Imagen UNODC - Colombia

El Consejo de Seguridad de la ONU organiza un debate el 8 de diciembre sobre el tema del narcotráfico como una amenaza a la seguridad del mundo. Como bien lo especifica el informe de Naciones Unidas para anunciar el evento, aunque el impacto de las drogas ha sido objeto en otras oportunidades de debates en el Consejo en casos específicos de algunos países, ésta es en realidad la primera vez en la historia del Consejo de Seguridad que se tratará de manera formal el tema del narcotráfico como amenaza global.

Cuánto se habrá deteriorado la problemática generada por la producción, tráfico y consumo de las drogas ilícitas en el mundo que el primer organismo de seguridad del mundo ha llegado al punto de tener que incluir este tema en tales términos dentro de su agenda de seguridad. El 8 de diciembre será pues una fecha histórica. Luego de más de tres décadas de ‘guerra a las drogas’, las drogas no sólo están ganando la guerra sino que han subido en la escala de valores de las grandes amenazas para la paz y la seguridad de la humanidad, lo que constituye el tema central que ocupa al Consejo de Seguridad.

El informe del CS menciona la posibilidad de que esta entidad adopte una declaración presidencial tendiente a enfrentar la actividad del narcotráfico en sus diferentes modalidades, y especifica como una posible opción solicitarle a la Comisión de Consolidación de la Paz que, en los países relevantes, se dedique al tema de las alternativas económica para los cultivos ilícitos con el fin de desincentivar la participación de los campesinos en la economía de las drogas.

Este es un tema de clave. De la manera cómo los países productores de drogas, las autoridades antinarcóticos y las instancias internacionales de cooperación antidrogas enfoquen el asunto de la sustitución de los cultivos dependerá el éxito o no de estos programas y su contribución en la lucha contra el narcotráfico.

Hasta el momento el tema del desarrollo alternativo a los cultivos ilícitos en países como Colombia y Afganistán -los dos mayores productores de drogas ilícitas a partir de plantas en donde además la producción se realiza en un contexto de conflicto armado- ha sido manejado por lo general con criterios que no sólo no han favorecido la desincentivación del cultivo sino que han agravado la situación de seguridad de las respectivas zonas productoras. La cooperación al desarrollo, en ambos países, ha estado amarrada a estrategias de seguridad dentro de la óptica estrecha que percibe al agricultor como un aliado del insurgente, en razón de lo cual se castiga al agricultor forzándolo a erradicar con la promesa de una posterior ayuda que en la mayoría de los casos no se materializa. Y no se materializa porque esas regiones no cuentan con la infraestructura económica, social y civil necesaria para el desarrollo y el cubrimiento de las necesidades de la población.

El hecho de que el tema de las drogas entre ahora formalmente a hacer parte de la agenda global de seguridad comporta el riesgo de que en aras de la seguridad se sigan descuidando, o sigan estando en segundo plano ámbitos fundamentales para enfrentar el problema como son el desarrollo y la salud. Hasta el momento, el enfoque militarista de la guerra a las drogas sólo ha logrado intensificar los conflictos y no hay señales cercanas de cambio. El presidente Obama anunció el pasado 1 de diciembre un aumento de la estrategia civil en Afganistán, pero al mismo tiempo confirmó un considerable refuerzo del pie de fuerza militar de los Estados Unidos. De su discurso se puede concluir que en la política para Afganistán seguirá imperando la vieja fórmula seguridad-desarrollo, la misma que ha imperado en Colombia desde la implementación del Plan Colombia en 2000 con resultados infructuosos.

Por otro lado, la posibilidad de que la Comisión de Consolidación de Paz pase a ocuparse del tema de la sustitución de cultivos para frenar la producción de drogas podría ser una buena oportunidad para modificar el enfoque que prioriza la seguridad imponiendo el modelo de la fuerza como condición para el desarrollo. Dentro del espíritu mismo de la consolidación de la paz que inspira a esta entidad, se debería partir de que las condiciones para el desarrollo, particularmente en regiones a donde nunca ha llegado el Estado o ha llegado precariamente, no se generan de un año a otro, requieren de tiempo, durante el cual no se puede imponer a los cultivadores condiciones difíciles de cumplir. Siendo optimistas, ésta podría ser la oportunidad de que se comience a abordar el asunto de la producción ilícita de manera más razonable.

Dos nuevos informes del TNI sobre Afganistán y Colombia abordan de manera oportuna esta temática de la relación drogas-seguridad-desarrollo en los dos países.

El informe Redefining Targets – Towards a Realistic Afghan Drug Control Strategy (por ahora sólo en inglés) actualiza los resultados de los esfuerzos antinarcóticos en Afganistán, enfocándose en los dilemas de las políticas para la producción, tráfico y consumo, y hace una serie de recomendaciones dirigidas a estos tres ámbitos. Los autores del informe, Martin Jelsma y Tom Kramer, investigadores del TNI, estuvieron el pasado mes de noviembre recorriendo Afganistán en donde tuvieron la oportunidad de hablar con campesinos productores y jóvenes consumidores de heroína.

El segundo informe, Drogas, seguridad y cooperación. ¿Qué hay de nuevo en el caso colombiano?, es un análisis del investigador asociado del TNI, Ricardo Vargas, que examina los desarrollos de la política antidrogas del Gobierno del presidente Uribe, así como la producción y tráfico de drogas en el contexto de la estrategia de seguridad que aplica Washington en el país y la región.

Amira Armenta

Comentario a las recientes declaraciones del embajador de Colombia en el Reino Unido sobre el tema.

Los principales programas del llamado ‘desarrollo alternativo’ que se aplican en Colombia no contribuyen al desarrollo ni representan verdaderamente una alternativa. De ahí su fracaso. Un fracaso que se puede medir en términos del regreso del campesino al cultivo de la coca porque nunca se materializara el desarrollo prometido con la erradicación.

Este tema del desarrollo alternativo fue uno de los varios a los que se refirió el embajador de Colombia en el Reino Unido, Mauricio Rodríguez-Múnera, el pasado martes 10 de noviembre durante una audiencia en la Cámara de los Comunes de ese país. Durante la sesión, el embajador respondió las preguntas de los parlamentarios británicos interesados particularmente en el tráfico internacional de la cocaína.

El embajador se refirió de manera optimista a la disminución de la producción de cocaína, a la disminución de los cultivos de coca, al aumento de las incautaciones; a los efectos nefastos de la producción de coca en el ambiente particularmente a causa de la deforestación; al número de personas involucradas en el negocio de las drogas, al problema de las ‘mulas’, y al desarrollo alternativo que es lo que nos interesa destacar en esta entrada.

A la pregunta de un parlamentario sobre por qué los campesinos cultivan coca, el embajador muy acertadamente mencionó la pobreza y el abandono como causas subyacentes de la proliferación de los cultivos. [hago la precisión de que ni la pregunta ni la repuesta son literales, cito solamente las ideas expresadas]. No obstante esta afirmación, el señor embajador continuó su intervención elogiando los buenos resultados de los programas de desarrollo alternativo del Gobierno colombiano, muchos de los cuales se realizan con el apoyo de la cooperación internacional.

Pero –y esto es lo que han debido preguntarle al embajador los parlamentarios británicos y no lo hicieron- si el desarrollo alternativo está funcionando entonces ¿por qué siguen los campesinos cultivando la coca? Como también hubiera sido útil que preguntaran, si el problema se origina en la pobreza, ¿por qué no se ha logrado en todas estas décadas que se llevan combatiendo la producción ilícita erradicar o al menos reducir la pobreza del campo colombiano? ¿Por qué ha sucedido todo lo contrario, los campesinos son hoy más pobres que antes, y millones de ellos viven desplazados?

El llamado ‘desarrollo alternativo’ que se aplica en Colombia no es eficaz y si los parlamentarios británicos hubieran estado mejor informados sobre la realidad del campo colombiano, habrían podido poner al embajador en gran aprieto para que explicara por qué si los programas del Gobierno colombiano -como Familias Guardabosques y ‘proyectos productivos’- son tan exitosos como dice sigue produciéndose coca en el agro colombiano. Existen, por supuesto, algunos programas exitosos, pero son minoritarios y por lo general casos aislados. La realidad es que la política de ‘desarrollo´ asociada a la política de seguridad que aplica el Gobierno colombiano y que se expresa también en ese tipo de programas, no ha dado los frutos esperados.

La Unión Europea y varios de sus países miembro canalizan fondos hacia Colombia para programas de desarrollo alternativo. Si quieren que esos esfuerzos se traduzcan en una efectiva reducción del tráfico de cocaína hacia Europa convendría que revisaran el impacto de estos programas en la contención del problema de los cultivos.
Amira Armenta

Ejército Nacional - Erradicación manual forzada

El gobierno estadounidense publicó el viernes pasado sus estadísticas sobre cultivos ilícitos en Colombia para el año 2008. Según el monitoreo, la coca disminuyó en el país, pasando de 167 mil hectáreas en 2007 a 119 mil en 2008. Una vez más se observa que estos resultados no coinciden con los que presenta la ONU, entidad que reportó para 2008 una superficie de 81 mil hectáreas.

Lo importante es que en ambos casos, 2008 arroja una disminución de la coca en Colombia. La pregunta clave ante esta evidencia es a qué obedece esta disminución. Adam Isacson, especialista en Colombia que ha venido monitoreando la situación de los cultivos desde hace años observa cómo la disminución de la coca ha ido paralela con una disminución de la fumigación de los cultivos, a menos fumigación menos coca. El dato es apreciable en esta imagen en la que se observa también cómo en los últimos tres años se produjo también un aumento de la erradicación manual forzada.

Pero no es que haya una erradicación buena (la manual) y otra mala (la aspersión aérea). Mientras se trate de una erradicación forzada, difícilmente se puede hablar de progresos sostenibles en la lucha contra los cultivos ilícitos. Si bien la erradicación manual no impacta el ambiente del modo en que lo hacen las aspersiones con el herbicida glifosato, por sí misma no representa una opción económica para el campesino cultivador de coca. De modo que, como lo señala también Isacson, mientras el gobierno no le ofrezca al campesino una transición efectiva y duradera hacia una economía legal, en cualquier momento éste se va a ver de nuevo abocado a recurrir al cultivo de la coca para sobrevivir.

Es decir, si la disminución de 2008 no estuvo fundamentada en programas alternativos para los campesinos que dejaron de producir esas miles de hectáreas que desaparecieron del cuadro de ese año, probablemente ellos han vuelto a sembrar coca en 2009. El autor resalta en particular el caso de dos de los principales departamentos cocaleros del país, Putumayo y Nariño. Esos departamentos conocieron en 2008 el boom de las pirámides de dinero las cuales representaron para numerosas familias campesinas de esas regiones un ingreso económico suficientemente importante como para abandonar el cultivo ilícito. Es decir, sin proponérselo expresamente, las pirámides hicieron las veces de un efectivo programa de ingreso alternativo para muchos campesinos cocaleros, lo que se tradujo en una reducción de los cultivos en esas áreas. Con el desplome de las pirámides a finales de 2008, hay evidencias de que estos campesinos debieron retornar en 2009 a la economía de la coca.

Probablemente los progresos obtenidos en la reducción de los cultivos en 2008 no se sostengan en 2009, pero podrían servir para ayudar a las autoridades antinarcóticos a sacar conclusiones útiles en orden a revisar las actuales políticas para los cultivos: las fumigaciones no son necesariamente el mejor instrumento para atacar los cultivos ilícitos como han creído durante décadas pues ha habido reducción de cultivos en un período de reducción de las fumigaciones; y la manera más segura y eficaz de evitar que el campesino recurra al cultivo ilícito es ofreciéndole una alternativa económica sostenible que le garantice un ingreso para vivir.
Amira Armenta

hoja de coca

El periódico “El País” de Cali y un grupo de video periodistas encabezados por Mauricio González han lanzado un reportaje multimedia interactivo especializado en los temas de la coca. La página se titula: Reportaje 360 – La hoja sagrada.

El reportaje ofrece una información compacta e interactiva en los diferentes ámbitos asociados a la hoja de coca. A muchos les sorprenderá enterarse de datos tan interesantes como que hay evidencias arqueológicas que delatan el uso de la coca en lo que hoy es Perú, Colombia, Ecuador y Venezuela en fechas tan antiguas como unos dos mil años antes de Cristo.

Como se desprende de la visita de este excelente reportaje, la coca es muchísimo más que  la materia prima de la cocaína. Más allá de su demonización y de la desinformación sobre sus calidades, hay otras facetas aún desconocidas de la coca que este material ayuda a esclarecer.

droga decomisada

En entrevista reciente de la revista Cambio con el director de la Policía de Colombia, Oscar Naranjo, le preguntan sobre el control de las FARC sobre rutas internacionales de la cocaína, a lo cual el general responde, “Las Farc no tienen esa capacidad. Hoy han vuelto a la modalidad del impuesto al gramaje, a los precursores químicos y a los kilos de hoja de coca al campesino. Volvieron a la que fue una modalidad muy común en los noventa”.

Si esto es así, y las autoridades lo saben y lo dicen públicamente, entonces cómo se justifica que las FARC sigan siendo catalogadas por Colombia y Estados Unidos como el mayor actor del narcotráfico en la región, lo que amerita la gigantesca inversión antinarcóticos dirigidas particularmente contra este grupo. Pues son éstas las argumentaciones para haber continuado con la nueva fase del Plan Colombia ampliando el acceso militar estadounidense en Colombia.

Muchas de las críticas a la estrategia antinarcóticos que viene aplicando EEUU desde hace años en Colombia tienen que ver con el énfasis que se pone en la erradicación de los cutivos y con el hecho de que el ataque se dirija al sector más débil de la cadena de las drogas que es el cultivador. La presencia de la insurgencia en las zonas de cultivos justifica para las autoridades la estrategia porque representa al mismo tiempo un golpe directo a las guerrillas.

Esto es cierto. Pero también es cierto que un golpe a la guerrilla no representa necesariamente un golpe al narcotráfico. Y si de lo que se trata es de aplicar políticas eficacez para contener el narcotráfico, entonces se está claramente errando el tiro. Si le creemos al general Naranjo cuando dice que las Farc no tienen capacidad para controlar rutas internacionales, entonces por qué se insiste en atribuirles a las FARC un mayor protagonismo en el negocio a sabiendas de que no es cierto. Y a sabiendas, dados los resultados hasta ahora de la lucha contra el narco, que la estrategia de combinar lo antinarcótico y lo contrainsurgente no funciona y que además ha sido contraproductivo.

El Gobierno colombiano –con el apoyo de EEUU- tiene el doble interés de eliminar a las FARC y eliminar el narcotráfico. Pero no es exagerando el papel de la guerrilla con las drogas que va a conseguir cualquiera de las dos cosas.

Lo más grave de todo esto es que las verdaderas bandas narcotraficantes encargadas de mover la cocaína, sacarla del país y ubicarla en los diferentes sitios internacionales de las rutas hacia su destino final en Estados Unidos y Europa están sacando partido del hecho de que las Farc se hayan vuelto el principal objetivo antinarcótico. El interés contrainsurgente del Gobierno está distorsionando los otros objetivos y de paso ayudando indirectamente a las mafias que sí controlan rutas internacionales.

La paja en el ojo ajeno

El ministro de Defensa colombiano, Gabriel Silva, hizo la semana pasada un comentario público sobre el incremento del volumen de droga que estaría transitando por Venezuela. Conociendo la manera como reaccionan los funcionarios venezolanos y el mismo presidente Chávez ante este tipo de comentarios lanzados de manera irresponsable por miembros del Gobierno colombiano, no hay duda de que se trató de una provocación.  Una provocación en la que cayeron los venezolanos que no tardaron en devolver la pelota con el mismo tono anti diplomático que se ha impuesto últimamente entre los dos países.

Si efectivamente ha aumentado el número de vuelos sospechosos que sobrevuelan territorio venezolano, como lo señala un artículo en la prensa colombiana, ¿no es absurdo que un ministro colombiano –del principal país productor de cocaína-  le atribuya toda la responsabilidad a Venezuela que sólo es un país de tránsito? Razón no le falta a la contraparte venezolana, Tarek El Aissami, cuando dice que el ministro Silva es un ‘caradura’. Si Colombia no ha sido capaz de contener la producción de cocaína y su movimiento dentro del territorio nacional a pesar de las masivas inversiones que se hacen con este propósito, con qué cara se pueden poner en cuestión los esfuerzos antinarcóticos de un país vecino que es ante todo víctima del problema colombiano. Hay que ser en efecto caradura para exigirles a los otros lo que no se ha podido lograr en el propio terreno. A sabiendas además, como lo hemos señalado arriba, de que la artillería antinarcóticos no se está dirigiendo hacia donde debe dirigirse, hacia las mafias de los verdaderos narcos. Al ministro Silva se le podría aplicar el viejo proverbio bíblico de estar viendo mejor la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio.

En vez de estar provocando a países vecinos con los cuales las relaciones son ya bastante precarias, mejor haría Colombia en poner en orden su propia casa: comenzar a arreglar los grandes problemas que vive el campo colombiano. La mejor solución contrainsurgente y contra la producción ilícita de coca pasa por una reforma estructural del agro colombiano. Pero mientras esto no se haga, mientras persistan esquemas profundizadores de la inequidad social y económica, como el tristemente famoso Agro Ingreso Seguro, entonces que al menos el Gobierno colombiano tenga la prudencia de no andar mostrando las pajas en los ojos de los vecinos.

Amira Armenta

Foto AFP - Ahmed Wali Karzai

El caso del hermano de Hamid Karzai da mucho qué pensar en esto de la honestidad de Estados Unidos en su política de drogas. La CIA se ocupa por un lado de monitorear la situación de los cultivos ilícitos, la producción de estupefacientes y su comercio, pero por otro hace arreglos con figuras como Ahmed Wali Karzai, de quien se sabe –la CIA lo sabe- hace tiempo que es un actor importante del comercio ilícito de opio en su país.

Hasta cuándo van a seguir soportando países como Colombia y Afganistán, entre otros, en donde se conjugan todas las formas del negocio de las drogas ilegales con las consecuencias que esto significa, una guerra a las drogas impuesta por un país, Estados Unidos, que no es capaz de respetar sus propias reglas de juego.

El caso del señor Karzai que publicó ayer el New York Times no es ni mucho menos el primer ejemplo prominente del doble juego de las agencias gubernamentales estadounidenses en materia de drogas. En el hemisferio occidental también ha habido casos graves por el estilo, como el del presidente de Panamá Manuel Antonio Noriega, o el del asesor Vladimiro Montesinos en el Perú.

La vinculación de estas figuras con el narcotráfico era de conocimiento público y fue denunciada en repetidas ocasiones. Nada de esto fue obstáculo para que la CIA mantuviera relaciones secretas con ellos. A pesar de las continuas denuncias de la prensa y sectores políticos, tanto Noriega como Montesinos se mantuvieron en sus posiciones de poder, que sólo se derrumbarían cuando la CIA y la administración estadounidense de turno decidieran que la imagen de esos individuos estaba tan desprestigiada que ya no les convenía más el trato con ellos. Desde el momento en que pierden el apoyo de Estados Unidos no pasa mucho tiempo antes de que figuras como éstas se vengan abajo.

Teniendo estos dos casos prominentes como experiencia, no es muy difícil imaginar lo que le va a pasar a Ahmed Wali Karzai. Especialmente porque hay cada vez más indicios de que los Karzai han perdido la simpatía de por lo menos un sector importante del actual gobierno de EEUU. Habrá que ver qué pasa en las nuevas elecciones del 7 de noviembre. Pero nada más el hecho de que se produzcan esas nuevas elecciones es ya una señal importante de la debilidad de los Karzai. De haber contado con el respaldo incondicional de EEUU probablemente no se habría cuestionado la limpieza de las pasadas elecciones.

Luego de la denuncia del New York Times sobre los oscuros arreglos CIA/Karzai no puede uno menos que preguntarse: ¿quieren los Estados Unidos verdaderamente acabar con la producción ilegal de opio y el narcotráfico en Afganistán? ¿Esperan ganar su guerra a las drogas en ese país negociando soterradamente con los narcos? Es sabido que el narcotráfico ha penetrado fuertemente la sociedad afgana hasta sus más altos estratos, ¿por qué entonces insistir con una política dirigida a golpear principalmente al sector más débil, el cultivador de amapola, mientras que los que más se aprovechan de las ganancias del negocio se camuflan en los escenarios de poder político y económico adquiridos.

Ahora que en Latinoamérica se habla cada vez más de revisar las actuales políticas de drogas, casos como el de la doble moral que aplican agencias estadounidenses como la CIA debería servir de motivo para abandonar la tradicional guerra estadounidense a las drogas. Colombia, al igual que Afganistán, lleva años aplicando el juego impuesto por un jugador al que no le importa hacer trampa.
Amira Armenta

Frontera Af/Pak

El tema es ahora la frontera AfPak, como los estadounidenses, muy dados a las síntesis semánticas, han dado en sintetizar los asuntos relacionados con los dos países, Afganistán y Pakistán. El Gobierno de Obama comenzó con una nueva estrategia AfPak abriendo  una oficina para esa región, y Richard Holbrooke, el enviado especial así se refiere a su cartera  en un extenso reportaje en el New Yorker de hace algunas semanas. La guerra en Afganistán es ahora la AfPak War.

Se dice que el futuro de la guerra que libran Estados Unidos y la OTAN en Afganistán se definirá también según lo que pase en esa frontera. La estabilidad política de Pakistán depende de los desarrollos del conflicto de las provincias fronterizas paquistaníes con las afganas. Osama bin Laden se estaría escondiendo por esos lados. Si hay algo que preocupa más a occidente que el ascenso y extensión de los talibanes afganos es el ascenso y extensión de los talibanes de Pakistán.

Pues bien, son muchas las cosas que se juegan entre estos dos países y en particular en su explosiva frontera. Nada de extrañar, pues, que en el último informe de la Organización de las Naciones Unidas para las Drogas y el Delito ONUDD sobre Afganistán, el director de esta entidad mencione específicamente la frontera AfPak porque se ha convertido en la región más grande del mundo para el tráfico ilícito de todo lo que sea susceptible de ser traficado: armas, equipos para fabricación de bombas, precursores químicos, gente, y por supuesto, drogas.

El informe titulado “Addiction, Crime and Insurgency – The Transnational Threat of Afghan Poppy” (Adicción, delito e insurgencia – La amenaza transnacional de la amapola afgana) es un compendio de las proporciones y el impacto de la economía del opio en Afganistán más allá de las fronteras de ese país. Es decir, cuáles son las repercusiones que dejan el tránsito de 900 toneladas de opio y 375 toneladas de heroína en la salud y seguridad de los países involucrados en su comercio ilícito. Y, como es de suponer, las conclusiones no son nada optimistas.

Para citar uno de los ejemplos que ofrece el informe nada más a nivel del consumo: el número de personas de países de la OTAN que muere al año por una sobredosis de heroína – unas diez mil personas – es cinco veces más alto que el número total de combatientes de la OTAN muertos en Afganistán desde el comienzo de las operaciones militares en 2001.

Pero es sobre todo la relación drogas-insurgencia la que suscita las mayores inquietudes entre EEUU y sus aliados. No sólo la doble guerra – al opio y al talibán- que se desarrolla desde hace años en los alrededores de la frontera AfPak se ha ido perdiendo –ahora hay más opio y más talibanes activos- sino que, como lo señala el informe de la ONUDD, ha generado una “perfecta tormenta” que ahora amenaza con abarcar el Asia Central. Diferentes grupos islámicos extremistas en los países centro asiáticos están, también ellos, sacando partido del tráfico de opio y heroína.

La comparación con Colombia es pertinente. Estados Unidos vende la idea de que, a diferencia de Afganistán, en Colombia las políticas contrainsurgentes y antinarcóticos han sido un éxito. Una mirada más a fondo de lo que sucede en las diferentes regiones de Colombia en donde hay producción ilícita no permitiría llegar a tal conclusión. Además de que una reducción del pie de fuerza de las FARC no ha representado el fin de esta insurgencia. La vitalidad de la industria ilícita de la coca-cocaína se encargará de garantizar la existencia de grupos irregulares, políticos o no, dedicados al negocio.

Ojalá la administración de Obama revisara su estrategia AfPak. Más tropas para enfrentar la insurgencia en la frontera, y la continuación de políticas inadecuadas para los cultivos ilícitos de amapola en Afganistán han sido contraproducentes.

Amira Armenta

Narcomenudeo

Ante el crecimiento exponencial del crimen organizado, la violencia y el aumento alarmante del consumo de drogas durante los últimos años en México, el Presidente Felipe Calderón propuso en 2008 al Congreso de la Unión, una iniciativa de ley como parte de su estrategia general de seguridad con el fin de combatir el comercio de drogas a pequeña escala,  lo que se conoce en México como “narcomenudeo”.

En el marco de un proyecto sobre reformas a las leyes de drogas, el Transnational Institute (TNI) y la Washington Office on Latin America (WOLA), acaban de publicar un informe sobre la nueva ley mexicana para las drogas, la cual entró en vigor en agosto de 2009: sus implicaciones, así como los aspectos positivos y negativos que podrían resultar de su aplicación.

El informe ha sido realizado por los juristas mexicanos, Jorge Hernández Tinajero y Carlos Zamudio Angles, miembros del Colectivo por una Política Integral hacia las Drogas (CUPIHD).

No obstante las fuertes dudas que suscita la nueva Ley sobre el tráfico al narcomenudeo, los autores destacan algunos aspectos positivos que traerá su aplicación, al menos en lo que al concepto de consumidor se refiere. Esto podría servir, consideran, para dar paso a un desarrollo de los derechos del consumidor. Muy importante también, la nueva ley de México representa de hecho la posibilidad de abrir un debate público en materia de derechos de los consumidores. Algo que se está necesitando con urgencia en todo el continente.

Descargar el Informe completo.

Foto EFE

Si Estados Unidos tuviera verdaderamente una posición honesta respecto al tema de derechos humanos en Colombia, probablemente no se hubieran producido muchas de las tremendas masacres ocurridas en Colombia en las últimas dos décadas.

La influencia de EEUU en Colombia es tan fuerte que una descertificación efectiva por derechos humanos de la Fuerza Pública colombiana habría contribuido seguramente a mejorar el comportamiento de tantas unidades del ejército que se han visto implicadas en irregularidades relacionadas con las acciones violentas de los paramilitares. Si no por convencimiento, al menos por el interés de no perder los fondos estadounidenses. O por lo menos, EEUU habría podido contribuir a que los altos mandos mantuvieran el control necesario de sus representantes subalternos en las regiones.

Pero no ha sido así. A nombre de los ‘derechos humanos’, el Departamento de Estado certificó de nuevo el pasado mes de septiembre que las fuerzas armadas colombianas son respetuosas de los derechos humanos de los colombianos. Una ‘negligencia’ que puede seguir costándole caro a mucha gente en el país.

El tema de los derechos humanos suele ser muy elástico cuando se trata de definir prioridades. Está claro que los intereses de seguridad que tiene EEUU en Colombia están por encima de cualquier cosa, incluso de valores y principios democráticos básicos. Otros dos buenos ejemplos recientes son Irak y Guantánamo.

Últimamente la base aérea de Palanquero ha sido tema de atención en las noticias. Una de las razones es que ésta es una de las siete bases a las que ahora tiene acceso el ejército estadounidense en Colombia. La otra es que ha vuelto a resurgir el caso del bombardeo a la población de Santo Domingo realizado por un alto oficial adscrito a esa base. Por esta razón, y gracias a un mecanismo en la ley estadounidense que obliga, ése sí, a tomar en serio el asunto de los derechos humanos, esta base quedó descertificada en 2003 en aplicación de la Enmienda Leahy. ¡Qué casualidad que este veto fuera levantado por el gobierno estadounidense en 2008, y poco tiempo después se empezara a hablar de Palanquero como uno de los próximos sitios de aterrizaje del Pentágono en Colombia!

Otro ejemplo deplorable que ha estado de nuevo en las noticias en Colombia es el de la masacre de El Salado. La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación ha establecido la responsabilidad del Estado colombiano en esta masacre que sucedió a comienzos de 2000, cuando Estados Unidos se aprestaba a confirmar los fondos del Plan Colombia. En esa oportunidad también EEUU prefirió hacer caso omiso de las pruebas que tenían de la complicidad de los militares del ejército con los paramilitares, y el Plan Colombia pudo seguir su curso.

En nombre de la democracia y de los altos valores de la sociedad occidental, Estados Unidos se inventó un mecanismo para controlar que el resto de países de la comunidad internacional se comporte de manera civilizada. Pero cuando no les conviene denunciar las atrocidades cometidas por alguno de los países – porque hay ‘razones de seguridad nacional de por medio’, la seguridad nacional de los EEUU, no la del otro país – se las ingenian para que las calificaciones en derechos humanos del país en cuestión tomen la forma de sus intereses.

A propósito: la US Office on Colombia ha comenzado una campaña en defensa de los defensores de derechos humanos en Colombia. Esta campaña incluye un pedido a la Secretaria de Estado, Hillary Clinton para que este tema sea prioritario en su administración. Si hay un lugar del mundo en el que el presidente Obama podría fácilmente demostrar su compromiso con la paz – ahora que ha recibido el Premio Nóbel – este es Colombia. Más honestidad y firmeza en el tema de los DDHH sería un primer paso en esa dirección.

Amira Armenta

“… en estos dos gobiernos de Álvaro Uribe se ha consolidado la más vasta contrarreforma agraria de la historia del país: se completaron 4 millones de desplazados, con más de medio millón de hectáreas arrebatadas o abandonadas, elevando la indigencia de cientos de miles de familias que incluso habían alcanzado a ser clase media rural. Las políticas públicas y los subsidios no se dirigen a compensar el daño infligido a las víctimas, sino a financiar familias que tradicionalmente han ostentado la propiedad de latifundios que se mantienen ricas con la ayuda del Estado…”. Salomón Kalmanovitz en el artículo Agro Subsidio Seguro.

Betto - Moir

Mientras tanto el Ministerio de Agricultura no tiene reparos en decir que, “Los subsidios a los ricos sí ayudan a reducir  la desigualdad”.