prima para la fabricación de estupefacientes. Más útil sería revisar las actuales políticas para dichos cultivos, puesto que no han funcionado durante décadas, suspender las fumigaciones de herbicidas, puesto que impactan negativamente el ambiente y la sociedad, y comenzar a crear las condiciones que propician un desarrollo sano para los seres humanos y su entorno.
Amira Armenta
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(1) A este respecto recomiendo la lectura de una publicación reciente de la organización ambientalista colombiana “Censat Agua Viva” titulada: “Conflictos socio-ambientales por la extracción minera en Colombia: casos de la inversión británica”.

En un análisis reciente sobre la ‘narcobeligerancia’ de Vanda Felbab-Brown publicado por el Real Instituto Elcano, la investigadora llega a la conclusión de que independientemente de la intensidad de su convencimiento ideológico, grupos como las FARC y los talibanes sacan no sólo un provecho financiero del narcotráfico sino también un provecho político. Además, en contextos en donde hay presencia de grupos ideológicos armados, como en Colombia y Afganistán, la erradicación forzada de cultivos de coca y adormidera para opio contribuye a aumentar el capital político de dichos grupos. En consecuencia, la política de atacar los cultivos para quitarle su fuente de financiación a la insurgencia es solamente contraproducente.

Esto es lo que parecen haber aprendido (finalmente) las fuerzas militares estadounidenses en Afganistán. En su más reciente ofensiva antitalibán en Marja, una localidad situada en una de las más importantes zonas de opio del país, la orden que han recibido los militares es la de no meterse con los campos de adormidera.

Como lo han informado algunos medios de prensa entre los cuales el New York Times, Estados Unidos y la OTAN, que lograron expulsar de la zona a los talibanes el mes pasado, se han hecho los de la vista gorda ante los campos de adormidera para opio en Marja. El mismo general McChrystal lo reconoce: el opio representa el principal medio de subsistencia de hasta un 70 por ciento de la población de campesinos de Marja. Su destrucción significaría la destrucción de la economía local y con esto el rechazo de la población a la fuerza extranjera. Los únicos que se beneficiarían –políticamente- con la destrucción del opio serían los talibanes, y todo ello sin mover ni un solo dedo.

La situación ha sido, por supuesto, motivo de escándalo entre muchos sectores pro-erradicación en Estados Unidos, como el Departamento de Estado y la DEA. No es fácil ver a los soldados de la OTAN caminando indiferentes en medio de campos de opio que se sabe que dentro de poco serán cosechados y su producto canalizado hacia el narcotráfico. Se sabe también que una parte de la ganancia ilegal irá a parar a manos de los talibanes.

Afortunadamente, al menos hasta el momento, ha primado el sentido común antes que la rigidez de la política oficial. El sentido común que se resume en la frase de un habitante de la región citada en el mismo artículo del New York Times: “Es mejor que no destruyan los cultivos este año. El año entrante, si nos ofrecen una mejor seguridad, programas de reconstrucción y trabajo, entonces nosotros garantizamos que no cultivaremos adormidera para opio”.

También la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ONUDD en Afganistán está de acuerdo. No se pueden destruir los cultivos mientras las familias no cuenten con un  ingreso legal mínimo de subsistencia. La única forma de sacar a la población de la economía ilegal es garantizando la calidad de vida del campesino y su familia. Esto requiere una inversión que debe ponerse en marcha antes de que se elimine la economía ilícita.

El caso de Marja ofrece una buena oportunidad para comprobar la efectividad de la propuesta de no erradicar de manera forzada mientras no existan las condiciones adecuadas para la población. Su éxito dependerá de que las fuerzas militares actualmente en control en la zona mantengan el compromiso de no destruir los cultivos, mientras a la vez, el Estado sea capaz de procurar que la región reciba el apoyo necesario y duradero para que no haya resiembra.

Estados Unidos promueve desde hace tiempo la idea de aplicar en otros países las experiencias antinarcóticos que se tienen en Colombia. El modelo del combate al ‘narcoterrorismo’ en Colombia se ha vendido para la guerra contra el narco-talibán afgano. Pero en Marja está claro que los generales de la OTAN han preferido salirse del libreto oficial y seguir los consejos de los think tanks que llaman la atención sobre las consecuencias colaterales de la erradicación forzada. En Marja, una acertada percepción de la realidad local les ha permitido ver que evitar la erradicación es la actitud más razonable.

Colombia podría ahora aprender de este modelo afgano. El nuevo Gobierno que resulte próximamente en Colombia, cualquiera sea su color político, bien podría llevar a la práctica este ejemplo. Entender que es mejor dejarles por un tiempo a las FARC la ganancia económica en vez de la ganancia política que obtienen cada vez que el Gobierno se echa a la población como enemiga por imponer una erradicación que deja a las familias en la ruina. Una respuesta adecuada a las necesidades de la población es la única garantía del éxito del Estado y de la derrota de los grupos armados en las regiones hoy marcadas por la coca y el conflicto. Mientras esto no suceda, las FARC, independientemente de las motivaciones que las inspiren, el negocio de la droga o la ideología, seguirán sacando provecho político.
Amira Armenta

Esta frase es sacada de un informe reciente producido por el programa Drogas y Democracia del TNI, titulado:  “Lucha contra los flujos de capitales no regulados e ilícitos” escrito por Tom Blickman.

Generalmente cuando se habla de ‘blanqueo de capitales’ se tiende a pensar en primera instancia en dineros que provienen de actividades delictivas como el narcotráfico y toda suerte de contrabando, etc. Este informe nos revela que en la agenda internacional existen otros flujos monetarios ilícitos o no regulados que representan montos mucho más grandes que los de la delincuencia ordinaria.

La evasión y elusión de impuestos, los capitales en fuga, la fijación de los precios de transferencia y la manipulación de éstos, y las ganancias que proceden de la corrupción de las altas esferas son hoy obstáculos quizás más perjudiciales para la buena gobernanza y la estabilidad e integridad del sistema financiero.

Ver el informe completo.

En su informe más reciente titulado “El bazar de las cifras“, Ricardo Vargas muestra cómo “en la guerra contra las drogas en Colombia, las cifras son otro frente de combate”.

Vargas observa que el escenario de las drogas en Colombia se caracteriza por el dominio de una confusión de cifras insuficientemente fundamentadas, y de diagnósticos especulativos que luego generan políticas que reflejan ese desorden.

La manipulación de datos y diagnósticos que se ha hecho en Colombia para consolidar el ‘éxito de la estrategia’ está haciendo carrera en países como México que miran hacia Colombia como el país del cual hay que aprender.

“El bazar de las cifras” da un vistazo a lo que sucede con las cifras para la coca y la cocaína en Colombia con la idea de levantar algunos interrogantes acerca de lo que las autoridades presentan como el éxito del control de drogas en Colombia.

Foto revista Cambio

Durante años los colombianos compraron las cajitas de té Coca Nasa en tiendas y supermercados de las grandes ciudades del país. Recuerdo además que el té de coca estaba en la sección de los productos naturistas, o sea, los más sanos y buenos para la la salud. Ni las tiendas que vendían los productos de coca ni la gente que los compraba tenían la impresión de estar cometiendo un delito. Además, que se sepa, nunca nadie se enfermó por consumirlos.

¿Qué necesidad tenía entonces la entidad gubernamental fiscalizadora de alimentos y medicamentos Invima de prohibir un producto que no sólo ha demostrado no ser perjudicial a la salud sino que representa una fuente de ingreso para algunas comunidades indígenas colombianas?

El Invima dice que prohíbe la venta de los productos de coca por razones sanitarias. Pero, ¿cuánta gente se ha enfermado o ha muerto por beber infusiones o refrescos de coca que han estado consumiendo durante años?

Fabiola Piñacué, responsable del proyecto empresarial indígena COCA NASA está desarrollando una campaña de protesta ante esta acción irresponsable y sesgada del Invima. Piñacué recuerda que,  “A partir del año 1999, el Estado Colombiano promovió y avaló la iniciativa empresarial COCA NASA, en cumplimiento de preceptos constitucionales que reconocen la diversidad étnica y cultural y los aportes que al desarrollo social y económico de la Nación podemos hacer los pueblos indígenas”. Ver el pronunciamiento completo.

¿Qué se oculta pues tras este argumento sanitario para prohibir los productos de la coca? Sorprende que esto pase en Colombia, un país en donde se produce y se vende toda clase alimentos en las calles de pueblos y ciudades sin el más mínimo control sanitario. Una vez más, nadie se ha muerto por comerse por ahí una arepa o una empanada. La gente más bien se muere por no tener qué comer. Situación a la que van a empujar a comunidades como los Nasa de proseguir con la prohibición de sus productos de coca.

La realidad es que no son razones sanitarias sino las absurdas obligaciones que atan a los países a acuerdos internacionales obsoletos, como los establecidos para la coca. La medida se ha tomado en Colombia porque viola la Convención de Estupefacientes de 1961 que prohíbe la comercialización de los productos de la coca.

En medio de un total distanciamiento de la realidad, la Junta Internacionacional de Fiscalizacion de Estupefacientes JIFE – que acaba de publicar su último informe anual -  persiste en el punto de que bajo las convenciones internacionales el uso de la hoja de coca es una actividad ilícita. El obstinamiento de la JIFE respecto a la coca no le permite ver los usos positivos de esta planta.

Ojalá que el Gobierno colombiano recapacite la medida del Invima y ponga en primer lugar los intereses de colombianos como los Nasa antes que el cumplimiento con un acuerdo que los perjudica. Al mismo tiempo, sería bueno que el Gobierno colombiano y los de otros países latinoamericanos se unieran al Gobierno de Bolivia, país que se ha comprometido en un proceso para lograr la desclasificación de la hoja de coca de las listas de las convenciones de la ONU.

Haber incluido la coca en esas listas fue un error hoy reconocido por numerosas entidades especializadas y expertos en el tema. Los costos de este error los pagan las comunidades indígenas de Suramérica asociadas tradicionalmente a esta hoja.

Amira Armenta

Foto The Guardian

El periodista Matthew Bristow se pasó dos años en Colombia observando el proceso del narcotráfico desde la producción de la droga hasta su salida. El resultado se puede apreciar en un video de 30 minutos en el periódico británico The Guardian.

La primera parte lleva el título de “The Farmers” (Los campesinos). Aunque escenas como las que se ven al comienzo de esta parte no resultan muy novedosas –no es la primera vez que alguien filma detalles de la primera fase de la elaboración de la pasta base de coca- siempre resulta impresionante ver la manera despreocupada como los campesinos manipulan los precursores químicos, como si se tratara de sustancias inofensivas. La realidad es que están mezclando sustancias altamente peligrosas como ácido sulfúrico, amoniaco, cal, gasolina, a la hoja de coca, todo ello sin la más mínima precaución para su propia salud. Y ni hablar del ambiente. No usan guantes y la ropa que llevan no es la más adecuada.

Al daño ecológico que representa esta actividad clandestina se suma el perjuicio de la fumigación, una política en la que ha insistido reiteradamente el Gobierno de Uribe. Ante las críticas a esta política las autoridades antinarcóticos siempre han afirmado que las fumigaciones son muy precisas. Algo que queda desmentido una vez más en este video. Un funcionario de la ONUDD explica bien la precariedad de la precisión, sobre todo ahora que los lotes de coca al parecer se han reducido de tamaño.
Video-Primera parte

La segunda parte, que se titula “The Labs” (Los laboratorios), revela una vez más que los campesinos con frecuencia no tienen alternativas sobre a quién le venden su producto. Lo venden al grupo que controle la región, las FARC, los paras o a los puros narcos.

La pasta de coca se lleva a un laboratorio para su procesamiento en clorhidrato de cocaína, y una vez más los desechos terminan en la naturaleza. Y como si la contaminación de estos labs no fuera ya lo bastante grave, las autoridades hacen explotar el sitio aumentando la destrucción y contaminación de la selva. ¿No existirán maneras más limpia de desmontar estos laboratorios?

Video-Segunda parte

La tercera se titula “Patrolling the Coast” (Patrullando la costa). Según la policía, un 65% de la cocaína colombiana saldría por el Pacífico. Un detalle interesante de esta parte es la entrevista con un ex narco que asegura que por lo general los viajes son exitosos y menciona que de cada cien, unos setenta alcanzan su objetivo. Dado los altos costos de la mercancía, esta proporción no es nada despreciable.

Video-Tercera parte

Campo de amapola en Afganistán - Foto Tom Kramer

Según la Organización Mundial de la Salud OMS, una de cada cinco personas en el mundo sufre de dolor crónico. Innecesariamente, pues la oferta de opio – la materia prima de la morfina – que se produce en el mundo sería más que suficiente para cubrir la demanda mundial de fármacos opiáceos por razones médicas. No obstante, en la mayoría de los países los medicamentos que se necesitan para cubrir las necesidades por dolor son insuficientes.

Un ejemplo dramático es el de la India. Según un informe de Human Rights Watch publicado el pasado mes de octubre, en la India cerca de siete millones de personas afectadas por enfermedades como tuberculosis, sida o cáncer padecen dolor extremo debido a las restricciones que ponen las leyes del país para el uso de la morfina y a los controles internacionales a los que están sometidos el opio y sus derivados. Lo paradójico del asunto es que la India es uno de los principales productores mundiales de opio. Más aún, la producción de opio es legal en la India. Pero casi todo el opio indio se produce para la exportación.

Por el lado de Colombia las cosas no están mucho mejor. Según un informe de 2009 de la Junta Internacional para la Fiscalización de Estupefacientes JIFE, Colombia es uno de los países del mundo en donde la gente tiene menos acceso a medicamentos opioides (como la morfina y la codeína, entre otros) para el control de dolores como los producidos por el cáncer.

Una nota reciente en la prensa colombiana resaltó el caso del Departamento del Valle del Cauca, en donde cientos de enfermos de cáncer viven con dolor por escasez de morfina, una sustancia controlada por la Dirección Nacional de Estupefacientes DNE. En Colombia la producción y comercio de morfina está controlada por el Estado. Según la noticia, en esos días era imposible conseguir morfina en gotas en todo el departamento, solamente se conseguían ampollas pero éstas no servían para suplir la necesidad dada su concentración.

La pregunta que surge de esta situación es, ¿por qué no hay morfina en Cali? ¿Qué absurdos y obsoletos acuerdos internacionales impiden que al menos una parte de la producción de opio en Colombia se destine a los fines médicos que demanda el país?

A diferencia de la India, Colombia no produce opio legal. Produce en cambio opio ilegal. Según el último censo de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ONUDD, a finales de 2008 había 394 hectáreas de amapola – conocida también como ‘adormidera para opio’ – en el país. [Dado lo modestas que suelen ser las cifras de la ONUDD para la coca y la amapola, no sería de extrañar que hubiera más]

Al igual a como sucede en los países que son grandes productores de opio ilegal – Afganistán y Birmania – cada año se erradican en Colombia cientos de hectáreas de amapola y se destruye el látex de amapola incautado. Si estos países tuvieran la opción de usar al menos una parte de esta producción para suplir sus necesidades domésticas de opiáceos con fines médicos, posiblemente no habría escasez de morfina y los enfermos no se verían obligados a padecer el dolor.

También según la JIFE, en un país Europeo como Austria, el consumo per cápita de morfina con fines terapéuticos alcanza los 121,4 miligramos. En Colombia escasamente se llega a 1 mg. El promedio mundial es 5 mg por persona. ¡Que esto pase en un país en donde se destruye la materia prima de los opiáceos!

Pero el problema no afecta solamente a los países del Sur. También en Estados Unidos, muchísima gente sufre de dolor crónico por el temor que tienen los médicos allí a tratar a sus pacientes adecuadamente, ante las posibles repercusiones de la ley. Al respecto vale la pena ver este video.
Amira Armenta