No es una novedad que el gobierno de Ecuador haya presentado una demanda a Colombia ante la Corte Internacional de Justicia por las fumigaciones en la frontera. Este es un tema viejo entre los dos países que viene siendo causa de fricción desde que se realizaron las primeras fumigaciones en la zona. Lo destacable es que lo haya hecho precisamente ahora en medio de la actual crisis diplomática a raíz del bombardeo en la frontera, cuando las relaciones entre los dos países no pasan por su mejor momento.
Por un lado, el gobierno ecuatoriano tiene todo el derecho de proseguir con un proceso que viene anunciando desde hace casi tres años, motivado por la fuerte oleada de protestas contra las fumigaciones de parte de diferentes organizaciones de la sociedad civil ecuatoriana y los pobladores de las zonas afectadas. Pero por otro, en medio de la actual crisis, da la impresión de que un asunto tan importante como el impacto de las fumigaciones pasa a ser utilizado por el gobierno de Correa con el fin de obtener alguna ganancia política.
Todas las actividades problemáticas que se desarrollan en la zona de la frontera colombo-ecuatoriana – cultivos ilícitos, erradicación aérea con químicos para detener los cultivos, producción de droga, narcotráfico, violencia debido a la presencia de grupos armados, y desplazamiento de población- están de una u otra manera relacionadas entre sí. Por eso sería ingenuo pensar que el cuestionamiento a las fumigaciones es un puro tema de salud y medio ambiente y está más allá de intereses políticos. El rechazo a las fumigaciones es de hecho un rechazo a una determinada estrategia antidrogas que no se comparte porque, de acuerdo a la larga experiencia que ya se tiene de ella, se ha revelado como un fracaso. Un fracaso, además que genera más daño que el problema que pretende solucionar.
Pero hay límites a la utilización política de temas delicados como el de las fumigaciones. Por la simple razón de que hay seres humanos que las padecen en carne propia y esperan una respuesta concreta a sus quejas y una defensa honesta de sus reclamos.
A pesar de que se han hecho diversos estudios sobre los efectos del glifosato, varios de los cuales han destacado los efectos negativos de su aspersión, oficialmente el gobierno colombiano todavía parte del punto de vista sostenido por el Departamento de Estado de EEUU según el cual, este químico es completamente inocuo. Si el gobierno de Uribe ha reducido en alguna medida las aspersiones, dándole más relevancia a la erradicación manual, no es porque haya cambiado de opinión sobre este punto, sino porque comienza a dar algunas señales de aceptar que la fumigación no ha servido para acabar con la coca. De hecho la zona de la frontera no ha vuelto a ser fumigada desde hace casi un año.
En estos momentos en que se espera que los gobiernos de Colombia, Venezuela y Ecuador sean capaces de encontrar una solución adecuada para todos en el tema del desbordamiento de las FARC, sería más útil quizás pensar en una cooperación de seguridad en las fronteras, a cambio de lo cual Colombia se comprometería en no volver a fumigar y en reparar con compensaciones los daños causados en previas fumigaciones.
Además de haber sido víctima de las fumigaciones, en general a la población de las fronteras le afecta la presencia de los grupos armados colombianos en sus regiones. Estos grupos son un foco de desestabilización que impacta la vida de comunidades pobres. ¿Qué ha pasado con el Plan Ecuador? Ese excelente proyecto del presidente Correa, una idea antagónica al Plan Colombia, planteada para llevar el desarrollo a una región tan necesitada como la fronteriza.
Ecuador tiene todo el derecho de demandar a Colombia en una corte internacional por las fumigaciones. Pero, dadas la sensibles circuntancias por las que están pasando las relaciones entre los dos países, me pregunto si no sería mejor que los dos gobiernos se sentaran a conversar y a proponer un Plan Fronteras, en el que se previera una erradicación manual concertada y paulatina de los cultivos ilícitos, acompañada de planes de desarrollo aceptables para la población. Y una auténtica presencia institucional. Algo así bastaría también para erradicar los campos de las FARC de esas zonas.
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